31/03/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Una mujer busca en un contenedor de productos desechados afuera de un mercado en Buenos Aires, Argentina. Imagen: AP.
Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con el recorte de programas sociales, las organizaciones territoriales advierten que el país podría entrar en una fase de más pobreza y mayor conflictividad social, especialmente en el norte argentino. Un documento interno de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), describe un escenario alarmante: caída del consumo, expansión del trabajo informal y un salto fuerte en los niveles de pobreza.
El detonante es la eliminación del programa Volver al Trabajo, una asistencia mensual de 78 mil pesos —congelada desde 2023— que alcanza a 900 mil personas de entre 18 y 49 años en situación de vulnerabilidad en todo el país. Aunque el monto puede parecer modesto, en muchas economías provinciales funcionaba como un engranaje clave para sostener el consumo popular.
En las provincias más pobres del país, ese ingreso representaba entre el 4 y el 9 por ciento de la economía local. El caso de Chaco es el más contundente: allí, donde gobierna Leandro Zdero, un año del programa significaba más de 42.100 millones de pesos circulando en la economía provincial. En el Gran Resistencia, donde según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el 48 por ciento de la población es pobre, ese flujo de dinero funcionaba como un amortiguador frente a la crisis.
La advertencia de la UTEP es clara: cuando desaparezca ese ingreso —tras el último pago previsto para los primeros días de abril— el golpe se sentirá con fuerza en los territorios más frágiles. El informe proyecta una contracción significativa del consumo regional y un salto en los indicadores de pobreza.
En el Norte argentino, particularmente en Chaco, Formosa y Santiago del Estero, el estudio estima una caída del consumo de entre el 8 y el 10 por ciento y un aumento de la pobreza de entre 8 y 15 puntos porcentuales, llevando el índice total hasta el 50 por ciento.
En el Litoral y el Noroeste, que incluye Jujuy, Salta, Tucumán, Misiones y Corrientes, el pronóstico también es severo: el consumo podría caer entre el 4 y el 7 por ciento, mientras que la pobreza subiría entre 5 y 10 puntos, empujando los indicadores hasta el 40 por ciento.
Para la región pampeana y el área metropolitana —Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba— el impacto sería menor, aunque igualmente negativo: una retracción del consumo entre el 2 y el 4 por ciento y una suba de la pobreza entre 2 y 5 puntos, especialmente en sectores vulnerables fuera del área metropolitana.
En la Patagonia —Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego— el impacto sería más leve: una caída del consumo entre el 1 y el 2 por ciento y un aumento de la pobreza de uno a tres puntos porcentuales.
El documento advierte además que la eliminación del programa provocará un aumento de la economía informal, con más trabajadores empujados hacia empleos precarios o de emergencia. Los más golpeados, sostienen, serán los comercios barriales, que dependen del consumo cotidiano de los sectores populares y que podrían enfrentar cierres masivos.
La advertencia no es sólo económica. También es política y social. La UTEP anticipa que estos efectos “causarán tensión social en el NOA y en las periferias urbanas”.
La respuesta de las organizaciones ya está en marcha. En rechazo a la eliminación del programa, distintos movimientos convocaron a un “piquetazo” nacional el 7 de abril, fecha en la que se realizará el último pago del Volver al Trabajo.
Entre quienes impulsan la protesta están la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, integrada por el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, además de Libres del Sur, el Frente Popular Darío Santillán, la Federación Nacional Campesina y el Polo Obrero.
El Gobierno sostiene que el programa será reconvertido hacia instancias de capacitación laboral. Pero en las organizaciones sociales reina el escepticismo. Recuerdan la experiencia del Potenciar Trabajo, que en sus mejores años —2021 y 2022— llegó a 110 mil personas con cursos en oficios como construcción, albañilería y electricidad.
“¿Y ahora van a capacitar a 750 mil personas sin poner un mango?”, ironizó uno de los dirigentes de la UTEP.
El diagnóstico social que describen en los barrios es brutal. Según relatan los propios referentes territoriales, comer una vez al día se volvió la regla para muchas familias. En algunos casos, esa comida consiste apenas en caldo de huesos o verduras descartadas por las verdulerías.
Ese panorama se agrava porque otras ayudas estatales también pierden poder de compra. La Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar siguen quedando rezagadas frente al aumento del costo de vida y ya no alcanzan a cubrir ni un tercio de la canasta básica total, que incluye alimentos y servicios esenciales.
En pocos meses, la red de asistencia estatal perdió gran parte de su capacidad de sostén. Y eso ocurre justo cuando la crisis social empieza a profundizarse.
