12/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: El Observatorio de Violencia Contra las Mujeres. Imagen: Prensa Gobierno de la Provincia de Salta.
Un proyecto impulsado por diputados oficialistas en la Legislatura de Salta encendió una fuerte controversia política e institucional luego de proponer que integrantes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres y del Comité Provincial de Prevención de la Tortura pasen a cumplir funciones sin remuneración.
La iniciativa, presentada bajo el expediente Nº 91-53.922/26, lleva la firma de legisladores del bloque oficialista Todos por Salta, entre ellos Esteban Amat Lacroix, Gustavo Orozco, Juan José Esteban y Guillermo Kripper.
El argumento formal habla de “optimización de recursos públicos” y equilibrio fiscal en un contexto de restricciones económicas. Sin embargo, distintos sectores sociales, feministas y vinculados a los derechos humanos denunciaron que detrás de la propuesta podría esconderse un “vaciamiento silencioso” de organismos fundamentales para el control institucional y el monitoreo de violencias.
El proyecto busca modificar la Ley 7863, que creó el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, y la Ley 8024, que regula el Comité Provincial de Prevención de la Tortura.
En el caso del Observatorio, se propone que las representantes designadas por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Senado y la Cámara de Diputados desempeñen sus funciones ad honorem, es decir, sin percibir salario.
Ese organismo tiene entre sus funciones producir informes, estadísticas y diagnósticos sobre violencia de género y desigualdades estructurales, además de elaborar herramientas para orientar políticas públicas.
La reforma también alcanza al Comité Provincial de Prevención de la Tortura. Allí, los representantes designados por el Ejecutivo y las cámaras legislativas dejarían de cobrar remuneración, mientras que sólo conservarían ingresos los integrantes provenientes de organizaciones de derechos humanos.
Además, la iniciativa elimina incompatibilidades que actualmente impiden a los miembros desarrollar otras actividades remuneradas, salvo tareas de docencia e investigación.
Las críticas no tardaron en aparecer. Distintas fuentes consultadas advirtieron que las tareas desarrolladas en ambos organismos requieren dedicación técnica, responsabilidad institucional y formación especializada que difícilmente puedan sostenerse desde el voluntariado.
Según señalaron, convertir esos cargos en funciones gratuitas podría restringir la participación únicamente a personas con respaldo económico propio, ingresos paralelos o estructuras institucionales previas.
“La consecuencia práctica es que sólo podrán participar quienes puedan trabajar gratis”, resumieron desde sectores críticos al proyecto.
La reacción más fuerte llegó desde la Red de Comunicadoras de Salta, que difundió un duro comunicado cuestionando la iniciativa legislativa.
“El Observatorio de Violencia contra las Mujeres no es un organismo accesorio ni prescindible”, expresaron, al advertir que Salta mantiene vigente desde hace más de una década la emergencia por violencia de género.
Las comunicadoras sostuvieron que las funciones dentro del organismo requieren formación especializada, responsabilidad pública, articulación institucional y seguimiento permanente de políticas estatales.
En ese sentido, remarcaron que transformar esos cargos en funciones ad honorem implica desconocer el valor profesional y técnico del trabajo vinculado a género y derechos humanos.
También cuestionaron el mensaje político detrás del ajuste.
“La violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática urgente en Salta y la respuesta del Estado no puede ser debilitar uno de los organismos creados para enfrentarla”, afirmaron.
Desde distintos espacios también señalaron que el eventual ahorro económico sería mínimo frente al impacto institucional que podría generar el debilitamiento de organismos sensibles.
Las preocupaciones se profundizan en el caso del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, donde además existe incertidumbre institucional por mandatos vencidos y cargos pendientes de regularización.
La salida de Rodrigo Solá tras asumir funciones nacionales y el vencimiento del mandato de Cristina Cobos alimentaron las advertencias sobre un posible escenario de acefalía dentro del organismo.
Otro punto que despertó cuestionamientos fue la exigencia de que las organizaciones de derechos humanos estén “reconocidas legalmente”, ya que distintos sectores consideran que eso podría dejar afuera a espacios históricos con trabajo territorial pero sin personería jurídica formal.
Hasta el momento, el proyecto no obtuvo dictámenes de las comisiones legislativas correspondientes y el debate continúa creciendo en medio de reclamos por mayores recursos para políticas públicas de prevención de violencia de género y defensa de derechos humanos en Salta.
