18/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Como las fotos del Facebook, donde todos parecen felices, mientras la procesión va por dentro, Adorni participó de la reunión. Imagen: Web.
En un clima de tensión política y económica, el oficialismo reunió el viernes 17 al mediodía, en la Casa Rosada, a los principales operadores del espacio libertario. El encuentro, que se extendió por más de dos horas en el despacho del jefe de Gabinete, fue encabezado por el propio Adorni junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
De la reunión participaron el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, la jefa del bloque oficialista en el Senado Patricia Bullrich, el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt, el armador político Lule Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo. El único ausente fue el ministro de Economía Luis Caputo, quien se encontraba en Estados Unidos.
El encuentro se realizó en un contexto adverso para el oficialismo. Adorni enfrenta un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito que impactó en los niveles de aprobación del Gobierno. La situación derivó en enfrentamientos internos entre sectores alineados con Caputo y el espacio referenciado en Karina Milei, donde aparece el diputado Sebastián Pareja.
En ese marco, el jefe de Gabinete deberá presentarse el próximo 29 de abril ante la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión, en una sesión que se anticipa atravesada por cuestionamientos vinculados a su patrimonio.
Durante la reunión, la mesa política avanzó en una estrategia legislativa que el presidente Javier Milei sintetizó como “agenda anti-woke”. El plan incluye iniciativas vinculadas a discapacidad, salud mental y modificaciones en materia penal.
Uno de los proyectos que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso lleva por título “Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”. La iniciativa surge en un escenario de disputa con el Parlamento, luego de que en 2025 se sancionara la Ley de Emergencia en Discapacidad —que extendió la emergencia hasta 2027 y regularizó pagos— y de que el veto presidencial fuera rechazado por el Congreso. El Gobierno apeló esa decisión ante la Corte Suprema y anticipa un fallo adverso.
En paralelo, el sistema de discapacidad atraviesa dificultades: retrasos en prestaciones, cuestionamientos a la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad y reclamos formales dirigidos al Ministerio de Salud.
Otro eje de la agenda es la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. El proyecto oficial propone introducir cambios en los criterios de internación, incorporando evaluaciones de contexto además del riesgo inmediato, con intervención de un médico psiquiatra y validación interdisciplinaria en un plazo de 24 horas. También plantea reorganizar el sistema en niveles de atención, diferenciando entre hospitales generales y centros especializados.
Desde el sector profesional, la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina expresó preocupación por la iniciativa. En un comunicado, la entidad atribuyó el deterioro en salud mental a factores como el desfinanciamiento del sistema sanitario, la reducción de programas y la pérdida de recursos humanos.
El tercer componente de la agenda se vincula con un proyecto que obtuvo dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. La iniciativa, impulsada por la senadora Carolina Losada, propone aumentar las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género, abuso sexual y delitos contra menores.
El proyecto eleva las penas a un mínimo de tres años y un máximo de seis, lo que podría implicar prisión efectiva. La figura de falsa denuncia ya está contemplada en el artículo 275 del Código Penal, pero la propuesta introduce un agravamiento específico para este tipo de delitos.
Según datos del Observatorio de Femicidios de la La Casa del Encuentro, en la última década se registraron 2.827 femicidios en el país. En la mayoría de los casos, los agresores pertenecían al entorno cercano de las víctimas. Las estadísticas también indican niveles bajos de denuncia y de medidas de protección judicial.
Por su parte, informes de ONU Mujeres ubican las denuncias falsas por debajo del 1% a nivel global. En Argentina, datos del Consejo de la Magistratura sitúan ese tipo de casos por debajo del 3% dentro del sistema penal.
El proyecto de Losada también contempla sanciones para la difusión mediática de casos sin sentencia firme y para la intervención de peritos en determinadas circunstancias.
La iniciativa obtuvo respaldo del bloque oficialista, sectores del PRO y bloques provinciales, lo que le permite avanzar hacia su tratamiento en el recinto del Senado. Al mismo tiempo, distintos sectores políticos y organizaciones expresaron su rechazo.
Con este conjunto de propuestas, el Gobierno busca instalar en el Congreso una agenda legislativa en un escenario atravesado por tensiones internas, cuestionamientos públicos y dificultades económicas.
