07/08/2026.- Salta al Instante.– Foto portada: El dueño de Amazon, Jeff Bezos, en una reciente charla en París. Imagen: AP.
El avance de servicios de Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure y Oracle dentro del Estado argentino abrió una discusión sobre la soberanía digital y el control de información estratégica. Especialistas advierten que organismos públicos utilizan infraestructura privada sin un mapa claro sobre qué datos están alojados, dónde se encuentran físicamente y bajo qué leyes quedan protegidos.
Datos del Estado argentino en la nube: crece la polémica por Amazon y Google
El crecimiento del uso de plataformas de computación en la nube de empresas como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure y Oracle por parte de organismos públicos encendió una discusión política y tecnológica sobre la soberanía digital de Argentina.
Mientras distintas áreas del Estado recurren a compañías privadas para almacenamiento, procesamiento de datos, copias de seguridad e infraestructura informática, especialistas alertan sobre la falta de una estrategia nacional que determine qué información debe permanecer bajo control estatal.
El debate tomó fuerza durante la gestión de Javier Milei, aunque los acuerdos con proveedores internacionales comenzaron años atrás. La principal preocupación pasa por saber qué datos públicos están alojados en servidores privados, en qué países se encuentran y qué ocurre ante filtraciones, conflictos legales o interrupciones contractuales.
Advierten falta de control sobre información sensible
El presidente de Integracom y secretario de Tecnología de APYME, Mariano Goñi, explicó que desde 2017 el Estado argentino viene celebrando acuerdos con grandes compañías tecnológicas para capacitación, almacenamiento, procesamiento y servicios informáticos.
Sin embargo, señaló que actualmente no existe un registro público que permita conocer con precisión qué organismos utilizan estas plataformas, qué información almacenan y bajo qué condiciones.
“No hay pruebas de que las bases centrales de ARCA, RENAPER o ANSES estén completamente en una nube extranjera”, aclaró Goñi, aunque sostuvo que distintos organismos sí utilizan proveedores privados para infraestructura, software, respaldo, conectividad y soporte.
Entre los datos potencialmente involucrados aparecen registros tributarios, información patrimonial, identidad, fotografías, datos biométricos, domicilios, movimientos migratorios, prestaciones sociales, registros sanitarios y datos vinculados a la producción y el comercio exterior.
El reclamo por una política de soberanía digital
Para Goñi, el problema no está en utilizar tecnología extranjera, sino en la ausencia de una política estatal que defina qué información debe mantenerse bajo control público.
El especialista planteó que una parte importante de los sistemas estatales podría funcionar mediante infraestructura nacional como la de ARSAT, que cuenta con capacidad para ofrecer servidores, almacenamiento, redes seguras, monitoreo y centros de contingencia.
Según explicó, portales públicos, expedientes electrónicos, registros administrativos y respaldos de sistemas críticos podrían alojarse en infraestructura estatal.
En cambio, bases más complejas como las tributarias, biométricas o grandes sistemas administrativos requerirían procesos de migración gradual y planificación.
El riesgo de que los datos queden bajo leyes extranjeras
Desde la Fundación Vía Libre, la especialista en políticas públicas Margarita Trovato puso el foco en la jurisdicción legal de los datos.
Advirtió que cuando la información estatal se almacena en servidores ubicados fuera del país deja de estar sometida exclusivamente a la legislación argentina y puede quedar alcanzada por normas extranjeras.
Según explicó, esto puede dificultar el control sobre quién accede a los datos, cómo se audita su uso y qué responsabilidades existen ante un incidente de seguridad.
También señaló que Estados Unidos no cuenta con una ley federal integral de protección de datos personales, lo que genera mayores dudas cuando la información queda bajo esa jurisdicción.
La dependencia tecnológica como nuevo desafío
Otro de los riesgos mencionados es el denominado vendor lock-in, una situación donde el Estado queda atado a un proveedor tecnológico por cuestiones de costos, compatibilidad y dificultad para migrar sus sistemas.
Trovato sostuvo que no toda la información pública tiene el mismo nivel de sensibilidad y consideró que datos como los biométricos requieren mayores niveles de protección.
“Hay una pérdida de control sobre la información estatal y el posible acceso de terceros a datos sensibles y confidenciales”, señalaron especialistas al analizar el escenario actual.
Reclaman mayor transparencia y desarrollo propio
Desde Derechos Digitales, la coordinadora de Políticas Públicas Lucía Camacho advirtió que la infraestructura digital mundial está cada vez más concentrada en pocas empresas multinacionales.
Según explicó, esa concentración puede generar riesgos políticos y estratégicos porque las grandes compañías tecnológicas responden a legislaciones y decisiones de otros países.
Camacho reclamó que el Estado argentino fortalezca políticas de transparencia, seguridad y protección de datos, además de impulsar infraestructura propia para reducir la dependencia tecnológica.
Un debate que recién comienza
Los especialistas coinciden en que la discusión no pasa por prohibir el uso de empresas como Amazon, Google o Microsoft, sino por establecer reglas claras sobre qué información pública puede alojarse en plataformas privadas.
La falta de una política definida sobre soberanía digital, advierten, podría aumentar la dependencia tecnológica del Estado argentino y dejar sin respuestas claras sobre quién controla uno de los activos más importantes de la era digital: los datos.
