28/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Tramo de la Ruta Nacional 9/34 en Salta. Imagen: Web.
Mientras miles de salteños esquivan baches, accidentes y tramos destruidos sobre una de las rutas más peligrosas y castigadas del norte argentino, once grupos empresarios ya se disputan el multimillonario negocio de la futura concesión privada de la Ruta Nacional 9/34. El proceso licitatorio avanza en medio de fuertes cuestionamientos por el abandono histórico de la infraestructura vial y por el nuevo esquema impulsado por el gobierno nacional, que trasladará costos a los usuarios mediante peajes.
La situación explotó políticamente luego de que el gobernador Gustavo Sáenz anunciara que la Provincia deberá hacerse cargo con fondos propios de obras urgentes sobre un tramo clave entre Metán y Rosario de la Frontera, ante la parálisis y el retiro financiero de la Nación. El convenio firmado con Vialidad Nacional para ejecutar tareas de bacheo y reparación de calzada dejó expuesta la crítica situación de una traza vital para la producción, el transporte y la conexión del NOA.
Pero detrás de la emergencia vial aparece ahora otro frente de disputa: la feroz carrera empresarial por quedarse con el control del corredor. Según trascendió, once oferentes —entre constructoras gigantes y uniones transitorias— presentaron propuestas técnicas para administrar el denominado “Tramo Noroeste” de la Red Federal de Concesiones, un gigantesco paquete de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales.
Dentro de ese esquema, Salta ocupa un lugar estratégico. El tramo provincial incluye unos 250 kilómetros de las rutas nacionales 9 y 34, corredores considerados fundamentales para el transporte de cargas, el comercio regional y la salida productiva hacia otras provincias y países limítrofes.
Sin embargo, el anuncio que generó más controversia fue la confirmación de que las empresas privadas deberán financiar inicialmente las obras con capital propio, aunque luego quedarán habilitadas para cobrar peajes una vez finalizadas determinadas mejoras mínimas de infraestructura. En otras palabras: primero las reparaciones, después el negocio de las cabinas.
El nuevo sistema también incluirá un esquema interoperable de peajes que permitirá a los automovilistas circular entre Metán y la ciudad de Salta pagando una sola tarifa dentro de una ventana horaria determinada. Aunque el mecanismo fue presentado como una “modernización”, muchos usuarios ya advierten que el costo final terminará recayendo otra vez sobre trabajadores, productores y transportistas.
El trasfondo político es todavía más delicado. La decisión de Nación de avanzar hacia concesiones privadas ocurre en paralelo con un fuerte retiro del Estado nacional en materia de obra pública, una política impulsada por la administración libertaria de Javier Milei que viene provocando paralización de proyectos, despidos y deterioro acelerado de rutas en todo el país.
En Salta, la Ruta 9/34 se transformó en símbolo del abandono vial. Productores rurales, transportistas y vecinos vienen denunciando desde hace años el estado crítico de la calzada, la falta de mantenimiento y el riesgo permanente de accidentes fatales. Las críticas se profundizaron luego de que sectores del campo aseguraran que el deterioro “ya hace daño” no solo a vehículos y cargas, sino también a la actividad económica regional.
A esto se suma otro dato que genera ruido político: el pliego técnico incorporó además un tramo extra de 45 kilómetros correspondiente al acceso principal a la ciudad de Salta. Sin embargo, la única obra obligatoria confirmada para la zona será la construcción de un distribuidor vial en el empalme de las rutas 16 y 9/34 en Metán, un anuncio que muchos consideran insuficiente frente al colapso general de la red vial.
Con las rutas destruidas, la Nación retirada y las concesionarias preparándose para desembarcar, el nuevo mapa vial del norte argentino empieza a tomar forma bajo una lógica que despierta fuertes críticas: menos inversión pública, más privatización y peajes cada vez más caros para circular por caminos que hoy siguen en estado crítico.
El resultado de la licitación podría redefinir durante años el control de uno de los corredores más importantes del país. Pero mientras las empresas cuentan millones y los gobiernos intercambian anuncios, los usuarios siguen transitando una ruta marcada por el abandono, los peligros y la bronca social creciente.
