10/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Hogar Promover. Imagen: Leandro Teysseire.
El ajuste en la asistencia a la discapacidad empieza a mostrar sus consecuencias más concretas. A cinco meses de la interrupción en los pagos del programa Incluir Salud, el Hogar Promover, una institución con cuatro décadas de trabajo en el barrio porteño de Flores, quedó al borde del cierre. La deuda acumulada del Estado nacional compromete su funcionamiento cotidiano y pone en riesgo la continuidad de un espacio que alberga y asiste a jóvenes con patologías severas y sin red familiar.
La situación es crítica. Desde diciembre de 2025, la institución no percibe los fondos que financian la mayor parte de sus actividades. En marzo, directamente no pudo pagar los salarios de las más de 35 personas que trabajan en el lugar. “Si no entra dinero antes del fin de mes, tenemos que empezar a pensar en el cierre”, advirtió su directora, Marisa Agis.
El hogar alberga a 18 jóvenes con cuadros complejos: encefalopatías crónicas, severos compromisos motores, mentales y viscerales. Muchos de ellos no tienen lenguaje, utilizan pañales, se alimentan por gastrostomía y requieren asistencia permanente. Algunos necesitan permanecer en cama la mayor parte del tiempo y otros dependen de dispositivos como traqueostomías. La atención es constante y especializada.
La historia de Promover está atravesada por esas trayectorias. Según relató Agis, varios de los residentes llegaron cuando eran bebés, derivados desde hospitales tras haber sido abandonados por sus familias. Hoy tienen entre 15 y 30 años. “Por ejemplo a Gaby, lo fui a buscar cuando tenía tres meses y ahora tiene veintiocho. Vivió toda la vida acá”, explicó la directora.
Además de funcionar como hogar, la institución cuenta con un centro educativo terapéutico que atiende a otros treinta jóvenes. Allí se brindan tratamientos de kinesiología, fonoaudiología, psicopedagogía, psicología, musicoterapia, psicomotricidad y terapia ocupacional, junto con acompañamiento social y atención médica. El equipo incluye profesionales de distintas disciplinas, entre ellos médicas, una neuróloga y una nutricionista.
El 90 por ciento del financiamiento de la institución depende del programa Incluir Salud, que hasta diciembre de 2025 funcionaba bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Con la reorganización del área, el programa pasó a depender de la Secretaría Nacional de Discapacidad (ENADIS), dentro del Ministerio de Salud. Desde entonces, los pagos dejaron de acreditarse.
Antes de ese cambio, los cobros tenían demoras de alrededor de 60 días. La situación actual es distinta. “Desde diciembre hasta la fecha no cobramos la prestación”, señaló Agis. La única información disponible sobre los expedientes es la que figura en el sistema de Trámites a Distancia, donde, según describió, “está todo muy estático, no hay movimiento”.
La directora envió una carta a María Celeste Díaz, directora de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, para advertir sobre la situación límite. Allí planteó que, sin ingresos, el cierre es una posibilidad concreta y que eso implicaría la derivación de los jóvenes. Hasta el momento, no obtuvo respuesta.
Las cifras dimensionan el problema. Por cada uno de los jóvenes que reciben la prestación completa, la deuda asciende a 18 millones de pesos. Al multiplicar ese monto por los residentes y sumar los servicios terapéuticos, el total se vuelve imposible de sostener para la institución sin los pagos del Estado.
Desde la Secretaría Nacional de Discapacidad señalan que no cuentan con fondos propios y atribuyen la situación al Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, responsable de la asignación de partidas. Mientras tanto, la deuda se acumula y el funcionamiento del hogar queda comprometido.
En ese contexto, el personal continúa trabajando sin percibir sus salarios, sosteniendo la atención diaria de los jóvenes. La preocupación crece a medida que pasan los días sin respuestas. “No queremos que pierdan su casa, porque viven ahí y es su hogar”, expresó Agis.
El conflicto expone el impacto del recorte en áreas sensibles y deja en evidencia las consecuencias concretas de la interrupción de los programas de asistencia sobre instituciones que dependen de esos recursos para funcionar.
