06/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Mensaje. Imagen: Maira López.
La investigación por una red de trata de estudiantes en Salta tuvo un giro con el sobreseimiento del adolescente que había sido señalado como captador, luego de que la Justicia Federal aplicara el principio de no punibilidad previsto en la Ley de Trata para quienes también fueron víctimas de explotación.
La decisión se tomó en el marco de una causa que ahora cuenta con ocho imputados —todos hombres— y un total de 29 víctimas reconocidas judicialmente, tras el desistimiento de cuatro estudiantes a declarar en Cámara Gesell. Inicialmente, se habían identificado 33 víctimas.
El defensor público de la Víctima, Nicolás Escándar, explicó que el adolescente fue exculpado al considerarse que también habría sido captado por la misma red. “Pasa mucho que las propias víctimas son captadoras”, señaló, y agregó que algunos testimonios respaldan esa hipótesis. A partir de ahora, el joven pasará a ser considerado testigo dentro del expediente.
En relación a las adolescentes que decidieron no declarar, Escándar indicó que, si bien se trata de una instancia relevante, no puede imponerse cuando existe riesgo de revictimización. “Muchas no quieren exponerse o que se conozca su situación”, afirmó, y sostuvo que el material probatorio reunido hasta el momento es suficiente para avanzar con el caso.
La causa investiga una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual que operaba captando adolescentes de entre 14 y 16 años en colegios secundarios. Según la investigación, un remisero habría pagado al joven sobreseído para acercar a las víctimas, y luego se generaba un sistema de pagos entre las propias adolescentes por cada nueva incorporación a la red.
El expediente se inició en 2024 a partir de la denuncia de la madre de dos estudiantes, quien detectó movimientos de dinero inusuales vinculados a la compra de un celular. Aunque en un primer momento intervino la Justicia provincial, la causa pasó a la órbita federal en 2025, cuando la red ya habría continuado operando.
Los ocho imputados enfrentan cargos por trata de personas con fines de explotación sexual agravada, en función de la vulnerabilidad, la edad de las víctimas y la cantidad de involucrados. Cinco de ellos también están acusados de integrar una asociación ilícita.
Además, la fiscalía imputó a varios de los detenidos por delitos vinculados, como tenencia y distribución de material sexual de menores, corrupción de menores, abuso sexual y promoción de la prostitución agravada. Todos permanecen detenidos, aunque dos cumplen prisión domiciliaria.
La investigación continúa en su etapa final, con plazo de instrucción hasta el 29 de este mes.
