24/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Franco Matías Javier Oscari, detenido por orden del Juez Ariel Lijo, que no detiene a Manuel Adorni con pruebas, pero si a un campesino por órdenes de Patricia Bullrich.
La detención de un joven campesino jujeño por una denuncia impulsada por la ex ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich desató una fuerte polémica y reavivó las denuncias de persecución contra organizaciones rurales en medio del gobierno de Javier Milei.
Franco (remera roja). Imagen: Gentileza.
Franco Matías Javier Oscari, residente del paraje Las Goteras, en el departamento Santa Bárbara, fue arrestado durante la madrugada por efectivos de la Policía Federal Argentina en un operativo que, según denunciaron familiares y organizaciones campesinas, incluyó un despliegue desproporcionado y escenas de extrema tensión.
El procedimiento se realizó alrededor de las cinco de la mañana, cuando un grupo de agentes federales irrumpió en la vivienda donde el joven vive y trabaja junto a su familia. Según los testimonios difundidos por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Oscari fue reducido delante de sus seres queridos sin que nadie recibiera explicaciones claras sobre los motivos de la detención.
«Fue de terror», relató la dirigente campesina Gloria Mamani. Según su versión, los efectivos apuntaron con armas al joven, a su esposa y a otros integrantes de la familia antes de llevárselo detenido. La denuncia provocó indignación entre organizaciones sociales, que cuestionan la forma en que se ejecutó el operativo.
Horas después, las abogadas defensoras lograron establecer que la orden había sido emitida por el juez federal Ariel Lijo en el marco de una causa por presuntas amenazas originada a partir de una denuncia presentada por Patricia Bullrich.
La noticia encendió rápidamente las alarmas entre referentes campesinos y organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos. Desde el MNCI sostienen que el hecho no puede analizarse de manera aislada y remarcan que Oscari posee arraigo familiar, laboral y territorial en la zona, por lo que consideran injustificada una medida de semejante magnitud.
La controversia crece porque la detención se produjo apenas un día después de que familias campesinas de la región obtuvieran una resolución favorable que suspendió un desalojo en el marco de un conflicto por tierras que lleva años sin resolverse.
Para los integrantes de la organización, la coincidencia temporal resulta demasiado llamativa. Las sospechas se profundizan debido a que familiares directos de Oscari participan activamente en reclamos territoriales y ambientales que incomodan a sectores económicos con intereses en la zona.
Entre esos antecedentes figura la presentación de un amparo ambiental impulsado por vecinos de Palma Sola contra el proyecto minero «Martín Bronce», promovido por la empresa Mom Mining SRL. La iniciativa cuestiona presuntas irregularidades en los permisos otorgados para la explotación minera y para la instalación de una planta de procesamiento de metales.
Las defensoras del joven aseguraron que todavía no tuvieron acceso completo al expediente y consideran que la acusación no justificaría un operativo de semejante envergadura. «Es una ridiculez», sostuvo una de las abogadas al referirse a la supuesta amenaza que habría motivado la causa judicial.
Mientras tanto, Oscari permanece alojado en la delegación de la Policía Federal en San Salvador de Jujuy a la espera de la audiencia de imputación. La defensa ya solicitó su inmediata liberación.
El caso volvió a poner bajo la lupa el endurecimiento de las políticas de seguridad impulsadas por el oficialismo nacional y la creciente judicialización de los conflictos sociales. Organizaciones campesinas advierten que se está instalando un clima de intimidación sobre comunidades que reclaman tierra, vivienda y derechos básicos para subsistir.
«Cuando un conflicto territorial se judicializa y la respuesta es una detención antes del amanecer, la preocupación ya no es solamente jurídica: es también democrática», advirtieron desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena.
La organización exigió la liberación de Franco Oscari, garantías para el debido proceso y una investigación transparente sobre las circunstancias que rodearon el operativo. Además, reclamó que la Justicia actúe con imparcialidad y sin presiones políticas.
El episodio ya genera repercusiones en distintos sectores sociales y políticos, donde crecen los cuestionamientos sobre el uso de fuerzas federales contra trabajadores rurales en contextos de conflictos territoriales. Para muchos, la detención de Oscari se convirtió en un nuevo símbolo de la tensión que atraviesa al país entre las políticas de seguridad del gobierno nacional y los reclamos de comunidades que luchan por permanecer en sus tierras.
Además lo más preocupante del asunto, es la desproporción en la justicia, ya que el mismo juez, Ariel Lijo, quien tiene pruebas porporcionadas por la prensa suficientes para la detención del Jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, no procede a su detención, pero contra un campesino si desata toda la fuerza policial y procede a un arresto más que cuestionable.
