17/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: El ministro de Defensa, Carlos Presti. Imagen: Luis Robayo/AFP.
La propia Armada denunció ante la Justicia Federal 645 acreditaciones presuntamente indebidas a 23 personas durante casi cuatro años. Entre los beneficiarios aparece la esposa del entonces jefe del Departamento Revista, mientras que cuatro personas sin vínculo con la fuerza habrían recibido $434 millones.
Un nuevo escándalo financiero quedó instalado dentro de la Armada Argentina luego de que la propia fuerza denunciara ante la Justicia Federal un esquema de presuntos pagos irregulares que habría funcionado entre julio de 2022 y enero de 2026.
La presentación judicial reconstruyó 645 acreditaciones indebidas por $981.148.567,88, realizadas a favor de 23 personas, mediante modificaciones en los archivos destinados al pago de haberes. El caso quedó bajo investigación del juez federal Sebastián Ramos y del fiscal federal Ramiro González.
La maniobra bajo investigación
Según la denuncia presentada por el jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio, se habrían producido modificaciones en los archivos utilizados para transferir los haberes al Banco Nación.
La investigación detectó diferencias entre las liquidaciones oficiales y los montos efectivamente acreditados. En algunos casos, además, los pagos no tendrían respaldo en haberes legítimamente liquidados.
La reconstrucción indica que determinados archivos podían ser modificados para incorporar importes superiores a los correspondientes y posteriormente volver a sus valores originales, dejando menos rastros de las alteraciones en los registros habituales.
La Justicia deberá determinar ahora quiénes participaron, cómo se realizaron las modificaciones y cuál fue el destino final del dinero.
Cuatro personas ajenas a la Armada recibieron $434 millones
Uno de los puntos más llamativos del expediente es que cuatro de los 23 beneficiarios identificados no tenían vínculo laboral ni funcional con la Armada.
Según la denuncia, se trata de María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia. En conjunto, habrían recibido 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del monto histórico investigado.
El mayor monto individual correspondió a María del Carmen Prieto, quien habría recibido $152.259.495,86 mediante 46 acreditaciones.
El caso adquiere una particular relevancia porque Prieto era esposa del entonces jefe del Departamento Revista, el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanassof, área vinculada con la liquidación de haberes.
Atanassof quedó bajo investigación
De acuerdo con la documentación incorporada a la denuncia, Atanassof fue consultado durante la investigación administrativa por las acreditaciones realizadas a personas ajenas a la fuerza.
Según el expediente, reconoció conocer las operaciones y señaló que los pagos se efectuaban manualmente. La presentación judicial sostiene además que habría manifestado que él decidía beneficiarios, importes y operaciones y que las ejecutaba personalmente.
La situación cambió cuando la investigación detectó que entre los beneficiarios figuraba su esposa. A partir de entonces, la Armada dispuso su relevo preventivo y preservó los equipos informáticos utilizados para preparar y transmitir los archivos de pago.
La responsabilidad penal de Atanassof y del resto de las personas involucradas deberá ser determinada por la Justicia.
El caso salió a la luz durante una revisión interna
La investigación comenzó en febrero de 2026, después de que una revisión de los haberes correspondientes a enero detectara que cinco agentes del Departamento Revista habían recibido suplementos que no les correspondían.
A partir de ese hallazgo se ampliaron los controles y se compararon los datos del sistema de haberes, los recibos publicados y las acreditaciones bancarias.
El relevamiento terminó revelando un período mucho más extenso: las operaciones cuestionadas se remontarían a 2022 y se extendieron hasta enero de 2026.
Ya hubo devoluciones de dinero
La documentación presentada ante la Justicia también registra devoluciones efectuadas por algunos de los beneficiarios.
Hasta el momento de la denuncia, la Armada contabilizó $42.574.267,63 restituidos mediante transferencias a la cuenta operativa del sistema financiero de la fuerza.
La cifra representa una parte del monto histórico detectado. La denuncia diferencia las devoluciones del total de las operaciones consideradas indebidas, por lo que el perjuicio investigado continúa siendo de $981,1 millones.
El escándalo también alcanza a la conducción de Defensa
El caso abrió además interrogantes sobre los mecanismos de control dentro de la fuerza y sobre el momento en que las autoridades superiores tomaron conocimiento de las irregularidades.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, quedó políticamente involucrado en la discusión por su responsabilidad institucional sobre la cartera. Según información publicada por medios nacionales, posteriormente ordenó avanzar contra el personal involucrado.
Sin embargo, la denuncia judicial no atribuye a Presti participación en las maniobras investigadas. Por ahora, el eje del expediente está puesto en reconstruir el circuito de pagos, identificar a todos los responsables y determinar si existió una estructura organizada para desviar fondos.
Una investigación que todavía puede crecer
El expediente judicial establece por ahora 23 personas y $981.148.567,88 en acreditaciones cuestionadas, pero la investigación continúa abierta.
Distintos medios informaron que existen estimaciones sobre un perjuicio potencialmente mayor, aunque esas cifras no forman parte del monto formalmente acreditado en la denuncia.
La Justicia deberá establecer si hubo más operaciones, si participaron otras personas y cuál fue el destino de los fondos. Mientras tanto, la denuncia de la propia Armada dejó expuesto un sistema de pagos que, según la documentación presentada, permitió realizar cientos de acreditaciones por fuera de las liquidaciones correspondientes durante varios años.
