09/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Muller. Imagen: Pedro Abramovich/AFP.
l exjerarca de Ford, condenado por crímenes de lesa humanidad, quedó bajo arresto domiciliario en Córdoba mientras se define su situación.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín ordenó la detención de Pedro Müller, exgerente de Manufactura de Ford Motor, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena por crímenes de lesa humanidad cometidos durante los primeros meses de la última dictadura.
Müller tiene 95 años y, de manera provisoria, permanecerá bajo arresto domiciliario en Córdoba hasta que el tribunal resuelva el planteo presentado por su defensa.
La Corte Suprema había ratificado el jueves pasado la condena que el TOF 1 de San Martín dictó en diciembre de 2018. Ese fallo fue el primero en reconocer que empresas multinacionales se articularon con las Fuerzas Armadas durante la última dictadura para llevar adelante un plan criminal.
El rol de Müller en Ford
Müller ingresó a Ford a comienzos de los años ’60. En 1976 se desempeñaba como gerente de Manufactura, con responsabilidad sobre la producción de una fábrica en la que trabajaban aproximadamente 7200 personas.
Durante el juicio, distintos empleados de la empresa declararon que Müller era el reemplazante natural de Nicolás Courard, presidente de Ford, cuando este no se encontraba presente. También señalaron que participó en prácticamente todas las reuniones de directorio realizadas durante 1976.
Courard manifestaba públicamente su adhesión a la dictadura. En 1980, durante la inauguración de las obras para construir la planta de camiones, afirmó ante José Alfredo Martínez de Hoz que Ford Motor Argentina había apoyado al llamado Proceso de Reorganización Nacional.
Antes, en febrero de 1976, había declarado al New York Times que los trabajadores que consideraba vinculados con la actividad guerrillera también se encontraban dentro de la línea de ensamblaje.
Los secuestros dentro de Ford
Las detenciones de trabajadores de Ford comenzaron el mismo día del golpe de Estado. El 24 de marzo de 1976, hombres armados ingresaron a la planta de General Pacheco y secuestraron a operarios.
Al día siguiente, el gerente de Relaciones Laborales informó que quedaba prohibida toda actividad gremial.
Según sostuvo el TOF 1 de San Martín, la intervención de la empresa quedó acreditada de distintas maneras: señalar a trabajadores considerados conflictivos, permitir la instalación militar dentro de la fábrica, habilitar un centro clandestino de detención y tortura, proporcionar camionetas para los secuestros y aumentar los niveles de exigencia y explotación.
En ese contexto, 24 trabajadores fueron secuestrados. Diecisiete fueron privados de su libertad en sus propios puestos de trabajo y nueve fueron llevados al quincho de la planta, donde fueron torturados. Posteriormente, fueron trasladados a otros centros clandestinos.
Por estos hechos, el TOF 1 de San Martín condenó a Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo; a Héctor Sibilla, militar retirado y jefe de seguridad de Ford; y a Pedro Müller, quien recibió una pena de diez años de prisión.
La condena llegó hasta la Corte
En 2021, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas contra Sibilla y Müller. A fines de marzo de 2022, los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci concedieron a Müller un recurso para llegar a la Corte, bajo el argumento de que se había afectado el principio de inocencia.
La defensa de Müller, integrada por Nicolás Corletto y Mariano Grondona, con el patrocinio de Alberto Garay, sostuvo que había sido condenado por su condición de gerente de Ford y que no podía atribuírsele el rol que tuvo la empresa.
El caso generó divisiones dentro de la Corte Suprema. Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz no lograron ponerse de acuerdo, por lo que debieron convocar a los conjueces Fernando Poviña y Juan Ignacio Pérez Curci. Lorenzetti finalmente optó por no pronunciarse.
Poviña y Pérez Curci conformaron la mayoría junto con Rosatti y ratificaron que los civiles pueden ser juzgados por crímenes de lesa humanidad y que debe contemplarse el contexto en el que fueron cometidos.
También destacaron que la represión de la dictadura se concentró especialmente en el mundo del trabajo. Para ello, citaron el informe Nunca Más, según el cual más del 30 por ciento de los desaparecidos eran obreros, además de las referencias de la Conadep a la represión contra trabajadores de Ford.
El voto de Rosenkrantz
Rosenkrantz sostuvo, en cambio, que no existían pruebas suficientes para condenar a Müller. También consideró que la responsabilidad de la empresa por los crímenes de la dictadura debía limitarse al papel desempeñado por Sibilla, quien tenía trato directo con los militares.
Sibilla murió mientras el expediente permanecía en la Corte.
En su voto, Rosenkrantz cuestionó que los jueces asumieran funciones propias de historiadores, sociólogos o politólogos.
El pedido de arresto domiciliario
Luego de que la condena quedara firme, la defensa de Müller se presentó ante el TOF 1 de San Martín para solicitar que cumpliera la pena bajo arresto domiciliario debido a su avanzada edad.
El tribunal había establecido que, una vez firme la sentencia, debía cumplirse en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Hasta que el TOF 1 resuelva el planteo, Müller permanecerá detenido en su domicilio de Córdoba.
La abogada querellante Elizabeth Gómez Alcorta cuestionó los tiempos de la Justicia y señaló que varios de los trabajadores que impulsaron el juicio, entre ellos Pedro Troiani, no llegaron con vida a conocer la sentencia firme y la orden de detención.
Gómez Alcorta también destacó los lineamientos establecidos por la mayoría de la Corte y señaló que actualmente se tramitan causas por responsabilidad empresarial relacionadas con Molinos Río de la Plata y Mercedes-Benz, mientras se aguarda por La Fronterita y Ledesma.
