25/03/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Protesta en el glaciar. Imagen: Archivo.
La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo en el Congreso. Un grupo de diputados de distintos bloques de la oposición presentó un pedido formal para impugnar la audiencia pública convocada para debatir el proyecto impulsado por el oficialismo, al denunciar que se restringió la participación ciudadana de manera arbitraria y que no están dadas las condiciones para un debate democrático.
El planteo apunta directamente contra el esquema de audiencias organizado en la Cámara de Diputados, donde la reforma de la ley se discute en comisiones. Los legisladores sostienen que la modalidad definida por el oficialismo impide que miles de personas que se anotaron para intervenir puedan hacerlo efectivamente, lo que —según argumentan— vacía de contenido una instancia clave del proceso legislativo.
El reclamo surge en medio de un escenario ya cargado de tensiones. Para las audiencias públicas previstas los días 25 y 26 de marzo, se inscribieron decenas de miles de personas, entre especialistas, organizaciones ambientalistas, científicos y ciudadanos interesados en participar del debate sobre la modificación de la ley. Sin embargo, la organización del evento limita drásticamente el número de expositores que podrán tomar la palabra.
La polémica no es nueva. Desde principios de marzo el oficialismo en la Cámara baja —donde el bloque de La Libertad Avanza conduce el proceso— viene intentando acelerar el tratamiento del proyecto que modifica la legislación que protege los glaciares y el ambiente periglacial. Esa reforma, según denuncian especialistas y organizaciones ambientales, podría habilitar actividades extractivas en zonas que hoy se encuentran protegidas.
El conflicto se agravó cuando trascendió que solo alrededor de 200 personas podrán exponer de manera presencial o virtual en la audiencia, pese a que hay decenas de miles de inscriptos para participar. El resto deberá limitarse a enviar presentaciones por escrito o grabaciones, una decisión que generó fuertes cuestionamientos dentro y fuera del Congreso.
En paralelo, organizaciones sociales y ambientales ya habían presentado acciones judiciales y amparos para frenar el proceso tal como fue diseñado. El argumento central es que las audiencias públicas deben garantizar participación real, igualdad de acceso y transparencia en la toma de decisiones públicas, principios que —según sostienen— quedan debilitados con el esquema actual.
El debate legislativo gira alrededor de una norma clave sancionada en 2010, la Ley 26.639, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua y ecosistemas esenciales para la biodiversidad y el equilibrio ambiental.
La reforma en discusión ya había dado un paso previo en el Congreso cuando el Senado aprobó una versión del proyecto que reduce el alcance de las áreas protegidas y otorga mayor autonomía a las provincias para definir qué territorios quedan bajo resguardo ambiental y cuáles pueden habilitarse para actividades productivas.
Mientras la discusión escala dentro del Parlamento, el pedido de impugnación presentado por los diputados opositores abre un nuevo frente político y jurídico alrededor del debate por la Ley de Glaciares, una de las normas ambientales más sensibles del país y que ahora vuelve a quedar en el centro de la disputa entre el oficialismo, la oposición y las organizaciones ambientales.
