05/02/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Caputo y Milei. Imagen: Web.
En medio de una tormenta política y económica, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a aclarar el escándalo estadístico que sacude al país: ratificó que ni él ni el presidente Javier Milei estaban dispuestos a avanzar con el nuevo índice de inflación que venía preparando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y anunció que el Gobierno encarará una nueva Encuesta Nacional de Hogares antes de cambiar metodologías oficiales. La confesión no solo refleja la interna del poder, sino un intento desesperado por mantener bajo control los números que alimentan la narrativa oficial sobre la “desinflación”, mientras la credibilidad del Indec cae en picada.
Caputo, en una entrevista televisiva, sostuvo que ni él ni Milei estaban de acuerdo en modificar ahora la forma de medir la inflación, pese a que esto venía siendo impulsado desde hace tiempo dentro del propio organismo estadístico. El ministro explicó que la base del nuevo índice —que se nutre de datos de la Encuesta Permanente de Hogares realizada entre 2017 y 2018— está desactualizada, por lo que, según su argumento, cambiarla sin una nueva encuesta no tendría sentido.
La polémica detonó con fuerza tras la renuncia abrupta de Marco Lavagna como director del Indec, apenas días antes de que comenzara a aplicarse la nueva medición que debería haber reemplazado a la vieja fórmula de 2004. Caputo vinculó esa salida a diferencias internas con Milei sobre el “momento oportuno” para el cambio, asegurando que ambos coincidían en que la desinflación no estaba consolidada. El funcionario defendió la decisión de postergar la actualización metodológica, aunque no dio fechas ni plazos concretos para la nueva encuesta.
La postura oficial choca con lo que venían defendiendo especialistas y técnicos dentro del propio Indec: era prácticamente un secreto a voces que la vieja metodología estaba cada vez más desfasada de la realidad del consumo argentino, y que la actualización iba a mostrar una inflación más elevada, lo cual complicaría la narrativa gubernamental centrada en una caída sostenida de los precios.
En su explicación mediática, Caputo insistió en que la decisión de no avanzar con el cambio ahora no obedece a presiones externas —como las que se rumorearon desde sectores opositores y algunos analistas— sino a criterios “técnicos y de oportunidad”. Rechazó las versiones que señalaban presiones del Fondo Monetario Internacional o manipulaciones del índice con fines políticos, y aseguró que Lavagna renunció en “buenos términos” y sin conflictos personales con el gobierno.
El ministro defendió además el proceso de desinflación que viene impulsando la gestión de Milei, sosteniendo que “todos los precios están bajando” pese a que empresarios, sindicatos y amplios sectores de la sociedad perciben lo contrario en los precios de alimentos, servicios y transporte. En ese marco, la suspensión del nuevo índice funciona como una forma de mantener un control firme sobre los datos oficiales mientras se avanza en lo que el Gobierno describe como una “nueva encuesta” más representativa.
La movida llegó en un contexto de creciente desconfianza pública en las estadísticas oficiales, agudizada tras la renuncia de Lavagna y la falta de transparencia sobre los cambios que se pretendían introducir. El anuncio de Caputo, lejos de apaciguar la polémica, intensificó las dudas sobre la independencia técnica del Indec y sobre el uso político de las cifras económicas, justo cuando la economía atraviesa tensiones significativas en precios, salarios y expectativas inflacionarias.
