17/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada:
La iniciativa ingresó al Congreso con Malvinas como eje, pero también incorpora un nuevo régimen contra el terrorismo, restricciones al financiamiento extranjero de campañas y delitos vinculados con la manipulación de la opinión pública.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa presentada oficialmente como una herramienta para reforzar el reclamo argentino sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y proteger recursos estratégicos. Sin embargo, el texto también introduce cambios en materia de seguridad nacional, inteligencia, financiamiento político, influencia extranjera y terrorismo.
Uno de los puntos que genera mayor atención es la incorporación del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) dentro de la estructura legal de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El proyecto establece que la inscripción en ese registro no dependerá necesariamente de la existencia previa de una causa penal. Según el texto difundido, podrán existir motivos razonables para sospechar una vinculación con actividades terroristas, su financiamiento o la proliferación de armas de destrucción masiva.
Qué consecuencias puede tener una inscripción en el RePET
La inclusión en el registro puede activar medidas económicas de manera inmediata. Entre ellas aparecen la inmovilización de fondos y activos y restricciones para realizar determinadas operaciones financieras o económicas.
También se contemplan limitaciones para contratar con el Estado y acceder a determinados beneficios públicos. La UIF deberá comunicar la medida al Ministerio Público Fiscal y a un juez federal penal, que podrá ratificarla, modificarla o revocarla.
El proyecto, además, incorpora un delito específico para quien proporcione deliberadamente apoyo material a organizaciones o personas vinculadas con actividades terroristas o con la proliferación de armas de destrucción masiva, con penas de entre 5 y 15 años de prisión.
Nuevas penas por influencia extranjera y desinformación
Otro de los capítulos relevantes aparece bajo el título “Fortalecimiento ante la influencia extranjera”.
La iniciativa propone incorporar el artículo 225 bis al Código Penal para sancionar con 5 a 12 años de prisión a quienes, actuando por cuenta o con financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, procuren alterar procesos electorales o “manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
La pena podría llegar hasta 15 años cuando intervengan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales, según el proyecto.
La iniciativa también incorpora otras figuras vinculadas con la entrega de secretos a Estados extranjeros y el apoyo material a operaciones clandestinas de inteligencia extranjera.
Restricciones al financiamiento extranjero de campañas
El proyecto modifica además la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos.
La propuesta prohíbe que personas extranjeras sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen o ejecuten determinadas actividades de campaña o propaganda electoral.
También establece sanciones económicas para quienes infrinjan estas restricciones y para los responsables económico-financieros de los partidos que utilicen esos fondos.
Un nuevo Sistema de Seguridad Nacional
El proyecto no se limita al régimen antiterrorista. También crea un Sistema de Seguridad Nacional coordinado por un nuevo Consejo de Seguridad Nacional, que estará presidido por el Presidente.
El organismo reuniría funciones vinculadas con política exterior, economía, defensa, inteligencia y ciberseguridad, además de intervenir en cuestiones relacionadas con infraestructura crítica y amenazas externas.
De acuerdo con el análisis publicado por elDiarioAR, el Consejo también podría disponer determinadas medidas administrativas frente a situaciones consideradas una afectación o amenaza a la Seguridad Nacional, con revisión judicial posterior en algunos supuestos.
El proyecto todavía debe ser debatido por el Congreso
La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados durante la madrugada del 17 de septiembre y ahora deberá atravesar el proceso legislativo. Por tratarse de un proyecto, ninguna de estas modificaciones constituye todavía una ley vigente y el contenido puede cambiar durante la discusión parlamentaria.
El Gobierno sostiene que el nuevo marco busca proteger la soberanía argentina frente a amenazas externas y fortalecer la capacidad del Estado para responder ante actividades consideradas contrarias a los intereses nacionales. La Oficina del Presidente presentó el proyecto sobre tres ejes: sancionar la explotación no autorizada de recursos, generar incentivos para detener esas actividades y dotar al Estado de herramientas frente a amenazas externas.
El debate legislativo deberá determinar ahora el alcance definitivo de estas facultades, especialmente en los capítulos vinculados con terrorismo, inteligencia, desinformación, influencia extranjera y restricciones económicas.
