11/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ariel Lijo, el juez que lleva adelante el AdorniGate. Imagen: LPO/Juanca Casas.
La interna feroz entre los pesos pesados de la Justicia y el gobierno de Javier Milei explotó con fuerza en las últimas horas y dejó al descubierto una trama de operaciones, presiones y negociaciones secretas que sacuden a la Casa Rosada y a Comodoro Py.
En medio del escándalo que rodea a Manuel Adorni, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques terminó liberando el pliego del juez Tomás Rodríguez Ponte, el hombre que reclamaba con insistencia el juez federal Ariel Lijo. Y en los tribunales ya hablan de una rendición política del Gobierno para intentar desactivar la bomba judicial que amenaza al oficialismo.
La movida ocurrió después de que trascendieran versiones de una reunión secreta entre Lijo y Karina Milei, un encuentro que encendió todas las alarmas dentro del propio mileísmo y disparó rumores de pactos bajo la mesa para frenar causas sensibles.
Según las versiones que circulan en Comodoro Py, Lijo habría endurecido el avance de la investigación contra Adorni como forma de presión por el congelamiento del pliego de Ponte, un funcionario judicial históricamente ligado a su estructura de poder. El mensaje habría sido directo: sin acuerdos políticos, el expediente contra el exvocero podía convertirse en un problema mucho más grave para el Gobierno.
La tensión entre Mahiques y Lijo venía escalando desde hacía semanas. Ambos disputan el control futuro de la Procuración General y detrás de esa pelea se libra una guerra silenciosa por el manejo de las causas más sensibles que rodean al oficialismo.
En los pasillos judiciales aseguran que la desesperación de Karina Milei por contener los expedientes vinculados al caso $LIBRA y las denuncias sobre la ANDIS aceleró las negociaciones. La hermana del Presidente habría activado contactos urgentes para evitar que el escándalo termine golpeando directamente al corazón del poder libertario.
El resultado fue explosivo: además del pliego de Ponte, el Gobierno enviaría una catarata de nombramientos judiciales que incluirían cargos reclamados por gobernadores y sectores aliados. La decisión fue interpretada como una gigantesca señal de negociación política para contener la rebelión que empezaba a crecer dentro y fuera del Senado.
La paranoia en la Casa Rosada aumentó todavía más después de que se conociera una reunión entre Lijo y los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil. En el entorno presidencial creen que sectores de la política y de la Justicia comenzaron a moverse coordinadamente para condicionarlos.
Mientras tanto, el oficialismo intenta bajar el tono del escándalo, pero en Tribunales la lectura es otra: nadie cree que la liberación de los pliegos haya sido casual. Para muchos, fue el precio que el Gobierno tuvo que pagar para intentar frenar una guerra judicial que amenazaba con devorarse a Adorni y salpicar directamente a Karina Milei.
