21/05/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Protesta de discapacitados y familiares a las políticas de Milei. Imagen: Bernardino Avila.
El Gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras autorizar un aumento de apenas 2,6 por ciento para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, una cifra que provocó bronca y desesperación entre familias, profesionales e instituciones que denuncian un ajuste brutal y el incumplimiento sistemático de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La medida fue oficializada mediante una resolución de la Secretaría Nacional de Discapacidad y confirma una actualización mínima de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, en un contexto donde el sector viene denunciando atraso, abandono y riesgo de colapso.
Mientras miles de personas dependen de tratamientos, terapias, acompañantes y centros especializados, las organizaciones advirtieron que el nomenclador continúa completamente desfasado frente al aumento de costos y que muchos prestadores ya no pueden sostener la atención.
El incremento definido por el Gobierno se calculó tomando como referencia la inflación de abril informada por el Indec, que fue del 2,6 por ciento, pero desde el sector aseguran que los valores reales de funcionamiento están muy por encima y que la actualización resulta absolutamente insuficiente.
La resolución fue firmada por el titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y también mantiene un adicional del 20 por ciento para prestaciones brindadas en zonas desfavorables de la Patagonia.
Sin embargo, el eje del conflicto sigue siendo el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso y respaldada por distintas resoluciones judiciales, que todavía no se aplica plenamente.
Las organizaciones denuncian que el Gobierno no solo demora las actualizaciones reales del sistema sino que además intenta impulsar cambios para reducir coberturas y limitar prestaciones esenciales, algo que generó protestas, movilizaciones y fuertes reclamos en distintos puntos del país.
Prestadores, terapeutas y familiares advierten que la situación ya es crítica y que muchos centros especializados funcionan al borde del cierre por falta de recursos. También aseguran que la demora en pagos y la pérdida de valor de los aranceles está provocando la suspensión de tratamientos y complicando seriamente la atención de personas con discapacidad.
La tensión crece mientras el sector acusa al oficialismo de profundizar el ajuste sobre una de las áreas más sensibles y vulnerables del sistema de salud y asistencia social.
