06/03/2026.- Salta al Instante.- Por Gaby Pachteng.- Foto portada: Milei en el Congreso. Imagen: Web.
El Gobierno de Javier Milei oficializó la reforma laboral sancionada por el Congreso el pasado 27 de febrero. La normativa fue publicada en el Boletín Oficial y, desde este viernes, comenzó a regir para el empleo privado, introduciendo cambios de fondo en indemnizaciones, jornada laboral, registración y negociación colectiva.
Con esa publicación, el Poder Ejecutivo formalizó la llamada Ley de Modernización Laboral, una reforma que modifica puntos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo (Nº 20.744) y de otros regímenes especiales. Según la explicación oficial, la nueva legislación busca fomentar el empleo registrado y actualizar las relaciones laborales.
El texto definitivo de la ley quedó conformado por 25 capítulos, después de atravesar distintas revisiones durante el trámite legislativo que terminaron eliminando los artículos que proponían cambios en el sistema de licencias médicas.
La promulgación quedó plasmada en la fórmula oficial que cita las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo. “En ejercicio de las atribuciones otorgadas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, se promulga la Ley Nº 27.802, aprobada por el Honorable Congreso de la Nación durante la sesión celebrada el 27 de febrero de 2026”, señala el texto publicado en el Boletín Oficial, que además ordena su incorporación al registro de la Dirección Nacional del Registro Oficial.
Dentro de ese marco, los cambios más significativos se concentran en distintos aspectos del régimen laboral: las indemnizaciones, el sistema de vacaciones, la extensión de la jornada de trabajo, los derechos colectivos y el papel de los sindicatos dentro de las negociaciones laborales. La normativa también incluye incentivos para promover la formalización del empleo y establece un esquema específico orientado a inversiones de escala media.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL). Estos fondos estarán destinados a cubrir el pago de indemnizaciones y sumas vinculadas al cese laboral. El sistema funcionará mediante una contribución mensual obligatoria a cargo de los empleadores: 1 por ciento para grandes empresas y 2,5 por ciento para MiPyMEs, calculado sobre la remuneración de cada trabajador registrado. Los recursos deberán depositarse en cuentas individuales de afectación específica e inembargables.
En materia de vacaciones, la ley mantiene la obligación de otorgarlas dentro del período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril. Sin embargo, habilita que empleadores y trabajadores puedan acordar dividirlas en distintos períodos, siempre que cada tramo tenga una duración mínima de siete días consecutivos.
Otro de los cambios relevantes aparece en la organización del tiempo de trabajo. La normativa permite extender la jornada diaria hasta un máximo de 12 horas dentro de esquemas de organización flexible, como los llamados bancos de horas, siempre que exista acuerdo entre las partes y se respete un descanso mínimo de 12 horas entre una jornada y otra.
Además, la ley incorpora la posibilidad de realizar contrataciones a tiempo parcial, por debajo de la jornada legal completa.
En el terreno sindical, la reforma establece que la cuota solidaria destinada a los sindicatos seguirá siendo descontada por los empleadores, aunque fija un límite máximo del 2 por ciento del salario mensual.
También introduce modificaciones en el sistema de negociación colectiva: los acuerdos alcanzados a nivel de empresa o región tendrán prioridad por sobre los convenios sectoriales, una alteración que modifica el esquema tradicional de negociación laboral.
Con la promulgación de la ley, el Gobierno de Javier Milei puso en marcha una reforma que reconfigura varios aspectos centrales del sistema laboral argentino y que, desde ahora, comienza a aplicarse en el mercado de trabajo del sector privado.
