23/04/2026.- Salta al Instante.- Gaby Pachteng.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
En un clima de creciente tensión y desconfianza hacia la prensa, la Casa Rosada avanzó con una decisión sin antecedentes: el Gobierno resolvió anular las acreditaciones de todos los periodistas que cubren la actividad en el edificio gubernamental y cerrar la sala de prensa.
La medida impacta de lleno en el funcionamiento habitual de la cobertura política y, según se señala en los pasillos oficiales, no registra un precedente comparable en los últimos 50 años, ni siquiera durante la última dictadura.
Hasta ahora, los periodistas ingresaban a Casa de Gobierno mediante sistemas de huella dactilar. Sin embargo, el jueves se les impidió el acceso en la previa de la reunión del presidente Javier Milei con Peter Thiel, creador de la empresa de ciberespionaje Palantir, figura central del ecosistema de la derecha libertaria global y visitante interesado en observar de cerca el fenómeno político argentino.
Desde el Gobierno, la explicación formal apuntó a la decisión de dejar sin efecto la prórroga que extendía durante abril las acreditaciones que habían vencido el 31 de marzo. Sin embargo, en los hechos, la resolución implicó un cierre total del acceso a la prensa acreditada.
No es la primera avanzada del Ejecutivo contra medios y periodistas. Tres semanas atrás, el oficialismo utilizó un informe sobre supuestas operaciones de propaganda rusa destinadas a desestabilizar a Javier Milei como argumento para retirar acreditaciones a distintos medios durante más de 15 días.
En esta nueva escalada, fuentes oficiales dejaron trascender que la suspensión se precipitó luego de que un equipo de TN registrara imágenes de pasillos de la Casa Rosada sin autorización, utilizando lentes Ray-Ban con cámara incorporada. El episodio fue interpretado en el Gobierno como una violación de seguridad interna, en medio de una creciente obsesión por el control del flujo informativo.
En paralelo, el Ejecutivo avanzó con una denuncia penal contra los periodistas Ignacio Salerno y Luciana Geuna, a quienes el propio Javier Milei calificó públicamente como “basuras repugnantes”.
Como telón de fondo, se suma otra iniciativa que ya circula en despachos oficiales: un proyecto para que los periodistas deban presentar declaraciones juradas patrimoniales, una obligación hasta ahora reservada a funcionarios públicos. Una idea que profundiza la tensión entre el Gobierno y los medios, en un contexto de confrontación abierta y creciente cierre de la comunicación institucional.
