20/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Una familia necesita ocho salarios mínimos para sostener lo básico. Imagen: Web.
La crisis dejó de medirse únicamente en la evolución de los precios para empezar a expresarse en algo más concreto: el margen de vida. Hoy, para cubrir las necesidades básicas de una familia, un trabajador necesita rozar los tres millones de pesos mensuales. El dato, que surge de un informe sindical, expone una distancia cada vez más amplia entre los ingresos reales y el costo de vida, en un contexto en el que la Argentina acumula la mayor caída del poder adquisitivo de la región en los últimos años.
La brecha no solo se mide en lo que falta para llegar a fin de mes, sino en lo que queda después de pagar lo imprescindible. Mientras los salarios pierden sistemáticamente frente a la inflación, los gastos fijos avanzan y absorben una porción creciente del ingreso. Según los relevamientos, hoy consumen 15 puntos porcentuales más del salario que en 2023. El resultado es una reducción sostenida del ingreso disponible y una contracción del margen para sostener condiciones de vida dignas.
El último informe del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) fijó en 2.802.755 pesos el ingreso necesario para cubrir la denominada “canasta básica del trabajador”. El contraste con el Salario Mínimo, Vital y Móvil —ubicado en torno a los 357.800 pesos— es contundente: se requieren ocho salarios mínimos para alcanzar ese umbral. En paralelo, la inflación volvió a acelerarse y registró en marzo un 3,4 por ciento, mientras que en el primer trimestre del año acumuló cerca de un 9,4 por ciento, con fuerte incidencia de alimentos y tarifas.
En ese escenario, el salario mínimo dejó de funcionar como referencia para garantizar condiciones básicas. Su valor actual se ubica en el nivel más bajo de la serie histórica: es un 20 por ciento inferior al de la década de los noventa y se encuentra un 60 por ciento por debajo del registrado antes del gobierno de Mauricio Macri. La pérdida no es solo nominal sino también estructural, en un contexto donde las negociaciones paritarias corren por detrás de los precios.
Los ingresos, tanto en el sector público como en el privado, vienen ajustando por debajo de la inflación. El salario real de los trabajadores registrados acumula seis meses consecutivos de caída. De acuerdo con la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, los salarios privados registrados retrocedieron 1,3 por ciento en febrero y acumulan una caída del 3,6 por ciento en los últimos seis meses, una dinámica comparable a períodos críticos como el primer semestre de 2018 o los meses iniciales de la pandemia.
Si se toma como referencia el inicio de la gestión de Javier Milei, el deterioro se profundiza. En promedio, los salarios se ubican un 8,9 por ciento por debajo de noviembre de 2023, con caídas del 3,5 por ciento en el sector privado y del 18,3 por ciento en el sector público. Las proyecciones anticipan que en marzo la tendencia continuará. Desde el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos advirtió que la caída podría ser aún mayor si se actualizara la canasta de consumo utilizada para medir la inflación, elevando la pérdida al 14,7 por ciento.
El deterioro del poder adquisitivo no es solo coyuntural. Según el FreSU, durante la actual gestión los trabajadores acumulan pérdidas superiores a los 58 billones de pesos, con impacto directo en el consumo y en el endeudamiento de los hogares. En promedio, la caída equivale a más de 2,2 millones de pesos por trabajador del sector privado y a casi 12 millones en el sector público. Este escenario explica el creciente recurso al crédito para cubrir gastos cotidianos: cada adulto mantiene, al menos, una deuda de un millón de pesos con el sistema financiero.
El endeudamiento se expandió con rapidez. De acuerdo con el relevamiento sindical, la deuda de los hogares creció en 36 billones de pesos desde el inicio del actual gobierno y los niveles de morosidad se multiplicaron por cuatro en el último año. La combinación de ingresos en retroceso, tasas elevadas y aumento del costo de vida configura un cuadro de fragilidad creciente.
La canasta elaborada por el FreSU detalla el costo de las necesidades básicas contempladas en la Constitución Nacional. Alimentación adecuada requiere 638.088 pesos; vivienda digna, 549.525; educación, 247.664; vestimenta, 143.002; salud, 340.242; transporte, esparcimiento y vacaciones, 575.931; y previsión social, 308.303. La suma de estos componentes explica el umbral de ingresos necesario para sostener una vida digna.
La evolución histórica muestra un deterioro sostenido. Hace diez años, entre tres y cuatro salarios mínimos alcanzaban para cubrir estas necesidades. Cinco años atrás, el número se elevaba a entre cuatro y cinco. Hoy, la cifra se duplicó. Según datos de Argendata en base a CEPAL, la Argentina acumuló desde 2018 una caída del 18,8 por ciento en el salario medio real, el peor desempeño de América Latina. A diferencia de otros países de la región que lograron recomponer ingresos, el país exhibe una tendencia inversa.
La pérdida de poder adquisitivo se combina con una transformación en la estructura del gasto. El incremento de tarifas y precios regulados impactó de manera directa en el ingreso disponible. Desde el cambio de gobierno, los servicios públicos y el transporte registraron aumentos significativos, impulsados por la reducción de subsidios y el ajuste en los precios relativos.
El Instituto Argentina Grande advirtió que, más allá de la evolución de los salarios, la percepción generalizada es que el ingreso no alcanza. El pago de servicios al inicio del mes deja escaso margen para el resto de los consumos. Esta dinámica contribuye a explicar el aumento de la morosidad y el endeudamiento, en un contexto de ingresos que pierden capacidad de compra y costos financieros en alza.
Los aumentos en tarifas y regulados llegaron a incrementos de hasta el 540 por ciento, con un impacto mayor en los sectores de menores ingresos. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el boleto mínimo de transporte alcanzó los 700 pesos en marzo, superando en términos reales tanto el promedio histórico como los valores de 2023. En paralelo, los precios de electricidad, gas y combustibles alcanzaron niveles máximos desde el inicio de la actual gestión.
Las proyecciones hacia los próximos meses mantienen la incertidumbre. Los analistas señalan que los precios de servicios y regulados aún podrían seguir ajustándose. Tomando como referencia los niveles de marzo de 2018, los precios relativos se ubican todavía por debajo en algunos rubros, lo que abre la posibilidad de nuevas subas. El interrogante, en ese marco, es cuánto margen social existe para sostener estos incrementos en un contexto de caída del salario real, reducción del ingreso disponible y deterioro sostenido de las condiciones de vida.
