02/06/2026.- Salta al Instante.- Por Nico Ortiz.- Foto portada: Partido Justicialista de Salta. Imagen. Web.
Lo que debía ser la normalización del Partido Justicialista de Salta terminó convirtiéndose en un nuevo foco de conflicto político y judicial. Afiliados denunciaron que el cronograma electoral impulsado por el interventor designado por la jueza María Servini favorece a los sectores y limita la participación de los espacios opositores dentro del peronismo.
La prometida normalización del Partido Justicialista de Salta ya enfrenta una tormenta política y judicial. A pocas semanas de la convocatoria a elecciones internas, afiliados salieron a denunciar que el proceso impulsado por el interventor judicial José Luis Gambetta está diseñado para beneficiar a los sectores que hoy orbitan alrededor del poder provincial.
La impugnación presentada ante la Justicia Federal no apunta solamente a cuestiones administrativas. Detrás del reclamo aparece una acusación mucho más profunda: que la intervención judicial que debía devolverle institucionalidad al partido podría terminar consolidando el control de un solo sector político sobre el peronismo salteño.
Los denunciantes sostienen que los plazos fijados son prácticamente imposibles de cumplir para cualquier agrupación que no cuente con una estructura previamente armada. Mientras que otros sectores disponen de recursos, dirigentes territoriales y organización consolidada, quienes intentan construir una alternativa interna denuncian que están siendo empujados fuera de la competencia antes de que comience la carrera.
La principal polémica gira alrededor del cronograma electoral aprobado por Gambetta. El esquema concentra en pocas semanas afiliaciones, exhibición de padrones, presentación de listas y oficialización de candidaturas.
Para los impugnantes, no se trata de una normalización democrática sino de una carrera contrarreloj que beneficia a quienes ya tienen armado el aparato partidario.
La denuncia sostiene que para presentar una lista completa es necesario reunir cientos de candidatos titulares y suplentes distribuidos en los 23 departamentos de la provincia, una tarea prácticamente imposible dentro de los tiempos establecidos.
La crítica golpea directamente al corazón del proceso. Si las reglas hacen imposible competir, afirman, la elección pierde legitimidad antes de celebrarse.
La controversia vuelve a exponer la feroz disputa que atraviesa al peronismo salteño desde hace más de un año. Por un lado aparecen los sectores cercanos a Gustavo Sáenz, que impulsan una rápida devolución del partido a los afiliados. Del otro, dirigentes vinculados al exgobernador Juan Manuel Urtubey, que denuncian una maniobra destinada a quedarse con el control definitivo de la estructura partidaria.
El conflicto se agravó porque la intervención judicial encabezada por María Servini desplazó a las autoridades designadas por el PJ nacional apenas días antes de que el Congreso partidario discutiera una salida política propia para la crisis.
La decisión fue interpretada por algunos sectores como una intromisión judicial que alteró completamente el tablero interno del peronismo salteño.
Pero la polémica no termina ahí. Uno de los datos más explosivos surgió cuando trascendió que Esteban Amat Lacroix, uno de los principales impulsores de la demanda que derivó en la intervención judicial, tendría cuestionamientos respecto de su propia condición de afiliado partidario.
La revelación abrió nuevos interrogantes sobre el proceso que terminó colocando al PJ salteño bajo tutela judicial.
Ahora la paradoja es evidente: la misma Justicia que intervino el partido argumentando la necesidad de garantizar una normalización democrática deberá resolver si las elecciones organizadas por esa intervención cumplen realmente con los principios de transparencia, participación y competencia interna.
Mientras tanto, el peronismo salteño sigue atrapado en una pelea que parece no tener final. Lo que está en juego no es solamente una elección partidaria. Se disputa el control del principal sello político de la provincia, el armado de cara a 2027 y el liderazgo de un espacio que todavía no logra definir quién conducirá su futuro.
