21/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Creada con IA.
Mientras Javier Milei profundiza su alineamiento con Washington, Estados Unidos pidió disolver el Comité de Descolonización de la ONU, el organismo donde la Argentina sostiene su reclamo por las Islas Malvinas. Al mismo tiempo, funcionarios estadounidenses buscan que sus empresas queden excluidas de las sanciones contra la explotación petrolera en la zona, mientras el Gobierno argentino enfrenta dificultades para avanzar con su propia legislación.
La política exterior de Javier Milei vuelve a quedar bajo cuestionamiento por su estrategia en torno a las Islas Malvinas. Estados Unidos pidió cerrar el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, el foro internacional en el que la Argentina reclama negociaciones con el Reino Unido por la soberanía del archipiélago. La iniciativa expone una contradicción para el Gobierno, que reivindica su cercanía con Donald Trump mientras Washington impulsa medidas que podrían debilitar los instrumentos diplomáticos argentinos.
El jueves 15 de octubre, durante una sesión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, la delegación estadounidense sostuvo que el comité había perdido su propósito original y cuestionó los recursos destinados a su funcionamiento. Sin embargo, ese organismo constituye uno de los espacios centrales para mantener vigente el reclamo argentino y respaldar la necesidad de que Buenos Aires y Londres negocien una solución, de acuerdo con la resolución 2065 de 1965.
La iniciativa de Washington apunta directamente contra uno de los principales ámbitos internacionales donde la Argentina defiende sus derechos sobre Malvinas.
Milei se abstuvo en una votación sobre colonialismo
La posición argentina también generó controversia durante la misma sesión. El Gobierno se abstuvo en una votación sobre las formas contemporáneas del colonialismo, impulsada por Rusia, que incluía referencias a la explotación de recursos naturales en violación de la soberanía de los Estados.
Estados Unidos y el Reino Unido votaron en contra de esa resolución. La administración de Milei justificó su abstención porque el documento consideraba las sanciones económicas unilaterales como una forma de colonialismo, una definición que, según el argumento oficial, podría afectar las medidas argentinas relacionadas con Malvinas.
Sin embargo, la explicación quedó bajo cuestionamiento cuando el vocero presidencial, Adrián Ravier, manifestó que existía “sintonía” entre la propuesta estadounidense de disolver el comité y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsada por Milei. También señaló que el eventual respaldo argentino a la disolución se encontraba bajo análisis.
Mientras tanto, La Libertad Avanza no consiguió reunir el quórum ni las firmas necesarias para emitir dictamen sobre el proyecto en comisión. El tratamiento pasó al martes 27 de octubre y la iniciativa quedó fuera de la sesión prevista para el miércoles.
El excanciller Jorge Taiana cuestionó la abstención argentina y advirtió que la decisión terminó favoreciendo la posición de Estados Unidos en un asunto vinculado con el colonialismo.
La presión de Estados Unidos por las sanciones petroleras
El conflicto también tiene un componente económico. El 3 de septiembre, Milei anunció el endurecimiento de las sanciones contra el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y operado por la compañía israelí Navitas Petroleum junto con la británica Rockhopper Exploration.
Al día siguiente, el Decreto 868/26 aceleró las inhabilitaciones contempladas en la Ley 26.659, sancionada en 2011. El 5 de septiembre, las empresas estadounidenses SLB, Baker Hughes y Halliburton comunicaron que no prestarían servicios en las islas. Las tres compañías tienen actividad en el sector energético argentino, incluida Vaca Muerta.
El Gobierno había logrado que importantes proveedores petroleros anunciaran que no trabajarían en Malvinas, pero la presión de Washington amenaza con limitar el alcance de esa estrategia.
El 17 de septiembre, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para ampliar las sanciones a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores de empresas que operen sin autorización argentina en la plataforma continental.
Según informó el diario Clarín, funcionarios estadounidenses plantearon dos alternativas: frenar la ley o modificarla para excluir a las compañías de su país. La segunda opción permitiría que empresas estadounidenses continuaran prestando servicios en el área sin quedar alcanzadas por las restricciones argentinas.
Milei mantuvo una comunicación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en medio de estas tensiones.
Una excepción para las empresas estadounidenses podría debilitar el régimen de sanciones y generar un tratamiento desigual según la nacionalidad de los proveedores.
Londres también busca neutralizar las medidas argentinas
La disputa escaló en octubre. El día 13, la Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, medidas provisionales para frenar el proyecto Sea Lion mientras se constituye el tribunal arbitral previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Un día después, el Gobierno británico anunció que recurriría a su Ley de Protección de Intereses Comerciales para permitir que empresas y ciudadanos del Reino Unido desobedezcan las sanciones argentinas y reclamen compensaciones si sufren perjuicios.
La legislación británica data de 1980 y fue utilizada durante la década de 1990 para impedir que compañías del Reino Unido acataran las sanciones estadounidenses contra Cuba.
El escenario deja a Buenos Aires frente a dos potencias que buscan proteger sus intereses empresariales: Washington pretende excepciones para sus compañías, mientras Londres prepara mecanismos legales para neutralizar las sanciones argentinas.
La disputa por Malvinas y el discurso de la guerra cultural
En paralelo al conflicto diplomático y económico, el asesor presidencial Santiago Caputo eligió un discurso centrado en cuestiones religiosas y culturales. El 14 de octubre afirmó en la red social X que el Reino Unido estaba siendo “colonizado por el Islam” y definió la recuperación de Malvinas como una “causa de Occidente”. Milei replicó ese mensaje.
La nota original cuestiona este enfoque porque desplaza la discusión sobre la soberanía, el derecho internacional y la explotación de recursos naturales hacia una confrontación cultural que no constituye el fundamento jurídico del reclamo argentino.
En el Atlántico Sur operan intereses vinculados con una base militar británica en Monte Agradable y con empresas petroleras británicas e israelíes. A la vez, compañías estadounidenses buscan preservar sus posibilidades comerciales en la región.
El debate sobre Malvinas no se limita a una disputa territorial: también involucra recursos energéticos, intereses empresariales y la capacidad del Estado argentino para hacer cumplir sus decisiones.
El proyecto de Ley Malvinas, compuesto por 133 artículos, también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe de Estado e integrado exclusivamente por representantes del Poder Ejecutivo. Entre sus disposiciones se incluyen, como último recurso, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques.
Además, el artículo 111 de la versión original establecía penas de cinco a doce años de prisión para quienes, con financiamiento o instrucciones extranjeras, promovieran campañas de “desinformación”.
Estas disposiciones abrieron interrogantes sobre el alcance de las facultades de seguridad previstas y los mecanismos de control parlamentario sobre las decisiones del Ejecutivo.
Chile, una pieza clave en el escenario del Atlántico Sur
La disputa también involucra a Chile. El carguero Danstar prepara un viaje desde Punta Arenas hasta Puerto Argentino para noviembre o comienzos de diciembre, en una ruta que permanece inactiva desde 2011. El embajador británico en Chile viajó a la región de Magallanes para respaldar la iniciativa.
La posibilidad de reactivar esa conexión comercial generó respuestas dentro de la política argentina. El diputado Guillermo Michel, de Unión por la Patria, propuso denunciar dos acuerdos bilaterales con Chile, uno de inversiones y otro de doble imposición. Por su parte, el presidente de la Liga Naval planteó ante Diputados la posibilidad de detener el buque.
Sin embargo, el artículo advierte que una escalada contra Chile podría perjudicar la relación con un país con el que la Argentina comparte una extensa frontera y mantiene acuerdos fundamentales para la estabilidad regional.
El Tratado de Paz y Amistad de 1984, que puso fin al conflicto del Beagle, constituye uno de los principales instrumentos de esa relación. Además, Chile respaldó durante años en el Comité de Descolonización el llamado a negociar la soberanía de Malvinas.
El canciller Pablo Quirno descartó detener el Danstar y destacó la relación con el presidente chileno, José Antonio Kast.
No obstante, ambos gobiernos se abstuvieron en la votación sobre colonialismo realizada el 15 de octubre en Naciones Unidas.
Una política de soberanía bajo presión
El escenario plantea un desafío para la estrategia argentina sobre Malvinas. Entre las herramientas disponibles se encuentran las sanciones económicas, los mecanismos del derecho internacional y la articulación diplomática con América Latina y otros países del Sur Global.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Mercosur y el Grupo de los 77 más China acompañan el llamado a negociar la soberanía de las islas.
El punto central es si el Gobierno sostendrá sus medidas contra la explotación petrolera sin excepciones o si cederá ante las presiones de su principal aliado internacional.
La controversia también se relaciona con otras decisiones de la administración Milei, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece beneficios y garantías para grandes proyectos de inversión, y el decreto que buscó derogar la Ley de Tierras y ampliar las posibilidades de compra de tierras rurales por extranjeros, una iniciativa frenada en los tribunales.
En el caso de Malvinas, el proyecto destinado a reforzar las sanciones petroleras continúa trabado en el Congreso, mientras se discute qué empresas quedarían alcanzadas por sus disposiciones.
La contradicción que atraviesa el conflicto es concreta: el Gobierno reivindica la defensa de la soberanía argentina, pero su alineamiento con Washington convive con pedidos estadounidenses que podrían reducir el alcance de las medidas nacionales.
La disputa por las islas vuelve a poner a prueba la capacidad del Estado para defender sus intereses territoriales, diplomáticos y económicos frente a las presiones de las grandes potencias.
