13/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Rosenkrantz y Rosatti. Imagen: Archivo.
Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz firmaron una resolución que unifica los criterios médicos para conceder prisiones domiciliarias a personas detenidas. La medida genera expectativas en sectores militares y fuertes cuestionamientos de organismos de derechos humanos, que advierten sobre un posible avance de la impunidad. De los 1.254 condenados por delitos de lesa humanidad, apenas 73 permanecen en cárceles.
La Corte Suprema de Justicia aprobó un protocolo que establece criterios médicos para evaluar el otorgamiento de prisiones domiciliarias a personas privadas de su libertad. La decisión, firmada por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, despertó expectativas en sectores militares que consideran que la medida podría abrir el camino para que represores condenados por delitos de lesa humanidad abandonen las cárceles.
La resolución 2867/2026 fue aprobada únicamente con las firmas de esos dos jueces. Ricardo Lorenzetti no acompañó la iniciativa y devolvió el proyecto sin firmarlo, según explicaron desde su vocalía.
El documento, denominado «Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados», busca unificar los criterios utilizados para determinar si una persona detenida puede recibir atención médica dentro de una unidad penitenciaria o necesita cumplir la pena bajo arresto domiciliario.
La resolución será enviada a las cámaras con competencia penal, a las dependencias encargadas de la ejecución de las penas y a distintos organismos del Gobierno nacional, entre ellos los ministerios de Seguridad y Defensa.
Un protocolo que genera expectativas entre los represores
La iniciativa había sido impulsada mediante la acordada 21/2026, firmada el 21 de agosto, cuando los integrantes de la Corte ordenaron al decano del Cuerpo Médico Forense (CMF) elaborar un protocolo en un plazo de 30 días corridos.
Entre los puntos solicitados, los jueces incluyeron la evaluación de las condiciones del Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente de la ministra Alejandra Monteoliva, para determinar si cuenta con los recursos necesarios para brindar tratamiento médico a determinados internos.
El planteo adquiere especial relevancia en las causas por crímenes de lesa humanidad. El Servicio Penitenciario Federal había informado en distintas oportunidades que no contaba con condiciones adecuadas para alojar a adultos mayores condenados en esos procesos.
Uno de los casos mencionados fue el de Juan Daniel Amelong, represor con múltiples condenas, a quien Victoria Villarruel había presentado como una víctima durante su debate con Agustín Rossi en 2023.
Entre los represores que podrían verse alcanzados por el nuevo escenario se encuentran figuras emblemáticas del terrorismo de Estado, como Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta y Christian von Wernich.
Rosatti y Rosenkrantz avanzaron sin Lorenzetti
La aprobación del protocolo también dejó expuestas diferencias dentro del máximo tribunal. Aunque el proyecto llevaba más de un mes esperando una resolución, finalmente fue oficializado durante la semana de la visita del papa León XIV.
La resolución fue firmada un día después de que el pontífice visitara el penal de Devoto, donde el sacerdote condenado por delitos de lesa humanidad Christian von Wernich pretendía ser trasladado para estar cerca del Papa. La Justicia rechazó ese pedido.
La decisión provocó la reacción de Jorge Eduardo Acosta, conocido como el «Tigre», quien también cumple una condena a prisión perpetua y expresó su enojo mediante una carta pública.
En los mismos días trascendió que el Servicio Penitenciario Federal pretendía trasladar a Miguel Pérez, otro represor condenado a perpetua, para que asistiera a la misa que León XIV celebró en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. La Justicia también frenó ese intento.
Dentro del Palacio de Talcahuano atribuyen a Rosatti el impulso de esta iniciativa desde marzo, en un contexto de versiones sobre posibles medidas del Gobierno para beneficiar a detenidos por crímenes cometidos durante la última dictadura.
Los organismos de derechos humanos alertan sobre un avance de la impunidad
El protocolo recibió el respaldo del Foro Argentino de Defensa, que consideró que podría tener «consecuencias relevantes» para los represores que permanecen detenidos.
El diario La Nación también presentó la iniciativa como un protocolo dirigido especialmente a los militares condenados por delitos cometidos durante la última dictadura.
En cambio, la Red Nacional de H.I.J.O.S. denunció que la medida forma parte de una estrategia proimpunidad y representa un nuevo ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
La organización había cuestionado la acordada de agosto al advertir que, bajo la apariencia de establecer criterios médicos, se estaba construyendo una herramienta que facilitaría el acceso a la prisión domiciliaria de quienes participaron del plan sistemático de exterminio durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar.
Las críticas también se vincularon con los movimientos de sectores que reclaman beneficios para los condenados por crímenes de lesa humanidad.
Dos semanas después de la firma de la acordada 21/2026, Cecilia Pando ingresó al Ministerio de Justicia para reunirse con Santiago Viola, número dos de esa cartera y hombre de confianza de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Durante el encuentro, Pando y representantes de la asociación Justicia y Concordia abordaron específicamente la cuestión de las prisiones domiciliarias.
Las cifras que exponen la situación de los condenados por lesa humanidad
Los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), publicados el 14 de septiembre, permiten dimensionar la situación de los condenados por delitos vinculados al terrorismo de Estado.
Según esas estadísticas, hay 1.254 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la mayoría no permanece en establecimientos penitenciarios.
De los 1.254 condenados, 436 cumplen arresto domiciliario y solamente 73 están alojados en unidades penitenciarias.
De estos últimos, 58 permanecen en la Unidad 34 de Campo de Mayo, un establecimiento señalado por organismos de derechos humanos como una cárcel VIP.
La aprobación del protocolo abre así un nuevo escenario de disputa sobre las condiciones de detención de los represores condenados. Mientras sectores militares celebran la iniciativa, los organismos de derechos humanos advierten que la unificación de criterios médicos podría convertirse en una nueva vía para ampliar los beneficios de quienes fueron condenados por delitos de lesa humanidad.
