29/04/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Legislatura Salteña, Imagen: Web.
La Cámara de Diputados de Salta avanzó con la adhesión a la Ley Nacional de Energía, pero lo hizo a su manera: con excepciones clave que desarman el espíritu de la norma nacional y sostienen uno de los mecanismos más cuestionados por los usuarios, la inclusión de tasas locales en la factura de luz.
El proyecto obtuvo media sanción, aunque con dos recortes quirúrgicos: la provincia decidió no adherir al artículo 40 inciso c ni al 71. No es un detalle técnico. El primero prohíbe a nivel nacional que se cuelen tributos municipales o provinciales en las boletas de energía; el segundo establece la responsabilidad solidaria de provincias, municipios y entes en caso de deudas de las distribuidoras con el mercado eléctrico mayorista. En otras palabras, Salta acepta la ley, pero se reserva dos puntos sensibles donde se juega dinero y poder.
La decisión tiene impacto directo en el bolsillo de los usuarios. Al rechazar el artículo 40 inciso c, la provincia mantiene vigente el esquema que permite a las empresas incluir tasas en la factura eléctrica. Un sistema que, bajo el argumento de “simplificar”, termina mezclando consumo con impuestos y diluyendo la transparencia en el cobro. La diputada Socorro Villamayor fue clara al defender la postura oficial: el derecho público local habilita ese mecanismo y separarlo —sostuvo— encarecería la administración y aumentaría la morosidad.
El razonamiento no es nuevo, pero sí controvertido. Para el oficialismo, el cobro unificado es eficiencia; para los críticos, es una forma de esconder cargas impositivas en un servicio esencial, dificultando que el usuario distinga qué paga por energía y qué por tasas. La supuesta “opción” de solicitar facturación separada aparece más como una formalidad que como una alternativa real en un sistema donde la inercia juega a favor del status quo.
El otro punto caliente es el artículo 71. Allí, la provincia decidió correrse de cualquier responsabilidad solidaria ante deudas de las empresas con el mercado mayorista. El argumento es fiscal: no asumir pasivos que no generó. Pero la contracara es evidente: se limita la capacidad del Estado para intervenir en eventuales crisis del sistema eléctrico, dejando el riesgo concentrado en las empresas y, en última instancia, en los usuarios.
Así, la media sanción no es una simple adhesión, sino una versión recortada y adaptada a las prioridades locales. Salta se sube a la ley nacional, pero con cinturón propio: protege su esquema de recaudación y evita compromisos financieros. En el camino, deja intacto un modelo de facturación que sigue generando ruido y que, lejos de transparentarse, queda consolidado por decisión política.
La discusión ahora pasará al Senado, donde se definirá si esta adhesión “a medida” se convierte en ley definitiva. Mientras tanto, la señal es clara: en materia energética, el equilibrio entre caja fiscal y derechos del usuario sigue inclinándose hacia el mismo lado.
