15/12/2025.- Salta al Instante. Foto portada: Horacio Rosatti. Imagen: Archivo.
Aunque el gobierno de Javier Milei logre aprobar su ambiciosa reforma laboral en el Congreso, el camino está lejos de terminar. Así lo dejó en claro el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, quien anticipó que el proyecto podría quedar empantanado durante años en los tribunales, víctima de una judicialización inevitable.
El titular del máximo tribunal explicó que el sistema argentino de control constitucional es “difuso”, lo que habilita a cualquier juez del país a declarar la inconstitucionalidad de una ley. Traducido al llano: aun con sanción parlamentaria, la reforma laboral podría ser frenada en distintos juzgados, con fallos contradictorios y una aplicación fragmentada en todo el territorio nacional.
“Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo”, sostuvo Rosatti. Y fue más allá: tarde o temprano, dijo, el máximo tribunal deberá expedirse y decidir si la norma impulsada por el Ejecutivo es constitucional o no.
El antecedente inmediato refuerza la advertencia. Rosatti recordó que varios artículos laborales de la Ley Bases ya fueron declarados inconstitucionales por juzgados de primera instancia y que, a meses de esas decisiones, la Corte todavía no fijó una posición definitiva. Un limbo jurídico que se proyecta ahora sobre la reforma laboral.
Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso intente blindar la ley obligando a los jueces inferiores a acatar fallos de la Corte, Rosatti fue categórico, aunque prudente. “Como poder, podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte”, explicó. Y remató con una frase que desnuda el círculo vicioso: será la propia Corte la que deberá decidir si esa cláusula también es constitucional. Solo entonces —y no antes— podría evitarse la reiteración interminable de litigios.
Congreso caliente y la calle en ebullición
Mientras la advertencia judicial resuena con fuerza, el Gobierno se prepara para una semana de alta tensión política. En el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a los jefes de bloque para definir las comisiones que deberán analizar los 197 artículos del proyecto. Hacienda y Presupuesto seguiría en manos del libertario Ezequiel Atauche, mientras que Trabajo y Previsión Social quedaría bajo la órbita de Carmen Álvarez Rodríguez, ex PRO hoy alineada con el oficialismo.
Según trascendió, Patricia Bullrich ya tendría los 37 senadores necesarios para garantizar quórum y avanzar con la media sanción antes de fin de año. Sin embargo, la incógnita sigue siendo el comportamiento de los legisladores que responden a gobernadores “dialoguistas” pero no completamente alineados con Milei.
En paralelo, la calle empieza a marcar el pulso real del conflicto. A la marcha convocada por la CGT para este jueves se sumaron las dos CTA, sindicatos combativos, movimientos sociales, gremios estatales y sectores del peronismo vinculados al gobernador Axel Kicillof.
El mensaje es claro: aun si el Congreso avanza, la reforma laboral enfrentará dos frentes de resistencia simultáneos. En la Justicia, un laberinto de fallos cruzados. En la calle, una protesta que promete escalar. Y en el medio, un proyecto que amenaza con quedar atrapado entre tribunales y movilizaciones, sin aplicación efectiva y con alto costo político para el Gobierno.
