16/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Milei. Imagen: Web.
El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, en la investigación por presuntas coimas vinculadas con la compra de insumos para personas con discapacidad. Además, elevó el embargo sobre sus bienes a 47.000 millones de pesos y extendió la medida a decenas de empresarios investigados, en una causa que también involucra a funcionarios del Gobierno de Javier Milei.
El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo, exjefe de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el expediente que investiga un presunto esquema de pago de coimas entre funcionarios del Gobierno nacional y empresarios proveedores del Estado.
La causa busca determinar si existieron acuerdos irregulares para direccionar la compra de insumos destinados a personas con discapacidad. La investigación también alcanza a empresarios del sector de la salud y salpica a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, cuyo posible grado de participación deberá establecerse en el marco de la investigación judicial.
En su resolución, Lijo dispuso ampliar el procesamiento de Spagnuolo sin prisión preventiva, en su presunto rol como jefe de la asociación ilícita investigada. La medida mantiene la investigación sobre los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada, por el supuesto perjuicio ocasionado a la administración pública nacional.
Un embargo que asciende a $47.000 millones
Además de ampliar el procesamiento, el magistrado elevó el embargo sobre los bienes de Spagnuolo hasta alcanzar los 47.000 millones de pesos. La decisión se conoció después de que el juzgado tomara declaración indagatoria a 35 acusados, entre los que figuran funcionarios del Gobierno de Milei y empresarios que proveen bienes y servicios al Estado.
La ampliación de las medidas judiciales profundiza una investigación que pone bajo la lupa los mecanismos de contratación pública en el área de discapacidad y la relación entre funcionarios y proveedores privados. El expediente deberá determinar las responsabilidades individuales y si las presuntas maniobras ocasionaron un perjuicio económico al Estado.
Por el momento, el procesamiento no implica una condena: la responsabilidad penal de los acusados deberá definirse mediante el avance del proceso judicial.
