08/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Transporte público en Salta. Imagen: Web.
La crisis financiera que atraviesa el sistema de transporte de pasajeros volvió a encender las alarmas en Salta. SAETA intimó a las empresas operadoras a garantizar la prestación normal del servicio y advirtió que podría aplicar sanciones contractuales, incluida una eventual rescisión, si se producen incumplimientos.
La advertencia fue comunicada mediante una nota fechada el 3 de septiembre, que llegó a los empresarios el viernes por la tarde. La respuesta de la concesionaria se produjo luego de que los transportistas plantearan las dificultades que enfrentan para sostener la prestación debido a la deuda acumulada.
El reclamo empresarial tiene un dato central: el funcionamiento del sistema demanda alrededor de $15.000 millones por mes y, hasta el momento, las empresas recibieron apenas el 75% de lo correspondiente a julio.
Según plantearon los operadores, la falta de recursos complica incluso la posibilidad de obtener combustible suficiente para mantener los recorridos con regularidad.
SAETA reconoce que busca fondos ante el Gobierno
Frente al reclamo, SAETA reconoció que está realizando gestiones ante el Gobierno para conseguir asistencia financiera extraordinaria que permita cubrir el déficit operativo y garantizar la continuidad del transporte.
La posición fue expresada por el presidente de SAETA, Claudio Mohr, quien sostuvo que la empresa está realizando las gestiones necesarias para obtener los recursos que permitan preservar la regularidad del servicio.
La situación se da en un contexto marcado por la reducción de los subsidios nacionales al transporte. Desde la provincia vienen señalando el impacto de las políticas del Gobierno de Javier Milei sobre el financiamiento del sistema.
SAETA aseguró además que realizó pagos a las empresas en función de los recursos disponibles y que continúa buscando alternativas para afrontar la situación financiera.
Fuerte advertencia a las empresas de colectivos
Más allá del reclamo económico, SAETA dejó en claro que las empresas tienen la obligación contractual de garantizar continuidad, regularidad y normalidad en la prestación del servicio.
Por eso, la concesionaria pidió evitar cualquier decisión unilateral que implique suspender, reducir o alterar los recorridos, especialmente si esas medidas terminan perjudicando a los usuarios.
La advertencia fue contundente: cualquier incumplimiento será analizado de acuerdo con los contratos vigentes y el marco jurídico correspondiente. Entre las herramientas disponibles aparece incluso la posibilidad de avanzar con las disposiciones previstas para la extinción de la prestación.
En otras palabras, si el conflicto escala y las empresas dejan de cumplir con sus obligaciones, SAETA podría avanzar sobre los contratos de las operadoras.
Los empresarios garantizan el servicio hasta el 15 de septiembre
Mientras continúa la disputa por los fondos, el vocero de los transportistas, Edgardo García Castellanos, aseguró que la postura de las empresas sigue siendo de diálogo.
Los operadores se comprometieron a mantener el servicio con normalidad hasta el 15 de septiembre, fecha en la que finalizarán las celebraciones patronales del Señor y la Virgen del Milagro.
El problema es qué ocurrirá después. La incertidumbre permanece abierta mientras SAETA intenta conseguir fondos y las empresas reclaman el pago de los montos adeudados.
Un conflicto que ya tuvo impacto en los usuarios
No es la primera vez que las dificultades financieras del sistema derivan en medidas que afectan directamente a los pasajeros.
A mitad de año, las empresas llegaron a suspender durante dos días el servicio nocturno debido a una deuda que, según denunciaron entonces, se ubicaba entre $6.000 millones y $8.000 millones.
En aquella oportunidad, SAETA debió sentarse a negociar con los operadores para intentar levantar la medida.
Ahora, con una nueva deuda en discusión y un sistema cuyo costo mensual ronda los $15.000 millones, el transporte público vuelve a quedar atrapado entre la falta de recursos, los reclamos empresariales y el riesgo de que el conflicto termine impactando nuevamente en los usuarios.
