29/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: La familia Adorni-Angeletti tomando un vuelo privado. Imagen: Web.
El discurso de la austeridad choca de frente con los números del expediente. Mientras el Gobierno predica ajuste y sacrificio, la investigación judicial sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma capítulos que incomodan en la cima del poder. El fiscal Gerardo Pollicita incorporó nueva documentación que pone bajo la lupa gastos en efectivo realizados por la pareja del funcionario, Bettina Angeletti, durante viajes al exterior. El dato no es menor: se trata de movimientos de dinero por fuera del circuito bancario, un detalle que en causas por presunto enriquecimiento ilícito suele pesar más que cualquier declaración pública.
Según consta en la investigación, en septiembre pasado la familia de Adorni habría desembolsado unos 6.000 dólares en efectivo para cubrir pasajes y estadía en España. No es un hecho aislado. Forma parte de una secuencia de gastos que los investigadores reconstruyen con precisión quirúrgica: 9.000 dólares en alojamiento de lujo en Aruba, otros 5.800 dólares en pasajes aéreos para el grupo familiar y viajes en aviones privados a Uruguay. Todo bajo una modalidad que despierta sospechas: pagos en efectivo, sin trazabilidad financiera clara, en montos que contrastan con los ingresos declarados por el funcionario.
El problema ya no es solo contable; es político. La causa avanza justo cuando Adorni debe dar explicaciones en el Congreso, en un contexto donde la oposición empieza a afilar el discurso y a exigir transparencia patrimonial. El timing es explosivo: mientras el oficialismo intenta sostener el relato de orden y disciplina fiscal, su principal vocero enfrenta preguntas incómodas sobre el origen y destino de su dinero.
Pero el frente judicial no se limita a los viajes. El expediente suma un elemento más delicado: la declaración bajo juramento de Pablo Martín Feijoo, quien participó en la compra de un departamento en Caballito. Según su testimonio, la operación incluyó un pago de 65.000 dólares “en negro”, por fuera de los 230.000 dólares declarados en la escritura. Una práctica tan extendida como ilegal que, en este caso, adquiere otra dimensión: involucra a un alto funcionario nacional cuya evolución patrimonial está siendo examinada por la Justicia.
La propiedad, además, presenta condiciones financieras que llaman la atención de los peritos. Fue adquirida a dos jubiladas que otorgaron una hipoteca por el 85% del valor del inmueble, con vencimiento próximo. Un esquema que, lejos de despejar dudas, abre nuevos interrogantes: ¿cómo se estructuró realmente la operación?, ¿qué parte del dinero circuló fuera del sistema formal?, ¿y por qué?
El cerco se ajusta. En los próximos días deberá declarar Matías Tabar, responsable de las remodelaciones en la vivienda que el matrimonio posee en un country bonaerense. El fiscal exige documentación completa: presupuestos, facturación, órdenes de trabajo. No es un trámite administrativo más; es una pieza clave para reconstruir el costo real de las refacciones y determinar si los fondos utilizados tienen correlato con los ingresos declarados.
En el fondo, la causa plantea una pregunta que excede a Adorni: ¿puede un funcionario que defiende el ajuste más severo sostener un estilo de vida internacional financiado, al menos en parte, con dinero en efectivo de origen dudosi? La respuesta, por ahora, no está en los discursos ni en las conferencias de prensa, sino en un expediente que crece y que amenaza con transformar las sospechas en un problema político de primera magnitud.
Porque cuando el relato oficial habla de sacrificio, pero los números muestran otra cosa, la grieta deja de ser ideológica y pasa a ser moral. Y en ese terreno, la Justicia suele tener la última palabra.
Basado en información de El Ciudadano
