29/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada:
La crisis social dejó de ser una estadística y se convirtió en presión directa sobre la Casa Rosada. Este miércoles al mediodía, intendentes bonaerenses, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque, marcharán hasta el Ministerio de Capital Humano para exigirle a Sandra Pettovello que salde una deuda que impacta en el plato de millones de chicos: los fondos para los comedores escolares.
La cifra no admite eufemismos. Según datos oficiales, el Gobierno de Javier Milei adeuda más de 220 mil millones de pesos en el marco del Servicio Alimentario Escolar (SAE). No es una discusión técnica: es financiamiento para comida en escuelas públicas en un contexto donde la demanda alimentaria no deja de crecer.
La movilización tendrá un mensaje político directo. Desde la provincia denuncian un recorte drástico en la participación nacional: de cubrir históricamente un tercio del programa, la Nación habría pasado a aportar apenas un 14%. Para Larroque, no se trata de un ajuste más, sino de una decisión que golpea en el punto más sensible: la alimentación.
En los municipios, el impacto ya se siente. Intendentes advierten que la demanda en comedores se disparó al ritmo de la caída del poder adquisitivo. Familias que antes no necesitaban asistencia hoy dependen del sistema escolar para garantizar una comida diaria. En ese escenario, la falta de fondos nacionales no es un problema administrativo: es un factor de emergencia social.
La respuesta de la provincia fue cubrir el vacío con recursos propios. El gobierno de Axel Kicillof incrementó un 30% la inversión en el SAE, llevando el presupuesto a cifras récord para sostener la asistencia a 2,5 millones de estudiantes. También duplicó el alcance del módulo alimentario territorial y reforzó programas sociales. Pero el mensaje es claro: el esfuerzo provincial no alcanza si la Nación se retira.
La protesta de este miércoles no es aislada. Forma parte de una escalada política que ya tuvo un capítulo previo frente al Ministerio de Economía, donde los intendentes reclamaron por tarifas, combustibles y obra pública. Ahora el foco está en la comida. Y el tono sube: en el PJ bonaerense hablan directamente de un “plan de asfixia” y de un desfinanciamiento que se combina con indicadores sociales en deterioro.
El conflicto, en definitiva, expone dos modelos en tensión. De un lado, un Gobierno nacional que ajusta partidas y redefine prioridades. Del otro, una provincia que advierte que ese recorte tiene consecuencias concretas en los sectores más vulnerables.
La escena en la puerta de Capital Humano será más que una protesta: será una postal de época. Porque cuando el reclamo gira en torno a la comida, el margen político se achica. Y ahí, el conflicto deja de ser ideológico para convertirse en algo mucho más urgente.
