11/03/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Protesta policial en Jujuy. Imagen: Web.
La crisis salarial que sacude a Jujuy entró en una etapa decisiva después de días de tensión frente a la Casa de Gobierno. Con el conflicto policial escalando y las imágenes de protestas recorriendo la provincia, el gobierno de Carlos Sadir puso sobre la mesa una propuesta de aumento escalonado que ahora está siendo analizada por los propios efectivos, que evalúan si con ese ofrecimiento alcanza para desactivar la protesta.
La negociación se dio en un contexto peculiar: mientras el conflicto crecía en las calles jujeñas, Carlos Sadir se encontraba en Estados Unidos participando de actividades junto al presidente Javier Milei. En su ausencia, integrantes del Ejecutivo provincial acercaron la oferta formal a delegados de policías activos y retirados que vienen encabezando el reclamo salarial.
La propuesta del gobierno contempla un esquema de aumentos escalonados que fijaría un piso salarial de 1.150.000 pesos. Ese número es la apuesta oficial para intentar descomprimir una crisis que durante los últimos días tuvo escenas de alta tensión en el centro de la capital jujeña.
El conflicto no surgió de la nada. Las protestas se venían gestando desde hace semanas y explotaron frente a la Plaza Belgrano, cuando efectivos policiales, retirados y familiares se movilizaron para reclamar una recomposición que, según denunciaban, debía acercarse a un aumento del 50 por ciento. La manifestación comenzó de forma pacífica, pero con el correr de las horas derivó en disturbios: quema de neumáticos, lanzamiento de piedras y fuegos artificiales contra las rejas del edificio gubernamental.
En ese clima caliente, el gobierno provincial decidió endurecer el discurso. En un comunicado oficial, las autoridades repudiaron los incidentes y aseguraron que mantendrán una postura firme frente a quienes —según señalaron— intentaron convertir el reclamo salarial en una escalada de vandalismo. También confirmaron que se presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para identificar a los responsables de los ataques contra la sede del Ejecutivo.
Desde el lado de los manifestantes, la versión es distinta. El vocero policial Daniel Romero sostuvo que en los disturbios hubo personas que no pertenecían a la fuerza y que el conflicto se desmadró por la presencia de infiltrados. “Ayer en los incidentes frente a la Casa de Gobierno había gente que no reconocimos”, explicó al describir lo ocurrido durante la madrugada del martes.
El gobierno también dejó claro que la eventual aceptación del acuerdo tendrá condiciones. En la mesa de negociación se planteó que, si se firma el entendimiento salarial, los reclamos futuros deberán prescindir de quema de cubiertas, ataques a edificios públicos o daños a la propiedad, una advertencia directa después de las escenas que sacudieron el centro jujeño.
Ahora la pelota quedó del lado de los uniformados. Los delegados analizan si el nuevo esquema salarial alcanza para cerrar el conflicto o si la protesta continuará. Lo que está claro es que la crisis expuso un escenario incómodo para el gobierno provincial: policías reclamando frente a la Casa de Gobierno, incidentes nocturnos y un gobernador de gira internacional mientras la tensión se acumulaba en su propia provincia.
En Jujuy, el desenlace todavía está abierto. Pero la escena ya dejó una imagen difícil de disimular: mientras el poder político negocia desde despachos y viajes oficiales, el conflicto salarial de las fuerzas de seguridad terminó explotando en la calle.
