13/03/2026.- Salta al Instante.-Foto portada: Trabajadoras despedidas sin indemnización. Imagen: Web.
La llamada “modernización laboral” que el gobierno de Javier Milei presentó como una herramienta para dinamizar el empleo empezó a exhibir su costado más brutal en el interior del país. En Catamarca, trabajadoras de la empresa VVC Textil denunciaron que la firma pretende cerrar y despedir a todo el personal sin pagar indemnizaciones ni salarios adeudados, amparándose en el nuevo esquema laboral que flexibiliza las condiciones de despido.
La situación estalló cuando un grupo de empleadas decidió presentarse en la Casa de Gobierno para pedir una audiencia con el gobernador Raúl Jalil y entregar un petitorio. El reclamo es simple y desesperado al mismo tiempo: que el gobierno provincial intervenga para evitar que la empresa baje la persiana dejando a decenas de familias sin ingresos ni compensación laboral.
El conflicto se conoció después de una audiencia realizada el 5 de marzo en la Dirección de Inspección Laboral. Allí, el representante legal de VVC Textil comunicó lo que las trabajadoras temían escuchar: la empresa no puede continuar funcionando y el cierre implicaría el despido de todo el personal. Pero el anuncio vino acompañado de una frase que encendió la indignación: el despido sería sin indemnización.
La explicación empresarial fue tan brutal como directa. Según relató la trabajadora Gabriela Anze, el abogado de la firma aseguró que la empresa “no tiene plata” y que, por lo tanto, despediría a todo el personal sin pagar lo que corresponde por ley. En ese escenario, las empleadas denuncian que también se adeudan sueldos y otros conceptos laborales que nunca fueron abonados.
Pero el cuadro todavía es más oscuro. De acuerdo con el testimonio de las trabajadoras, la empresa habría intentado cerrar el conflicto con acuerdos individuales que rozan lo absurdo: entregar máquinas textiles a cambio de que los empleados firmen la renuncia a la indemnización. La propuesta generó indignación entre las trabajadoras. “Son dos máquinas que no valen 20 o 30 años de trabajo”, denunció Anze al describir la oferta.
El conflicto ocurre en un contexto que golpea de lleno al sector textil argentino. La apertura de importaciones y la caída del consumo provocaron un derrumbe en la actividad, con fábricas que reducen producción o directamente cierran. En ese marco, Catamarca empieza a acumular cierres industriales y despidos que dejan a cientos de familias sin sustento.
La polémica también tiene un costado político. La reforma laboral impulsada por Javier Milei fue aprobada con el respaldo de legisladores que responden al gobernador Raúl Jalil, y ahora en la propia provincia empiezan a verse los efectos concretos de esa legislación. Cambios como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) modifican el esquema de indemnizaciones y reducen el costo del despido para las empresas.
Así, lo que desde el poder se presentó como una herramienta para generar empleo empieza a traducirse en escenas muy distintas: fábricas que bajan la persiana, trabajadores que reclaman lo que les corresponde y empresarios que buscan cerrar la cuenta con la propuesta más brutal de todas.
En Catamarca, la reforma laboral dejó de ser un debate técnico. Se convirtió en algo mucho más concreto: trabajadoras que pueden quedarse sin empleo, sin salario y sin indemnización después de décadas de trabajo.
