22/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Karina Milei. Imagen: NA.
Una auditoría ordenada durante la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó un desfasaje de $158.717 millones en deudas y pagos que no habrían pasado por los controles establecidos. Alejandro Vilches renunció un día después de que se conociera públicamente el informe, aunque oficialmente argumentó razones personales.
Un nuevo capítulo sacude al Gobierno de Javier Milei y vuelve a poner a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo la lupa. Una auditoría realizada durante la intervención del organismo detectó un desfasaje de $158.717.131.557,63 entre registros vinculados con deudas exigibles, pagos y distintas obligaciones del área.
El informe fue conocido públicamente el 20 de septiembre y, al día siguiente, Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario nacional de Discapacidad. La coincidencia temporal abrió un fuerte interrogante político, aunque en su carta de dimisión el funcionario sostuvo que dejaba el cargo por “razones estrictamente personales”.
La cifra surgió de una auditoría oficial realizada después de la intervención de la entonces ANDIS y abarca información correspondiente hasta el 21 de agosto de 2025, cuando el Gobierno desplazó a Diego Spagnuolo de la conducción del organismo. El relevamiento incluyó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas.
Una diferencia de casi $159 mil millones
El punto central de la auditoría fue la diferencia detectada entre información proveniente de distintas áreas de la ex ANDIS.
Los auditores solicitaron información a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). La comparación de los datos derivó en una diferencia de $158.717 millones respecto de la deuda exigible registrada.
Según la información publicada por La Nación, se trata de obligaciones que no habían pasado por las áreas de control establecidas, una situación que actualmente se encuentra bajo análisis judicial.
El dato no equivale, por sí mismo, a afirmar que ese monto haya sido robado o que exista un delito probado. Lo que estableció la auditoría fue una diferencia contable y administrativa de enorme magnitud que requiere determinar cómo se originó y quiénes fueron responsables de las irregularidades que eventualmente puedan comprobarse.
Vilches dejó el cargo un día después
Vilches había llegado a la conducción del área después de la salida de Diego Spagnuolo, quien había quedado involucrado en la investigación judicial conocida como el caso ANDIS.
Durante su gestión como interventor, el Gobierno había presentado a Vilches como parte del proceso de ordenamiento del organismo. En septiembre de 2025, por ejemplo, ANDIS informó oficialmente sobre medidas impulsadas por el funcionario para ampliar la atención presencial a personas con discapacidad.
Ahora, un año después, su salida se produce en un momento particularmente delicado.
El 20 de septiembre se difundió la existencia del desfasaje de más de $158.000 millones y el 21 de septiembre Vilches presentó su renuncia ante el ministro de Salud, Mario Lugones. El Gobierno confirmó su salida, pero hasta el momento no había informado oficialmente quién ocuparía su lugar.
El escándalo de Spagnuolo vuelve a aparecer
La auditoría analiza precisamente el período correspondiente a la conducción de Diego Spagnuolo, desplazado en agosto de 2025 cuando ya había estallado el escándalo relacionado con presuntas irregularidades en ANDIS.
La investigación judicial vinculada con ese caso puso bajo la lupa contrataciones y vínculos entre funcionarios, proveedores y droguerías. La auditoría administrativa conocida ahora aporta un nuevo elemento: una diferencia multimillonaria entre los registros internos de las áreas que debían controlar las obligaciones del organismo.
La existencia del desfasaje no determina por sí sola responsabilidades penales. La Justicia deberá establecer si hubo delitos, irregularidades administrativas, errores contables u otras explicaciones para las diferencias detectadas.
Una salida en medio de la pelea por el ajuste
La renuncia de Vilches también ocurre mientras el Gobierno enfrenta una fuerte disputa interna por el financiamiento de las políticas de discapacidad.
El Presupuesto 2027 generó cuestionamientos dentro del propio oficialismo por las partidas destinadas al sector y provocó diferencias públicas entre Patricia Bullrich y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, según distintas versiones periodísticas.
En paralelo, el Gobierno atraviesa negociaciones políticas por el futuro del sistema de prestaciones y por el impacto presupuestario de las políticas destinadas a personas con discapacidad. La salida de Vilches agrega ahora otro foco de tensión a un área que ya se encontraba bajo fuerte presión.
La pregunta que queda abierta
El dato más contundente de la auditoría es difícil de ignorar: $158.717 millones de diferencia en los registros de deuda exigible dentro de un organismo que administra recursos destinados a políticas de discapacidad.
La renuncia de Vilches, ocurrida inmediatamente después de que el informe tomara estado público, alimenta las sospechas políticas sobre su salida. Pero la documentación disponible permite afirmar el desfasaje detectado y la coincidencia temporal de ambos hechos, no que Vilches haya sido echado por haber revelado la auditoría.
La explicación oficial de su salida fueron “razones estrictamente personales”. Mientras tanto, el origen de la diferencia multimillonaria quedó bajo análisis y el caso ANDIS vuelve a colocar al Gobierno de Milei frente a un interrogante incómodo: qué ocurrió con los fondos y por qué semejante volumen de obligaciones no quedó registrado en los circuitos de control correspondientes.
