14/04/2025.- www.ambito.com.- Foto portada: Advertirán que en los tribunales federales de Comodoro Py hay deficiencias edilicias de todo tipo.
El Poder Ejecutivo asegura que los fondos para implementar el sistema acusatorio existen. Sin embargo, desde Retiro advierten que fallas estructurales y exceso de vacantes lo hacen inviable. Versiones cruzadas y el intento para que el máximo Tribunal se ponga a la cabeza de los reclamos.
Los reclamos de Casación
Los puntos clave de la acordada que garabatea Casación son los siguientes: Agilizar los concursos para que se cubran todas las vacantes en el fuero federal penal y pedirle a la Corte que inste al Gobierno a mandar los pliegos que están ya elevados; reiterarle a la Corte que provea los cargos pendientes para personal y funcionarios con destino a la Oficina Judicial; crear los cargos para las Oficinas Judiciales de juicio y garantías –lo que también incluye el fuero Penal Económico-; solicitarle al Consejo que envíe una comisión técnica para realizar un relevamiento edilicio exhaustivo, que también contemple las nuevas salas de audiencia que requiere el acusatorio; gestionar medidas de seguridad edilicias; la adecuación de la Alcaidía de Tribunales (conocida como Unidad N°29 del SPF); pedirle al Consejo que aporte los equipamientos y dispositivos tecnológicos necesarios; y por último, que el Consejo avance en el trámite de traslado de órganos jurisdiccionales ajenos al fuero federal. En definitiva, un combo de reclamos que se apoyan básicamente en fondos frescos, aparte de los que solicita la Procuración General para implementar el acusatorio.
Gobierno dice que los fondos “están”
Fuentes oficiales le confirmaron a este diario, ante la consulta, que el dinero para la implementación del sistema acusatorio “está”. Pero cargaron contra la actual gestión del Procurador General interino Eduardo Casal por su administración y por el nivel salarial de los fiscales. No es la primera vez que el Gobierno le apunta a Casal –un enemigo impensado- quién, a su vez, sospecha que será el chivo expiatorio de esta aventura del acusatorio en Comodoro Py. Algo similar piensan varios fiscales de peso que oscilan entre cuestiones de ego y carencias objetivas. Por un lado, el acusatorio es caro. Y por otro, emerge como clave la figura del “fiscal de distrito” destinado a ser el fiscal más poderoso del fuero más relevante para la política. Todos reconocen que, sin inyección presupuestaria adecuada, hay garantía de fracaso. “Nos mandan a un safari con los leones en un Meari”, graficó memoria nostálgica un funcionario judicial de los más experimentados del edificio.
En el Poder Ejecutivo descartan –solo por ahora- suplir la ausencia de fondos con una federalización de la justicia penal “ordinaria”, cuyo proyecto remozado adelantó Ámbito. Lo cierto es que fue desde cercanías del propio Ministro Mariano Cúneo Libarona quienes echaron a rodar la actualización de ese proyecto. No tiene (todavía) el aval del sector de la cartera de Justicia que tiene la lapicera definitiva. El propio Ministro se encargó, en Mar del Plata, de desmentir la filtración, como para que tampoco parezca que esos cambios beneficiarían al sector con el que más se vincula su estudio jurídico familiar. En el Poder Judicial están viendo a Cúneo como una máquina generadora de agenda, lo que le permite renovar su permanencia en el Gobierno. El acusatorio para el 11 de agosto le asegura el pase al segundo semestre. El ecosistema en el edificio de la calle Sarmiento funciona con un extraño equilibrio. En ese marco, confiaron a Ámbito, existe la posible fusión del fuero penal económico con el penal federal, ahora en el marco del sistema acusatorio, algo que remite a la idea que tuvo alguna vez Alberto Fernández y que tuvo precoz naufragio. Penal federal recibiría con los brazos abiertos esa fusión: no puede funcionar el colegio de jueces que impone el acusatorio y como regalo está el paquete de causas de lavado de dinero y contrabando. Un efecto colateral de la licuadora.
García-Mansilla terminó salpicando sponsors
Flaco favor hizo al sector del Gobierno que lo propuso la carta que –de forma inconsulta- decidió enviar Manuel García-Mansilla al Senado, en un acto de despecho mezclado con torpeza que no lo perjudica de manera directa porque sus acciones no cotizan más, sino que deja mal parados a sus sponsors de cara a nuevas proposiciones que deban pasar por el Senado, llámese un candidato a jefe de los fiscales o los más de 150 pliegos que acumulan. La virulencia de la queja de García-Mansilla porque su pliego fue fulminado puso fin al episodio de su selección de la peor manera: un enchastre a 360 grados que obliga a despegarse a todos los que estuvieron detrás de su nominación. Todo el episodio culmina como una anécdota del Bambino Veira, “no me preguntes por qué te saco, pregúntame por qué te puse”.
Una jugada que encendió alarmas
Hubo un dato que pasó casi desapercibido y encendió alarmas. El Gobierno –por decreto- le quitó al Congreso la implementación del nuevo Código. Suplantó la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal por un Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal. Más allá de que sea discutible si a través de un decreto se está legislando en materia penal (algo vedado), aunque sea de forma indirecta, no es un cambio de denominación, sino que el Ejecutivo se adueñó del proceso y de su reglamentación. Asume la titularidad del éxito, si lo hay, pero también rendirá cuenta por ello. Por eso, llamó la atención que se hubiera convocado a todas las cámaras involucradas, a excepción de la CANACA (la Cámara Nacional de Casación Penal), lo que alimentó la idea de que detrás de esa movida había una intención de comenzar por “fusionar” a la Casación ordinaria con la Federal para licuar el poder de Comodoro Py.
El rumor no maquina en el vacío, sino que encuentra entusiastas en la CANACA que se encargaron de sembrar la chance de que la ausencia de convocatoria se explicaba en una mudanza al Principado de Retiro, lo que hizo estallar a algunos integrantes de la Casación Federal que escudriñaron respuestas en los pliegues del encuentro en Mar del Plata. Allí se dio la bandera de largada para el sistema acusatorio. Pero se viralizó un video en el que empleados judiciales son los que terminaron de pintar las oficinas para poder llegar contra reloj y sin dinero a la fecha inaugural. Esa escena causó escozor entre los jueces.
Existe un elemento interesante a considerar: los jueces de garantías ganan un 20% más que en los actuales cargos de magistrados bajo el otro sistema. Eso nuevamente remite al problema del dinero, con el presupuesto que la Corte hizo llegar al Ejecutivo y recibió como contrapartida un recorte del 32%. Eso complica el funcionamiento actual –para los actores del sistema- y resulta inimaginable la implementación del acusatorio por inviable y por insostenible en el tiempo. Todo eso forma parte de una discusión subterránea que advierte una arista inadvertida: el Gobierno –si suma las vacantes en todos los fueros penales- podría tener la increíble oportunidad de formatearlo casi de manera integral. Pero eso ya es otro capítulo.
