12/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Gregorio «Gogo» Ramos. Imagen: Web.
Familiares, organizaciones sociales y allegados convocan a una movilización en Salta para reclamar justicia por Gregorio «Gogo» Ramos, quien murió tras recibir siete impactos de perdigones de plomo durante un procedimiento policial en el barrio 6 de Septiembre. Hay cuatro efectivos imputados: uno permanece detenido con prisión preventiva y otros tres cumplen arresto domiciliario.
La muerte de Gregorio «Gogo» Ramos, de 36 años, vuelve a poner bajo la lupa el accionar de la Policía de Salta. Familiares, allegados y organizaciones sociales convocan a una movilización para este jueves 12 de noviembre, a las 10, en la esquina de Buenos Aires y San Martín, en la ciudad de Salta, para exigir justicia y reclamar que se investiguen todas las responsabilidades por el hecho.
Ramos murió después de recibir siete impactos de perdigones de plomo durante un procedimiento policial en el barrio 6 de Septiembre. La querella sostiene que el hombre estaba solo y no representaba una amenaza cuando fue atacado.
El caso tiene a cuatro efectivos policiales imputados. Uno de ellos cumple prisión preventiva, mientras que los otros tres permanecen bajo arresto domiciliario. La convocatoria busca visibilizar la violencia policial y reclamar que la investigación avance sobre la actuación de todos los involucrados.
Cuatro policías imputados por el caso
La investigación comenzó bajo la intervención de la fiscal penal María Luján Sodero Calvet. El principal acusado es Pablo Rubén Vaca, señalado como quien efectuó el disparo de escopeta que provocó la muerte de Ramos.
Vaca está imputado por homicidio doblemente calificado, por el uso de un arma de fuego y por haber cometido el hecho mientras ejercía funciones policiales. Es el único de los cuatro efectivos que permanece con prisión preventiva.
En tanto, Efraín Gonzalo Ceballos, Bruno Ignacio Maximiliano Burgos Guerrero y Carla María Luz Jurado están imputados por encubrimiento agravado y cumplen arresto domiciliario.
El abogado querellante, Álvaro Arias, afirmó que los policías reconocieron que se efectuó un disparo, pero cuestionó la explicación sobre la munición utilizada.
«El policía tiene que saber qué tipo de municiones tiene. Es responsabilidad de él», sostuvo en referencia a Vaca. También rechazó que el efectivo pudiera justificar su accionar alegando que creyó utilizar un cartucho antitumulto.
Siete impactos de plomo y un disparo por la espalda
La autopsia preliminar determinó que Ramos recibió siete impactos de perdigones de plomo: tres en la pierna izquierda, dos en la derecha y dos en la espalda. Uno de los disparos en la zona dorsal comprometió órganos vitales y provocó su muerte.
Arias cuestionó las circunstancias en las que se produjo el disparo y sostuvo que no existía una situación que justificara el uso del arma.
«¿Por qué se dispara el arma cuando no había motivo alguno para disparar? No había lesiones en los policías ni en el móvil. Entonces, ¿por qué le disparan? ¿Por qué un disparo por la espalda?», planteó.
La querella también puso en duda la actuación posterior de los efectivos. Según la reconstrucción presentada por el abogado, los policías se retiraron del lugar sin asistir a Ramos, pese a que estaba herido.
De acuerdo con los testimonios que mencionó Arias, el hombre no estaba agrediendo a nadie ni tenía un comportamiento violento. Los vecinos fueron quienes llamaron al servicio de emergencias. Más tarde llegó otro móvil policial y Ramos fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde ingresó sin vida.
El abogado afirmó que los efectivos informaron en la dependencia policial que habían realizado un «disparo de despeje», pero no dejaron constancia de que Ramos había resultado herido.
La querella sostiene que los policías sabían o debían saber que lo habían alcanzado con disparos y cuestiona que no hayan intervenido para asistirlo. Hasta el momento, la Fiscalía no imputó a los efectivos por abandono de persona.
Una investigación con medidas pendientes
La causa todavía tiene diligencias por completar. Arias estimó que entre 15 y 16 medidas solicitadas por la Fiscalía aún no fueron realizadas.
La querella también ofreció testigos y prevé incorporar nuevas declaraciones para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
Quién era Gogo Ramos
Gregorio Ramos tenía 36 años, trabajaba en la construcción y realizaba changas. Vivía con su madre, Adriana, una mujer de edad avanzada a quien acompañaba y ayudaba cotidianamente.
Además, tenía un Certificado Único de Discapacidad (CUD) por retraso madurativo y discapacidad intelectual leve. Su abogado destacó el vínculo cercano que mantenía con su madre y el rol que cumplía en su vida diaria.
Gogo también participaba de actividades políticas junto a su hermana en la organización Convocatoria Segunda Independencia. Desde ese espacio lo recordaron por su compromiso frente a las desigualdades que afectan a los sectores populares.
La organización repudió el accionar de la Policía de Salta y cuestionó al Gobierno provincial. También sostuvo que el caso no debe considerarse un hecho aislado y expresó su acompañamiento a la familia.
Arias, por su parte, denunció que ningún representante del Estado se comunicó con Adriana después de la muerte de su hijo para conocer su situación o evaluar si necesitaba asistencia.
«Han dejado a esta mujer sola, sin su hijo», manifestó el abogado.
La querella reclama investigar la responsabilidad del Estado
El reclamo judicial no se limita a las responsabilidades penales de los cuatro policías imputados. La querella busca que también se investigue la responsabilidad del Estado en la muerte de Ramos, tanto por el uso del arma como por la formación y los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad.
Arias reveló que Gogo ya había sido víctima de otro episodio de violencia policial años atrás, en el que perdió un ojo. El abogado cuestionó que, pese a ese antecedente, no se hubieran asumido responsabilidades que evitaran que volviera a sufrir una situación de violencia.
«El Estado, que permitió que ya antes le saquen el ojo, que ahora permite que lo maten. El Estado, que no forma al personal policial de manera debida y adecuada para el manejo de uso de armas, para el respeto de los derechos humanos», afirmó.
También insistió en que debe investigarse la conducta de los efectivos que se retiraron sin asistir al hombre herido: «Nosotros creemos que hay una responsabilidad mayor por el hecho de que se lo abandona», sostuvo.
La movilización de este jueves tendrá como consigna «Justicia por Gogo Ramos. ¡El Estado es responsable de los casos de gatillo fácil!». La convocatoria exige que se esclarezca el procedimiento, se determinen las responsabilidades y se garantice justicia para la familia.
