19/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Reclamo de trabajadores, padres y pacientes. Imagen: Web.
A pocos días del vencimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica, trabajadores y familias de pacientes del Hospital Garrahan denuncian dificultades para acceder a medicamentos de alto costo y prótesis. La secretaria general de APyT, Norma Lezana, cuestionó los recortes presupuestarios y la gestión del hospital, mientras el colectivo Soy Garrahan reclama la continuidad de la emergencia y mayores garantías para la atención de niños y adolescentes.
La situación del Hospital Garrahan vuelve a encender las alarmas. A pocos días del vencimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica, profesionales de la salud y familiares de pacientes denunciaron dificultades para autorizar medicamentos de alto costo y prótesis, una situación que, advierten, pone en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales para niños y adolescentes.
La denuncia fue presentada por Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), ante la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados. Allí expuso el caso de Facundo, un paciente pediátrico con cáncer cuya medicación, según relató, no estaría siendo cubierta por el hospital.
“No se están autorizando prótesis y medicamentos de alto costo para los pacientes”, advirtió Lezana, quien cuestionó el funcionamiento de la intervención que conduce el establecimiento y denunció un manejo discrecional de los recursos.
El reclamo se produce en la antesala del vencimiento de la Ley 27.796, que estableció la Emergencia Pediátrica por un año. Mientras los trabajadores piden que se prorrogue, las familias organizadas en el colectivo Soy Garrahan advierten que la necesidad de atención médica no desaparece porque venza una ley.
Denuncian un recorte presupuestario y menos recursos para el hospital
Durante su exposición en el Congreso, Lezana aseguró que entre 2024 y 2025 se produjo un recorte presupuestario por ejecución del 37%, equivalente a casi $53.000 millones, según los cálculos presentados por la dirigente gremial.
De acuerdo con su denuncia, las transferencias destinadas al hospital pasaron de $304.000 millones a $252.000 millones, en un período marcado también por la inflación acumulada.
La referente de APyT cuestionó asimismo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri. Según detalló, el aporte porteño al hospital se redujo de $75.000 millones a $63.000 millones durante el mismo período.
Para Lezana, la reducción de los recursos tuvo consecuencias sobre el funcionamiento cotidiano del establecimiento, que enfrenta dificultades para sostener sus equipos profesionales y garantizar la atención especializada.
Renuncias de profesionales y menos personal de enfermería
La dirigente sindical también alertó sobre la pérdida de trabajadores especializados. Según informó ante los legisladores, alrededor de 400 profesionales de alto nivel renunciaron al hospital, lo que habría debilitado distintos servicios.
La situación también alcanzaría al área de enfermería. Lezana indicó que la dotación pasó de 2.000 trabajadores a 1.348, sin que se reemplazara de manera suficiente al personal que dejó sus puestos.
La referente gremial cuestionó que, ante la salida de trabajadores, se recurra a contrataciones que calificó como precarias. A su entender, la pérdida de personal experimentado compromete la capacidad del Garrahan para sostener la atención pediátrica de alta complejidad.
La combinación de recortes presupuestarios, renuncias y dificultades para cubrir puestos de trabajo alimenta la preocupación por el futuro del principal hospital pediátrico de alta complejidad del país.
Cuestionamientos por gastos en seguridad y contrataciones
Lezana también puso el foco en los gastos de seguridad del establecimiento. Según su exposición, durante 2025 se destinaron casi $14.000 millones a la empresa de seguridad privada Enteus por nueve meses de servicio, además de otros $400 millones en adicionales para la Policía de la Ciudad.
La dirigente cuestionó la falta de rendición de cuentas sobre esos desembolsos y señaló que, mientras se denuncian dificultades para garantizar prestaciones médicas, aumentaron los recursos destinados a ese rubro.
Además, denunció la contratación de asesores sin concurso y cuestionó los salarios de funcionarios incorporados durante el año anterior. Según afirmó, algunos pasaron de cobrar $6 millones a $10 millones.
Estas presuntas irregularidades, sostuvo, fueron denunciadas ante la jueza María Romilda Servini de Cubría por una posible malversación de fondos. Se trata de acusaciones que deberán ser investigadas para establecer si existieron responsabilidades.
En paralelo, Lezana denunció un clima de persecución sindical dentro del hospital. Aseguró que 40 integrantes de APyT están sumariados y que ella enfrenta amenazas de cesantía, pese a llevar 38 años de trabajo en el establecimiento.
Las familias reclaman que continúe la Emergencia Pediátrica
La Ley de Emergencia Pediátrica, identificada como Ley 27.796, fue sancionada con una vigencia de un año y su vencimiento está previsto para el 21 de octubre de 2026.
Frente a esa fecha, trabajadores y familiares de pacientes reclaman que se prorrogue la norma y se garantice la continuidad de las medidas destinadas a sostener la atención pediátrica.
Johanna Tricarico, integrante del colectivo Soy Garrahan y madre de un paciente oncológico, planteó ante el Congreso que las necesidades de los niños no desaparecen con el vencimiento de una disposición administrativa.
Las familias piden que se mantengan los derechos y los recursos contemplados en la emergencia, además de avanzar con un proyecto de Ley de Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales que permita dar continuidad a las medidas e incorporar financiamiento específico.
El reclamo apunta a evitar que la finalización de la norma deje sin respaldo las acciones destinadas a sostener los tratamientos, los equipos médicos y el funcionamiento de los servicios pediátricos.
“El Estado nos está dando la espalda”
Las familias también llevan su reclamo a las calles. Integrantes de Soy Garrahan participaron de una ronda de las Madres en la Pirámide de Mayo, donde distribuyeron muñecos de tela conocidos como “quitapenas” para visibilizar la situación de los pacientes y exigir la continuidad de la emergencia.
Durante la actividad, Graciela Del Valle, otra de las madres del colectivo, relató las dificultades que enfrentan las familias para conseguir medicamentos y garantizar la atención de sus hijos.
“Hoy estamos solas luchando con un Estado ausente”, expresó, al cuestionar las barreras que, según denunció, dificultan el acceso a la salud de niños y adolescentes.
Del Valle también advirtió sobre las limitaciones de las propias redes de acompañamiento familiar para responder a todas las necesidades. Aunque en algunos casos consiguieron resolver la falta de medicación, señaló que no siempre logran llegar a quienes requieren ayuda.
Con el vencimiento de la Emergencia Pediátrica cada vez más cerca, el reclamo de trabajadores y familiares vuelve a poner en el centro del debate el financiamiento de la salud pública y la capacidad del Estado para garantizar tratamientos.
La principal exigencia es que ningún niño quede sin medicamentos, prótesis ni atención especializada por falta de recursos o por el vencimiento de una ley.
