11/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Avioneta en custodia. Imagen: Policía Federal.
El interventor Adrián Zigarán y la diputada Eliana Bruno pidieron a Nación reforzar el control del espacio aéreo en la frontera con Bolivia. Proponen radares, un protocolo de intercepción y habilitar el uso de la fuerza como último recurso.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, y la diputada nacional salteña de La Libertad Avanza, Eliana Bruno, reclamaron al Gobierno nacional medidas urgentes para reforzar el control de los vuelos clandestinos en la frontera norte.
Ambos enviaron una nota a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al ministro de Defensa, Carlos Presti, en la que plantearon la necesidad de avanzar sobre la intercepción de aeronaves que ingresen irregularmente al espacio aéreo del NOA.
Como parte del pedido, acercaron un proyecto denominado “Régimen de Protección del Espacio Aéreo y Reglas de Enfrentamiento para Aeronaves Hostiles Vinculadas al Narcotráfico”, conocido como Ley de Derribo.
La iniciativa propone establecer procedimientos para detectar e interceptar aeronaves consideradas una amenaza, incluyendo el uso de la fuerza como último recurso, bajo determinadas condiciones y con una autorización específica.
Reclaman más radares y eliminar “zonas ciegas”
Zigarán y Bruno sostienen que las características geográficas de la frontera norte generan una situación de vulnerabilidad que puede ser aprovechada por vuelos clandestinos.
En el documento presentado ante Nación, señalaron particularmente la situación de Aguas Blancas, localidad ubicada sobre la frontera con Bolivia.
Entre las medidas propuestas se encuentra el fortalecimiento del Plan de Radarización, incorporando equipos tácticos móviles y sistemas de alerta temprana en sectores considerados críticos.
El objetivo planteado es reducir las denominadas “zonas ciegas”, que, según los autores del pedido, podrían ser utilizadas por aeronaves vinculadas con actividades ilegales.
También solicitaron una mayor coordinación entre fuerzas federales y provinciales para intervenir ante posibles aterrizajes o descensos de aeronaves y avanzar sobre los cargamentos y las tripulaciones.
Qué plantea la Ley de Derribo
El proyecto presentado por Zigarán y Bruno establece reglas específicas para responder ante aeronaves consideradas hostiles y presuntamente vinculadas al narcotráfico.
Uno de los puntos centrales es la posibilidad de utilizar la fuerza como último recurso, siempre bajo protocolos y dentro de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
La iniciativa contempla además que una eventual orden de derribo sea emitida por escrito o mediante firma digital por el presidente de la Nación o, en determinadas circunstancias, por los ministros de Defensa o Seguridad.
El planteo retoma un antecedente de 2018, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri se dictó el Decreto 1054, relacionado con la protección del espacio aéreo y la respuesta frente a aeronaves que ingresaran clandestinamente.
Aquella normativa no llegó a convertirse en una legislación debatida y aprobada por el Congreso. Por eso, Zigarán considera necesario que el tema vuelva a ser discutido en el ámbito parlamentario.
El pedido también apunta a relanzar el Plan Güemes
El interventor de Aguas Blancas vinculó además la iniciativa con la necesidad de reforzar el Plan Güemes, una estrategia de seguridad desplegada en la frontera norte.
Zigarán recordó que el gobernador Gustavo Sáenz ya había planteado meses atrás la posibilidad de avanzar con una legislación de este tipo.
El funcionario también destacó que la presentación conjunta con Bruno responde, según su explicación, a una problemática concreta de la frontera y no necesariamente a coincidencias ideológicas.
“Hay cuestiones en común que van más allá de la ideología”, sostuvo al referirse al trabajo con la legisladora libertaria.
Bruno reside en Orán, ciudad cabecera del departamento que limita con Bolivia, mientras que Aguas Blancas se encuentra directamente sobre la frontera internacional.
Una propuesta que genera fuertes cuestionamientos
La posibilidad de autorizar el derribo de aeronaves genera desde hace años un debate jurídico y político en la Argentina.
Uno de los principales cuestionamientos es el riesgo de que una medida de este tipo pueda terminar provocando la muerte de personas sin que exista previamente una condena judicial.
Por ese motivo, cualquier eventual régimen de estas características debería establecer con precisión cuándo una aeronave puede ser considerada una amenaza, qué mecanismos de identificación deben agotarse y bajo qué condiciones podría utilizarse la fuerza.
Mientras Zigarán y Bruno buscan instalar nuevamente el debate en el Congreso, la discusión sobre el control del espacio aéreo se suma a las demandas de mayor presencia estatal en una de las zonas fronterizas más sensibles de Salta.
