La noche de Constitución se tiñó de violencia, misterio y un brutal tufillo a persecución política. En medio de la oscuridad de la madrugada, un impresionante despliegue digno de una cacería de alta peligrosidad, con seis patrulleros de la Policía de la Ciudad rugiendo y rodeando un domicilio, terminó con las manos esposadas de Georgina Orellano, la combativa e indomable secretaria general de AMMAR. La denuncia que sacude los cimientos del poder es letal: la detuvieron ilegalmente, a las piñas, sin mostrar una maldita orden judicial y secuestrándole el teléfono celular para dejarla completamente incomunicada.
¿Cuál es el verdadero y oscuro trasfondo de esta detención que huele a censura y amedrentamiento? Horas antes de caer en las garras policiales, Orellano y sus compañeras habían encendido las alarmas y las velas de la indignación en las puertas del hotel Río de la Plata. Reclamaban justicia a gritos por la muerte sospechosa de Rachell, una trabajadora sexual trans y migrante. Lo que era un pacífico pedido de esclarecimiento terminó en un infierno de palos y detenciones. Desde el activismo no tienen dudas: la policía quiso tapar la boca de quienes exigen la verdad sobre lo que pasa en las sombras de los hoteles de la zona.
Mientras el sindicato y las agrupaciones estallan en furia denunciando una feroz violencia institucional y una flagrante violación a la Constitución, la versión oficial de las fuerzas de seguridad intenta bajarle el precio al escándalo con una frialdad que asusta. Según la Policía de la Ciudad, la líder de las meretrices y otras dos mujeres trans no son perseguidas políticas, sino simples delincuentes atrapadas in fraganti por quemar un contenedor de basura en la calle Garay al 1200. La fiscalía de flagrancia ya les clavó una carátula pesadísima: daños, incendio y otros estragos.
Pero la calle no cree una sola palabra del parte policial y la tensión social está al rojo vivo. Sindicatos docentes como la UTE salieron a cruzar con los tapones de punta al jefe de gobierno, Jorge Macri, vinculando este salvaje procedimiento con sus polémicas declaraciones de que «nunca más seremos rehenes de los sindicalistas». Para las organizaciones, esto es una cacería declarada de la derecha contra los trabajadores.
La infatigable Georgina Orellano, la mujer que se define a sí misma sin filtros como «puta, feminista y peronista», la que lidera a más de seis mil compañeras en la búsqueda de jubilación y obra social, y que plasmó su vida en el libro «Puta Feminista», hoy conoce el calabozo que tanto juró combatir. En estos momentos, las afueras de la sede fiscal en Suipacha 150 son una auténtica caldera. Cientos de manifestantes cortan la calle y exigen su liberación inmediata y el cierre de una causa que consideran armada. La consigna que retumba entre los bombos es una sola y corta el aire: ¡Reclamar justicia no es un delito!
