19/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Caputo y Bausili. Imagen: Noticias Argentinas.
Una denuncia penal solicita allanar el Banco Central y secuestrar correos electrónicos y contratos para determinar cómo se eligió al Deutsche Bank para operar con el oro de las reservas. La investigación apunta al ministro de Economía, Luis Caputo; al titular del BCRA, Santiago Bausili; y a otros dos funcionarios, por operaciones que dejaron una pérdida de US$ 1.023 millones, según la Auditoría General de la Nación.
La operatoria con el oro de las reservas argentinas suma nuevos capítulos judiciales y pone bajo presión a las autoridades económicas del Gobierno de Javier Milei. El abogado Gregorio Dalbón solicitó a la Justicia federal allanar el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para obtener correos electrónicos, registros informáticos y documentación vinculada con las operaciones financieras que provocaron un perjuicio de US$ 1.023 millones.
El objetivo es determinar quién decidió operar con el Deutsche Bank, cuáles fueron las condiciones pactadas y si existieron beneficios indebidos para funcionarios o terceros. La entidad alemana aparece bajo la lupa porque tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, tuvieron vínculos profesionales con ese banco antes de ocupar sus actuales cargos públicos.
La presentación judicial también amplía la denuncia contra ambos funcionarios y suma a otros dos integrantes de la estructura del organismo: Juan Ernesto Curutchet, superintendente de Entidades Financieras, y Nicolás Marcelo Ferro, subsuperintendente e integrante del directorio. Dalbón solicitó que los cuatro sean citados a declaración indagatoria.
La causa, identificada con el expediente 4971/2026, tramita ante el juez federal Ariel Lijo. Entre las principales preguntas que busca responder figuran cómo se seleccionaron las contrapartes financieras, cuánto costaron realmente las operaciones y si alguien obtuvo una ventaja económica indebida.
La operación con el oro que dejó un perjuicio millonario
La Auditoría General de la Nación (AGN) identificó una pérdida total de US$ 1.023 millones en las operaciones vinculadas con el oro del Banco Central. El monto está compuesto por US$ 960,2 millones correspondientes a resultados negativos por opciones financieras y US$ 62,8 millones en primas.
Según la información incorporada a la denuncia, el mecanismo habría consistido en contratar una cobertura frente a una eventual caída del precio del oro y, al mismo tiempo, venderles a entidades financieras el derecho a comprar el metal a un valor superior a los US$ 3.000 por onza.
Sin embargo, el precio internacional terminó superando los US$ 4.000 por onza. Esa evolución obligó al Banco Central a afrontar la diferencia derivada de las condiciones acordadas, con un resultado negativo para las reservas argentinas.
La AGN confirmó el perjuicio al aprobar el balance 2025 del organismo. El caso ya había generado cuestionamientos por el impacto económico de las operaciones y ahora la investigación apunta a reconstruir quiénes las diseñaron, quiénes las autorizaron y qué entidades financieras se beneficiaron.
Deutsche Bank: los vínculos que busca esclarecer la Justicia
Uno de los principales puntos de la denuncia es la participación del Deutsche Bank en las operaciones. Caputo y Bausili trabajaron anteriormente en esa entidad, un antecedente que, según el planteo del abogado, vuelve necesario esclarecer cómo se eligió al banco como contraparte del negocio con el oro argentino.
La presentación también recuerda que Bausili fue investigado previamente por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública relacionadas con contrataciones que habrían beneficiado a esa misma institución. Este antecedente forma parte de los argumentos expuestos en el escrito judicial, pero no constituye por sí mismo una prueba de responsabilidad en la operatoria ahora investigada.
A las dudas sobre la selección de las entidades financieras se suma otro punto: el Banco Central se habría negado a entregar a la AGN copias de los contratos. Esa documentación resulta fundamental para conocer las condiciones de las operaciones y establecer qué funcionarios intervinieron en su autorización.
También permanece sin esclarecer el monto total de las comisiones pagadas a los bancos. Dalbón mencionó una cifra superior a US$ 60 millones, cuya composición y destino deberán verificarse durante la investigación.
Piden secuestrar los correos y preservar las pruebas
El abogado sostiene que la evidencia más importante está en los documentos y sistemas electrónicos del propio Banco Central. El problema, advierte, es que los registros podrían ser modificados, ocultados o eliminados por personas con acceso a esa información.
Por ese motivo, solicitó que se realice un allanamiento para copiar los correos electrónicos de la Presidencia del BCRA, del directorio y de las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos correspondientes a 2024 y 2025.
El pedido incluye preservar los registros de acceso y modificación de los archivos, con el propósito de reconstruir la secuencia de decisiones y establecer quiénes participaron en cada etapa de las operaciones.
En caso de que el juez no autorice el allanamiento, Dalbón reclamó que se ordene la presentación de la documentación y se intime al organismo a conservarla.
La investigación también deberá determinar qué papel desempeñó Nicolás Marcelo Ferro. Su incorporación a la denuncia se relaciona con su participación en el directorio del Banco Central, cuya intervención en decisiones monetarias y cambiarias deberá analizarse para establecer si tuvo responsabilidad en la aprobación, el control o la ratificación de las operaciones.
La investigación apunta a reconstruir el recorrido del dinero
Además de las medidas sobre los sistemas informáticos del BCRA, Dalbón solicitó una serie de diligencias para identificar a los beneficiarios de las operaciones.
Entre ellas, pidió que el Banco Central informe cómo seleccionó a cada contraparte financiera, qué entidades fueron invitadas a participar, cuáles fueron las ofertas recibidas y quién propuso concretar los negocios.
También reclamó un detalle del costo total de las operaciones, incluidas las comisiones, los honorarios y los márgenes aplicados, junto con la identificación de los destinatarios de cada pago.
Otro requerimiento está dirigido al Deutsche Bank, al que se le solicitaría la entrega de los contratos y la información sobre posibles comisiones o retrocesiones abonadas a terceros.
La presentación incluye, además, consultas a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar si existen reportes relacionados con estas transacciones. También propone requerir información a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) sobre eventuales pagos a funcionarios argentinos vinculados con la operatoria.
Por último, el abogado pidió la intervención de peritos contadores y especialistas en instrumentos financieros derivados para cuantificar el perjuicio económico y analizar cómo se distribuyeron los beneficios y las pérdidas.
Qué delitos se investigan
La denuncia plantea posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, contempla la posibilidad de investigar una eventual asociación ilícita si se reunieran pruebas que acrediten la existencia de una estructura organizada y estable.
La presentación no implica que los funcionarios denunciados sean culpables: la responsabilidad penal deberá determinarse a partir de las pruebas que se incorporen al expediente.
Sin embargo, la magnitud del perjuicio informado por la AGN y las dudas sobre la selección de las entidades financieras colocan a la operatoria bajo una fuerte exigencia de transparencia.
La pregunta central sigue siendo quién se benefició con los US$ 1.023 millones que perdió el Banco Central. La Justicia deberá establecer cómo se tomaron las decisiones, cuánto dinero recibieron las entidades participantes y si hubo pagos o ventajas indebidas para funcionarios o terceros.
