24/06/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Reclamo de familiares de discapacitados. Imagen: Pablo Lecaros.
La insensibilidad social del gobierno de Javier Milei ha alcanzado un nuevo y escalofriante hito. Bajo la bandera de un ajuste fiscal inhumano, la gestión libertaria ha decidido ensañarse con uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Este miércoles, personas con discapacidad, sus familias y profesionales de la salud se ven obligados a salir a las calles en un masivo banderazo federal para exigir algo tan elemental como el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una normativa que el Poder Ejecutivo pisotea sistemáticamente mientras el tiempo de su vigencia se agota.
El panorama descripto por la Asamblea de Trabajadores de Inclusión es desolador y expone una verdadera crueldad de Estado. El colapso del sistema de prestaciones no es un accidente, sino el resultado directo de una motosierra desbocada: el desmantelamiento de la atención primaria en PAMI, la baja del plan REMEDIAR, la quita del derecho histórico al pasaje gratuito en transporte de larga distancia y la constante amenaza sobre las pensiones no contributivas configuran un abandono explícito. Al recortar el acceso a terapias, medicamentos y movilidad, el Gobierno no está ahorrando pesos; está recortando vidas, dignidad y derechos humanos fundamentales.
La resistencia popular contra este atropello institucional se replica en los principales centros urbanos del país, con epicentros en el Congreso de la Nación, Córdoba, La Plata y Río Cuarto. La desesperación y la urgencia de las familias se han transformado en acción judicial y política. La protesta no solo acompaña el pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei y su ministro de Salud, Mario Lugones, sino que avanza con denuncias penales en los tribunales de Comodoro Py. Se acusa formalmente al mandatario y a sus funcionarios —incluyendo al secretario Alejandro Vilches y al exdirector de ANDIS Diego Spagnuolo— por delitos aberrantes para la función pública: incumplimiento de los deberes, abuso de poder y, fundamentalmente, abandono de persona.
La cronología de la Ley 27793 es el reflejo perfecto del desprecio de Milei por la división de poderes y las necesidades sociales. Primero intentó vetar la ley de emergencia; cuando el Congreso le torció el brazo con una mayoría de dos tercios, intentó asfixiarla suspendiendo su ejecución presupuestaria mediante un decreto que la Justicia tuvo que declarar inconstitucional en diciembre pasado. Ahora, mediante la vía del hecho y la inacción burocrática, el Gobierno aplica un veto encubierto por la vía del estrangulamiento financiero, dejando al colectivo sin respuestas mientras la vigencia de la ley expira a fin de año. La frialdad matemática de la oficina de Caputo y el dogmatismo ciego de Milei vuelven a exhibir su peor cara: la de un Estado que se desentiende de sus ciudadanos más desprotegidos para cerrar las cuentas de la especulación financiera.
