09/07/2026.- Salta al Instante.-Por Gaby Pachteng.- Foto portada: Ilustrativa: IA.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que las políticas previsionales implementadas desde diciembre de 2023 provocaron una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los jubilados salteños. El congelamiento del bono, la eliminación del reintegro del IVA y la caída real de los haberes impactan sobre más de 163 mil adultos mayores y también repercuten en la economía provincial.
La provincia de Salta atraviesa uno de los períodos más complejos para su población jubilada desde el retorno de la democracia. Así lo sostiene un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza el impacto de las medidas previsionales adoptadas por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023 y concluye que el ajuste recayó de manera directa sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El trabajo revela que en Salta viven 163.332 jubilados, de los cuales 114.467 son afiliados al PAMI, una cifra que refleja la importancia del sistema previsional y de la cobertura sanitaria para miles de adultos mayores en la provincia.
Uno de los principales puntos señalados por el estudio es el congelamiento del bono extraordinario previsional, que permanece fijado en 70.000 pesos desde marzo de 2024. Según el informe, si ese complemento hubiera acompañado la actualización de las jubilaciones mediante la fórmula vigente, en junio de 2026 debería haber alcanzado los 209.991 pesos.
Como consecuencia de esa decisión, cada jubilado que percibe la mínima dejó de cobrar 2.225.714 pesos entre abril de 2024 y junio de 2026, una pérdida que, acumulada en la provincia, adquiere dimensiones millonarias.
El CEPA estima que en Salta existen 83.463 jubilados que cobran la jubilación mínima con bono o menos, por lo que el congelamiento del refuerzo implicó una pérdida agregada de 185.763 millones de pesos durante el período analizado.
Más allá del perjuicio individual, el informe advierte que estos recursos dejaron de circular dentro de la economía provincial. Los jubilados de menores ingresos destinan prácticamente la totalidad de sus haberes al consumo cotidiano, principalmente en alimentos, medicamentos, servicios y productos esenciales. Por ese motivo, cada peso que deja de ingresar a este sector también significa menos ventas para comercios, menor actividad económica y un impacto indirecto sobre el empleo local.
El estudio también analiza la evolución del poder adquisitivo de las jubilaciones. Considerando una inflación estimada del 2% para junio de 2026, las jubilaciones mínimas que incluyen el bono se ubican 19,3% por debajo del promedio registrado durante el último trimestre del gobierno anterior. Incluso quienes perciben haberes sin el bono presentan una pérdida real del 2,5% en igual comparación.
A ese escenario se suma otra medida que, según el documento, profundizó el deterioro del ingreso de los adultos mayores: la eliminación del reintegro del IVA para jubilados y pensionados que cobraban hasta tres haberes mínimos.
Ese beneficio permitía recuperar automáticamente el 21% del IVA abonado en compras de productos de la canasta básica realizadas con tarjeta de débito, con acreditación en un plazo de 48 horas. La política alcanzaba al 84% del universo previsional, equivalente a unos 5,1 millones de jubilados y pensionados en todo el país. Su eliminación representó una reducción directa del ingreso disponible para millones de personas que ya enfrentaban un deterioro de sus haberes.
En sus conclusiones, el CEPA sostiene que el conjunto de estas decisiones convirtió al sistema previsional en una de las principales variables de ajuste fiscal. El informe advierte que la combinación entre el congelamiento del bono, la pérdida del poder adquisitivo y la eliminación de beneficios tributarios no sólo afecta la calidad de vida de los jubilados, sino que también reduce el consumo interno y debilita la actividad económica de provincias como Salta, donde una parte significativa de la población depende de ingresos previsionales.
