29/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
El deterioro de las rutas ya no es una molestia: es una amenaza. En Salta, la Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto para exigir a los legisladores nacionales que gestionen la declaración de Emergencia Vial, en un intento por destrabar obras urgentes que el Gobierno nacional mantiene demoradas.
La iniciativa, impulsada por la diputada Marianela Ibarra, pone en blanco sobre negro un problema que se arrastra desde hace años y que hoy se agrava por los recortes y la falta de inversión. El diagnóstico es directo: rutas en mal estado, obras paralizadas y un sistema vial que quedó fuera de las prioridades.
Los números son elocuentes. Solo en 2025 se registraron 445 siniestros en rutas nacionales dentro de la provincia, con 52 muertos. Y 2026 ya suma víctimas: en la traza de la ruta nacional 9/34 —conocida como “la ruta de la muerte”— se contabilizan al menos 14 fallecidos. No es casualidad ni fatalidad: es infraestructura que falla y decisiones que no llegan.
La declaración de emergencia no es un gesto simbólico. En términos concretos, habilitaría mecanismos administrativos más ágiles para ejecutar obras, acelerar contrataciones y priorizar intervenciones críticas como bacheo, señalización y mejoras estructurales. En otras palabras, recortar tiempos en un escenario donde cada demora puede costar vidas.
El punto más incómodo está en el financiamiento. Las rutas nacionales tienen recursos asignados: por cada litro de combustible, una parte significativa va a un fideicomiso que incluye fondos para Vialidad Nacional. Sin embargo, ese dinero no se traduce en obras al ritmo que la situación exige. La pregunta es inevitable: ¿dónde está la inversión?
El reclamo no es aislado. En lo que va del año ya se presentaron múltiples proyectos vinculados al estado de las rutas, todos con el mismo trasfondo: una red vial deteriorada y una Nación ausente. La Emergencia Vial aparece así como un intento de forzar una reacción política ante un problema que dejó de ser técnico.
El conflicto expone una tensión más amplia. Mientras el Gobierno de Javier Milei ajusta el gasto público y redefine prioridades, las provincias advierten que ese recorte tiene consecuencias concretas en la seguridad y la conectividad. En Salta, esas consecuencias ya se cuentan en accidentes y víctimas.
Porque cuando las rutas se rompen, no solo se frena la economía: se pone en riesgo la vida. Y en ese punto, la discusión deja de ser presupuestaria para convertirse en una urgencia.
