Jaldo y Provincias Unidas bloquearon el debate sobre tierras

16/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Martín Menem. Imagen: LPO/Juan Casas,
La oposición reunió 121 diputados y quedó a ocho del quórum necesario para debatir el DNU 70/23, que modificó las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Las ausencias de legisladores peronistas, radicales y de Provincias Unidas impidieron abrir la sesión. Entre los señalados por su postura estuvieron los diputados que responden a Osvaldo Jaldo, Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres, además del último larretista del PRO.

El Gobierno logró bloquear el debate sobre el DNU 70/23 en la Cámara de Diputados, luego de que la oposición no consiguiera reunir el quórum necesario para tratar la derogación de la norma que modificó las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

A las 14:30 del jueves, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la sesión especial. Solo 121 diputados ocuparon sus bancas, ocho menos que los 129 necesarios para habilitar el debate. La estrategia del oficialismo y la ausencia de legisladores de distintos bloques impidieron que la oposición avanzara con el tratamiento del decreto.

Entre las ausencias que generaron sorpresa estuvieron las de integrantes de la bancada peronista y de sectores dialoguistas. La falta de acompañamiento de diputados vinculados a gobernadores provinciales resultó determinante para frustrar la sesión.

La santiagueña Estela Neder había anticipado que no asistiría por cuestiones familiares, mientras que el fueguino Agustín Tita, alineado con el gobernador Gustavo Melella, faltó sin mayores explicaciones, según la información publicada.

Jaldo y sus diputados, en el centro de las ausencias

Los tres diputados tucumanos del bloque Independencia, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, no bajaron al recinto. Se trata de Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández, quienes habían mantenido conversaciones con representantes de la oposición hasta la noche del miércoles para evaluar su incorporación al quórum.

Sin embargo, finalmente no participaron de la sesión. Según la publicación, un llamado de Jaldo habría sido suficiente para frenar la posibilidad de que sus legisladores acompañaran la apertura del debate.

Otra ausencia que llamó la atención fue la de María Inés Zigarán, diputada radical jujeña que había firmado la convocatoria a la sesión especial, pero no ocupó su banca. La legisladora, exministra del gobernador Carlos Sadir, suele mantener posiciones diferenciadas de la conducción tradicional de la UCR.

También faltó el jujeño Jorge Rizzotti, cuya posición suele alinearse con las indicaciones de Sadir. Las dos ausencias se sumaron a las dificultades de la oposición para alcanzar el número necesario.

La presión sobre los diputados salteños

En el caso de Salta, el Gobierno nacional habría intentado condicionar la posición de los legisladores mediante un comunicado sobre las proyecciones de inversión en los ramales del Belgrano Cargas.

Sin embargo, Bernardo Biella y Pablo Outes finalmente ocuparon sus bancas y dieron quórum, de acuerdo con la publicación. Ambos diputados salteños participaron de la sesión, pese a las presiones y las negociaciones en torno a las inversiones ferroviarias.

La nota señala que desde el entorno de los legisladores sostuvieron que no quedarían comprometidos con el Gobierno nacional a cambio de una promesa de inversión.

Provincias Unidas también aportó ausencias decisivas

El bloque Provincias Unidas registró ocho ausencias, la misma cantidad de diputados que le faltaron a la oposición para alcanzar el quórum. Entre los legisladores que no asistieron estuvieron la cordobesa Alejandra Torres; los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez; el rionegrino Jorge Capozzi; el chubutense Jorge Ávila, y Lourdes Arrieta.

Scaglia y Núñez responden al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, mientras que Ávila suele actuar en sintonía con el mandatario de Chubut, Ignacio Torres.

El caso de Alejandra Torres fue diferente: según la publicación, ya había anticipado que estaba en contra de derogar el decreto, aunque se había comprometido a ocupar su banca si a la oposición le faltaba un solo legislador para llegar a los 129 necesarios.

A esas ausencias se sumaron las de los bloques que habitualmente respaldan al oficialismo: los 12 diputados del PRO, seis integrantes de la UCR que conduce Pamela Verasay y los dos representantes del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Eduardo Falcone y Oscar Zago.

Entre los ausentes también estuvo Álvaro González, identificado como el último diputado larretista dentro del PRO, quien contribuyó a que el oficialismo conservara el bloqueo del debate.

Menem celebró el fracaso opositor y la oposición respondió

Tras confirmarse la caída de la sesión, Martín Menem celebró en redes sociales que la oposición no hubiera logrado reunir el quórum. El titular de Diputados sostuvo que quienes intentaron frenar al Gobierno volvieron a fracasar y afirmó que el país ya había elegido un rumbo del que no retrocedería.

La celebración se produjo luego de horas de tensión política y negociaciones para garantizar las ausencias necesarias. El episodio también se desarrolló en medio de las disputas internas dentro del oficialismo.

Una vez caída la sesión, los diputados opositores utilizaron el recinto para expresar sus posiciones durante los discursos en minoría.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó al oficialismo y sostuvo que tener una mayoría circunstancial no significa tener la razón. Por su parte, el radical Pablo Juliano acusó al Gobierno de cambiar de posición según su conveniencia y criticó que impulse modificaciones vinculadas con la venta de tierras mientras reivindica discursos sobre la soberanía nacional.

Miguel Ángel Pichetto también cuestionó al Gobierno, pero señaló errores en la estrategia opositora para calcular los votos necesarios para abrir la sesión.

La falta de quórum dejó sin tratamiento el DNU 70/23 y mantuvo vigente la norma, mientras continúa la disputa política por las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.