29/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Movistar Arena. Imagen: Ricardo Pristupluk/La Nación.
La guerra entre poder político y poder económico sumó un nuevo capítulo con impacto judicial. El organismo recaudador Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció penalmente a la empresa que gestiona el Movistar Arena, bajo control del grupo La Nación, por una presunta evasión fiscal que supera los 2.300 millones de pesos. La acusación no es menor: evasión tributaria agravada, un delito con penas de prisión.
En el centro de la escena está Buenos Aires Arena S.A., la firma vinculada a la familia Saguier que administra uno de los principales recintos de espectáculos del país. Según la presentación encabezada por el titular de ARCA, Andrés Vázquez, la empresa habría manipulado su declaración del Impuesto a las Ganancias correspondiente a 2023 para evitar el pago de una suma millonaria.
La maniobra denunciada es técnica, pero contundente: la inclusión de un “ajuste impositivo” sin respaldo por casi 8.900 millones de pesos, bajo el argumento de actualizar quebrantos de ejercicios anteriores. Ese movimiento contable habría permitido transformar una ganancia en una pérdida fiscal, eliminando así la obligación de tributar y, además, generando crédito impositivo a futuro. Traducido: no solo no pagó, sino que se posicionó para pagar menos en adelante.
La denuncia apunta con nombre y apellido a los responsables de la firma: Luis María Julio Saguier (presidente), Eduardo Martín Lomanto (vicepresidente) y Natalia Irene Mouhape Rosso (directora). Si la Justicia confirma la acusación, enfrentan penas que van de tres años y medio a nueve años de prisión.
El caso no se agota en el estadio. En paralelo, ARCA también reclamó al propio diario La Nación el pago de una deuda impositiva. La empresa optó por judicializar el conflicto y apeló ante el tribunal fiscal, evitando por ahora el desembolso. La disputa, así, se traslada a los tribunales y escala en términos políticos.
El trasfondo es evidente. En un contexto de ajuste y presión fiscal creciente, el Gobierno de Javier Milei busca mostrar dureza frente a la evasión, incluso cuando el foco apunta a uno de los grupos mediáticos más influyentes del país. La señal es doble: disciplinamiento hacia el sector empresario y advertencia a actores con capacidad de incidencia pública.
Pero el expediente también abre interrogantes incómodos. ¿Se trata de un caso testigo contra la evasión o de una ofensiva selectiva en medio de tensiones políticas? ¿Es un avance real en la fiscalización o un capítulo más en la disputa entre el oficialismo y grupos de poder?
Lo que está claro es que la cifra en juego y el peso de los involucrados convierten la causa en algo más que un trámite judicial. Es un conflicto que mezcla dinero, poder y política. Y en ese terreno, los expedientes rara vez son solo técnicos.
