30/07/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: Milei. Imagen: Web.
El Gobierno nacional modificó por decreto la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que emitan «mensajes de odio» contra argentinos o agravien los símbolos patrios. La medida fue oficializada mediante el DNU 681/2026 y abrió un nuevo debate sobre sus alcances.
El presidente Javier Milei firmó un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 681/2026) que modifica la Ley de Migraciones N.º 25.871 e incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de ciudadanos extranjeros del país.
La norma, publicada este jueves en el Boletín Oficial, establece que podrán ser rechazados en la frontera o expulsados quienes hayan emitido «mensajes de odio» contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por razones de nacionalidad, así como quienes participen en actos considerados de agravio a los símbolos patrios.
Desde el Ejecutivo argumentaron que la medida busca preservar la cohesión social, el orden público y la convivencia pacífica, al considerar que este tipo de conductas vulnera los principios sobre los que se sostiene la admisión de extranjeros en el país.
La decisión llega tras la polémica del Mundial
La modificación de la legislación migratoria se produce semanas después de la fuerte controversia generada durante el Mundial 2026, cuando el Gobierno denunció una supuesta «campaña antiargentina» a partir de críticas y manifestaciones ocurridas en distintos países tras la participación de la Selección.
En ese contexto, la administración libertaria endureció su discurso sobre la defensa de la imagen del país y sostuvo públicamente que quienes ataquen a la Argentina no deberían ser recibidos en territorio nacional.
Qué cambia la Ley de Migraciones
El DNU incorpora como nuevas causales de inadmisión y expulsión la emisión de mensajes que inciten al odio o a la violencia contra argentinos y la participación en actos de ultraje a los símbolos nacionales.
El decreto también modifica el artículo 63 de la legislación vigente para establecer que, cuando se configure alguna de estas situaciones, podrá disponerse la cancelación de la residencia, la obligación de abandonar el país o directamente la expulsión.
Debate por el alcance del decreto
La decisión abrió un nuevo debate jurídico y político. Mientras el Gobierno sostiene que la medida responde a una situación excepcional y busca proteger la convivencia social, especialistas advierten que el decreto otorga un amplio margen de interpretación sobre qué expresiones pueden ser consideradas «mensajes de odio».
El propio texto aclara que las críticas políticas o las expresiones de disenso ideológico no podrán ser consideradas como causales de expulsión, aunque distintos sectores plantean interrogantes sobre la aplicación práctica de esa disposición y el alcance que tendrá la autoridad migratoria para evaluar cada caso.
