25/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Marcha contra la Ley de Glaciares. Imagen: Gentileza Gustavo Molfino.
La postal no es casual ni inocente: antorchas encendidas en plena Ciudad de Buenos Aires, este sábado a las 18:30, en la esquina de Callao y Corrientes. Detrás de la convocatoria, una articulación que no suele fallar cuando el conflicto escala: organizaciones sociales, ambientales, gremiales y la comunidad universitaria saliendo a la calle para marcarle la cancha al poder político. El doble reclamo sintetiza el clima de época: frenar la reforma de la Ley de Glaciares y exigir la ejecución inmediata del presupuesto universitario.
La iniciativa, impulsada por la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires, circuló con fuerza en redes sociales y apunta directo al corazón de dos debates que el Gobierno mantiene abiertos. De un lado, la avanzada sobre territorios sensibles bajo el argumento del desarrollo. Del otro, el ahogo presupuestario de las universidades públicas, con salarios docentes que pierden contra la inflación y una ley vigente que sigue sin cumplirse.
En el frente ambiental, la reforma de la Ley de Glaciares aparece como el detonante. La modificación habilita proyectos extractivistas en zonas periglaciares, un cambio que, según las organizaciones, rompe el espíritu de la norma original sancionada en 2010. Aquella ley había establecido una protección integral de estas áreas por considerarlas reservas estratégicas, restringiendo la explotación en sus alrededores.
El giro de la nueva reglamentación no es menor: transfiere competencias a las provincias y les otorga la facultad de definir, con criterios propios, qué cuerpos de hielo y qué zonas periglaciares quedan bajo resguardo. En la práctica, denuncian las entidades ambientales, esa descentralización abre la puerta a una flexibilización de los controles y facilita la intervención minera en áreas cercanas a los glaciares.
La advertencia es concreta: lo que antes estaba blindado por una normativa nacional ahora queda sujeto a decisiones locales, en territorios donde la presión de los intereses extractivos no es una hipótesis sino una constante. Para los sectores movilizados, la reforma no moderniza la ley: la desarma.
En paralelo, el conflicto universitario suma temperatura. Los gremios docentes denuncian que el Poder Ejecutivo no ha cumplido con la Ley de Financiamiento Universitario, pese a haber sido emplazado por la Justicia. La falta de ejecución de los fondos no es una abstracción: se traduce en salarios deteriorados y en un sistema educativo que funciona al límite.
El reclamo salarial es contundente: una actualización superior al 50 por ciento para compensar una pérdida del poder adquisitivo del 34 por ciento acumulada durante la gestión libertaria. En ese contexto, la movilización no es solo una protesta sectorial, sino una señal política más amplia sobre el estado de la educación pública.
La comunidad universitaria ya anticipó que la jornada de este sábado no será un hecho aislado. En el horizonte aparece una nueva Marcha Federal prevista para el 12 de mayo, con la intención de reforzar el respaldo social al presupuesto universitario y sostener la presión sobre el Gobierno.
Así, entre antorchas y consignas, la movilización busca condensar dos frentes de conflicto que, aunque distintos, comparten un mismo trasfondo: decisiones políticas que, según los convocantes, ponen en jaque tanto los bienes naturales estratégicos como el financiamiento de la educación pública. En la esquina de Callao y Corrientes, el mensaje promete ser claro: ni los glaciares ni las universidades están en venta.
