01/12/2025.- Salta al Instante.- Por Nico Ortiz.- Foto portada: El gobierno avanza con una reforma educativa que abre la puerta al mercado y achica al Estado.
La filtración del borrador con el que el oficialismo busca derogar la Ley de Educación Nacional encendió todas las alarmas en el mundo educativo. Lejos de fortalecer lo público, el proyecto apunta a convertir la enseñanza en un mercado competitivo, con menos presencia estatal, más intervención privada y nuevas modalidades que reconfiguran por completo el sistema escolar.
El texto, bautizado “Ley de libertad educativa”, condensa el espíritu libertario que impulsa la Casa Rosada en cada área del Estado: desregulación, competencia y un traslado creciente de responsabilidades hacia las familias. El gobierno argumenta que lo hace en nombre de la “libertad”, pero especialistas advierten que la iniciativa abre un camino de privatización encubierta y de recorte de derechos.
Una reforma que anticipa un cambio de época
Según el borrador, cada escuela —pública o privada— podrá definir su plan de estudios, su calendario y su propio régimen de contratación docente. También se habilita la educación en el hogar, la incorporación de enseñanza religiosa en escuelas estatales y una reducción de la carga horaria mínima que deben cumplir los alumnos.
El Estado, en este esquema, deja de ocupar un rol rector y pasa a tener un papel apenas auxiliar. Ni siquiera la palabra “pública” aparece mencionada en el documento. Para los especialistas, esto refleja con claridad la orientación del proyecto: equiparar lo público con lo privado y abrir la vía para transferir recursos estatales a instituciones privadas sin obligación de sostener pisos presupuestarios como el 6% del PBI para educación.
Un borrador que el gobierno quería ocultar
El oficialismo planeaba que el debate estallara recién cuando el proyecto ingresara al Congreso. Pero la filtración expuso una reforma de alto impacto social. Incluso la senadora Carolina Losada reconoció que “hay filtraciones que no hacen bien a lo que queremos hacer”, confirmando en los hechos la autenticidad del documento.
Detrás del texto hay internas dentro del propio espacio libertario y sectores ligados al empresariado educativo que ven la oportunidad de ganar terreno. Más allá de esas tensiones, la comunidad educativa decidió anticiparse a la discusión parlamentaria.
Para Guillermo Ruiz, investigador del Conicet, “es un proyecto regresivo, contrario a la Constitución y diseñado para justificar un ajuste presupuestario”. Roberto Abdala, especialista de la Universidad de Quilmes, coincide en que “su sola lectura genera preocupación por la orientación que plantea”.
Competencia entre escuelas y derechos docentes en riesgo
El borrador introduce un modelo de competencia abierta entre instituciones. Las escuelas con más recursos atraerán a los mejores docentes y alumnos, mientras que las más frágiles podrían desaparecer. “Las escuelas se convierten en mercancías”, explica Ruiz. “La autonomía total abre la puerta a contratar docentes sin estatuto y a que los consejos de padres tengan poder para designar o remover directivos”.
Además, el proyecto declara la educación como “servicio esencial”, una categoría que, en la práctica, anula el derecho a huelga docente.
Menos horas de clase y un Estado sin poder real
La reforma también reduce las horas mínimas anuales:
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Inicial: baja de 570 a 540
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Primaria: de 760 a 720
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Secundaria: de 900 a 720
Un retroceso evidente en un sistema que ya mostraba dificultades y desigualdades.
El avance del homeschooling
El texto habilita formalmente la educación en el hogar, una práctica extendida en sectores conservadores de Estados Unidos y Brasil. En Argentina, se estima que la realizan alrededor del 2% de los chicos, pero sin un marco legal claro.
Abdala advierte que la reforma “instala a las familias como responsables centrales, sin protocolos para garantizar calidad educativa ni mecanismos de supervisión”. Para Ruiz, se trata de “un modelo importado que puede derivar en situaciones de aislamiento y falta de control estatal”.
Reforma profunda, presupuesto mínimo
Mientras se promueve un cambio estructural, el financiamiento educativo cae año tras año. “Antes de pensar una nueva ley, habría que cumplir la vigente”, sostiene Abdala. Ruiz añade que “no existe un diagnóstico serio del sistema que justifique una reforma de esta magnitud”.
El gobierno insiste en que la reforma es necesaria; los especialistas, en que no hay evidencia que la respalde.
Lo único claro es que la iniciativa abre un debate decisivo sobre el futuro de la educación argentina: si seguirá siendo un derecho garantizado por el Estado o un servicio sujeto a las fuerzas del mercado.
Con información de Página/12.
