20/03/2026.- Salta al Instante.-Foto portada: Represión en la Plaza de los Dos Congresos. Imagen Mariano Martino
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) volvió a poner sobre la mesa uno de los debates más incómodos de la política argentina. Y esta vez lo hizo con números que, según la organización, no dejan lugar a dudas. En la presentación de su informe anual sobre la situación represiva en el país, el diagnóstico fue directo y brutal: el gobierno encabezado por Javier Milei sería el más represivo desde el regreso de la democracia en 1983.
La denuncia se presentó en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), donde la organización difundió la actualización de su archivo histórico de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Ese registro, construido durante décadas, contabiliza 10.181 muertes provocadas por fuerzas de seguridad desde el 10 de diciembre de 1983 hasta enero de 2026.
El dato que detonó la polémica llegó después. De ese total, 1.056 muertes ocurrieron a partir del 10 de diciembre de 2023, es decir, durante la gestión de Javier Milei. En apenas dos años, el actual gobierno concentra más del 10 por ciento de todas las muertes registradas en 42 años de democracia, una proporción que, según la organización, supera ampliamente a las administraciones anteriores.
La advertencia fue formulada sin rodeos por María del Carmen Verdú, referente histórica de CORREPI. La abogada explicó que los datos del Archivo 2025 confirman una tendencia que la organización venía denunciando desde el año pasado. “Los datos actualizados demuestran que este gobierno es el que más ha reprimido y matado durante estos 42 años de democracia”, sostuvo.
Pero las cifras de muertes no fueron el único elemento del informe. La organización también denunció el aumento de la violencia estatal durante las movilizaciones sociales de 2025. Según CORREPI, los operativos de seguridad desplegados en protestas dejaron casi 1.400 personas heridas por golpes, gases y disparos de balas de goma.
Entre los casos más graves mencionados aparece el del reportero gráfico Pablo Grillo, herido durante una cobertura, además de manifestantes que sufrieron lesiones o pérdida de la visión por el impacto de proyectiles disparados por fuerzas de seguridad.
El informe también señala más de 200 detenciones arbitrarias durante manifestaciones realizadas sólo en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de los operativos de seguridad desplegados contra protestas sociales.
La denuncia se vuelve todavía más grave cuando CORREPI habla de la existencia de presos políticos en el país. En ese punto, la organización mencionó el caso de Milton Tolomeo, detenido y alojado en el penal de Ezeiza bajo condiciones de aislamiento extremo. Según la organización, el militante permanece 20 horas por día encerrado en una celda, con severas restricciones para recibir visitas o comunicarse con su defensa.
Para María del Carmen Verdú, ese tipo de situaciones confirma una deriva peligrosa en la política de seguridad del gobierno. La referente de CORREPI sostuvo que el país atraviesa un escenario que recuerda prácticas que la democracia prometió dejar atrás.
El informe anual vuelve así a instalar un debate que recorre la política argentina desde hace décadas: hasta dónde llega el poder de las fuerzas de seguridad y cuál es la responsabilidad de los gobiernos en el crecimiento de la violencia institucional.
Esta vez, la organización no eligió eufemismos. En su diagnóstico, la conclusión es lapidaria: el ciclo político iniciado con la llegada de Javier Milei al poder habría inaugurado el período más represivo de la democracia argentina.
