12/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
Las 500 empresas más grandes de la Argentina pagaron un 28% menos de impuestos en 2024 que en 2012, mientras el Gobierno de Javier Milei profundiza los incentivos fiscales para las grandes inversiones. En paralelo, desaparecieron 31.268 pymes desde el inicio de su gestión, según una estimación del CEPA, y crece la discusión sobre quién termina soportando el costo del ajuste.
Las 500 empresas más grandes de la Argentina pagaron aproximadamente US$ 21.470 millones en impuestos durante 2024, frente a los US$ 29.709 millones que había abonado el mismo universo empresarial en 2012. La comparación representa una caída del 27,7% en dólares, redondeada al 28%, según un cálculo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP) basado en datos de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC.
El dato reabre un debate central sobre la política económica: mientras el Gobierno de Javier Milei impulsa beneficios fiscales para atraer inversiones de gran escala, miles de pequeñas y medianas empresas enfrentan un mercado interno debilitado, mayores dificultades para sostener sus ventas y la competencia de las importaciones.
Según una estimación del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante la gestión de Milei desaparecieron 31.268 pymes. La cifra expone el contraste entre los incentivos destinados a los grandes capitales y las dificultades que atraviesan empresas con menos recursos para resistir la recesión y los cambios en las condiciones comerciales.
El RIGI, en el centro de la polémica
Una de las principales herramientas del Gobierno para atraer grandes inversiones es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El programa contempla ventajas tributarias, aduaneras y cambiarias para proyectos que cumplan con los requisitos establecidos, con un umbral general de inversión de US$ 200 millones y beneficios de estabilidad normativa por hasta 30 años.
Entre sus principales incentivos figuran una reducción de la carga del impuesto a las Ganancias, la amortización acelerada de determinadas inversiones, beneficios vinculados con los derechos de importación y exportación y condiciones específicas para el acceso y la disponibilidad de divisas.
El interrogante es si los beneficios otorgados se traducirán en suficiente empleo, producción nacional y desarrollo de proveedores como para compensar el costo fiscal que representan. Porque atraer capitales no garantiza, por sí solo, que sus beneficios alcancen al conjunto de la economía.
US$ 8.493 millones de costo fiscal por el RIGI
Un estudio de la consultora EcoGo estimó que los 23 proyectos aprobados bajo el RIGI implican un gasto tributario de US$ 8.493 millones a valor presente. En el mismo análisis, se calcularon pagos por US$ 17.499 millones asociados a esos proyectos.
La comparación pone sobre la mesa una cuestión decisiva: cuánto recauda efectivamente el Estado, qué ingresos deja de percibir y qué beneficios concretos obtiene la sociedad en materia de empleo, infraestructura y actividad económica.
Los economistas Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi señalaron la importancia de ampliar el impacto de estas inversiones sobre los proveedores locales, el trabajo y la producción. También advirtieron sobre las dificultades de las empresas que quedan afuera del régimen y deben competir bajo las condiciones generales de una economía más abierta.
Un sistema tributario que carga sobre los trabajadores
La discusión no se limita a los impuestos que pagan las grandes compañías. También alcanza a la estructura tributaria argentina, donde los gravámenes al consumo tienen un peso importante, mientras que los impuestos sobre los ingresos y el patrimonio representan una proporción comparativamente menor.
Un documento de la fundación Fundar advierte sobre los problemas de equidad y eficiencia que plantea esta composición. En términos concretos, los impuestos al consumo pueden representar una carga proporcionalmente mayor para quienes destinan casi todos sus ingresos a cubrir necesidades básicas.
A esto se suman las reducciones en Bienes Personales y los cambios vinculados con el régimen de Inocencia Fiscal, que modificaron el tratamiento tributario de determinados contribuyentes. Al mismo tiempo, las discusiones sobre subsidios y reforma previsional mantienen en alerta a trabajadores y sectores de ingresos fijos.
El resultado es una pregunta incómoda para la política económica de Milei: ¿quién paga el costo del ajuste y quién recibe los principales beneficios fiscales?
El desafío: inversiones que lleguen a la economía real
Las grandes inversiones pueden generar oportunidades para el país, pero su impacto depende de cuánto se integren a la producción nacional, cuántos puestos de trabajo creen y qué actividad impulsen en las economías regionales.
Si los beneficios fiscales se concentran en grandes compañías mientras las pymes pierden terreno, el crecimiento de determinados sectores puede convivir con una economía interna debilitada y una distribución desigual de los costos.
La discusión de fondo no consiste únicamente en atraer dólares, sino en determinar si esas inversiones generan desarrollo, empleo y recaudación suficientes para justificar los recursos públicos comprometidos.
En un país que necesita recuperar su actividad productiva, el desafío es evitar que las ventajas concedidas a los grandes capitales terminen profundizando las diferencias con las empresas que sostienen buena parte de la vida económica cotidiana.
