12/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Gustavo Sáenz. Imagen: Web.
El máximo tribunal provincial rechazó por unanimidad la acción de inconstitucionalidad presentada por Carlos Zapata y Lourdes Ríos Ayllón contra la Ley 8535. La normativa, cuestionada por permitir la acumulación de votos entre listas de un mismo frente, seguirá vigente de cara a las elecciones provinciales de 2027. También hay planteos similares de Claudio Del Plá y Alejandro Patrón Costas.
La Corte de Justicia de Salta declaró la constitucionalidad de la Ley 8535 de Participación Democrática y rechazó la impugnación presentada por los dirigentes de La Libertad Avanza, Carlos Raúl Zapata y Lourdes Ríos Ayllón. De esta manera, el máximo tribunal provincial dejó vigente el régimen electoral que establece nuevas reglas para la competencia política en la provincia.
La decisión llega en la antesala de la convocatoria a las elecciones de 2027. El gobernador Gustavo Sáenz tiene previsto publicar el decreto correspondiente antes del vencimiento del plazo electoral, fijado para el 16 de noviembre. Mientras tanto, el 16 de mayo de 2027 aparece como la fecha prevista para la votación.
El punto más controvertido de la normativa es la posibilidad de acumular los votos obtenidos por distintas listas que integran un mismo frente electoral. Ese mecanismo despertó cuestionamientos de distintos sectores opositores, que lo comparan con la denominada Ley de Lemas.
Los argumentos de la Corte para respaldar la ley
En su resolución, el máximo tribunal sostuvo que las provincias tienen autonomía para establecer sus propios sistemas electorales y recordó que la Constitución de Salta otorga a la Legislatura la facultad de reglamentar las condiciones para elegir a las autoridades.
La Corte también recurrió a antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sostener que las modificaciones en los sistemas electorales forman parte de las decisiones políticas de los poderes legislativos.
En ese sentido, consideró que la elección de un régimen electoral corresponde, en principio, a los poderes políticos, siempre dentro de los límites establecidos por las constituciones.
El tribunal advirtió que la intervención judicial debe respetar las atribuciones de los otros poderes del Estado y evitar avanzar sobre facultades que corresponden al Poder Legislativo.
Con esos argumentos, rechazó los cuestionamientos planteados por Zapata y Ríos Ayllón y concluyó que no se acreditó una vulneración constitucional que justificara dejar sin efecto la normativa.
Tres sectores políticos cuestionaron el régimen
Además de la presentación de los dirigentes libertarios, hubo planteos de inconstitucionalidad impulsados por otros referentes políticos.
Entre ellos se encuentran Claudio Del Plá, del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, y Alejandro Patrón Costas, vinculado al Partido de la Reconquista.
Sin embargo, la sentencia principal corresponde al expediente iniciado por Zapata y Ríos Ayllón. La Corte consideró que los otros planteos contienen cuestionamientos análogos, por lo que los criterios establecidos en este fallo sirven como referencia para su tratamiento.
En su demanda, los dirigentes libertarios objetaron especialmente el artículo 5 de la ley, que establece el mecanismo de acumulación de votos. Según su planteo, ese sistema podría provocar que un candidato resulte electo pese a haber obtenido individualmente menos sufragios que otro, debido a la suma de votos de las distintas listas que integran un mismo frente.
También cuestionaron las diferencias de tratamiento entre partidos y alianzas electorales, además de los requisitos territoriales para competir por la gobernación.
El requisito de tener presencia en 15 departamentos
Otro de los artículos cuestionados establece que los partidos o frentes que quieran presentar candidatos a gobernador y vicegobernador deben contar con listas en al menos 15 de los 23 departamentos de Salta.
La Corte consideró que esa exigencia no modifica los requisitos personales establecidos por la Constitución para acceder a esos cargos, sino que constituye una condición de organización y participación territorial para las fuerzas políticas.
Según el tribunal, la presencia en distintos departamentos es un criterio legítimo de regulación electoral, porque quien resulte electo gobernador ejercerá la representación de toda la provincia.
Por ese motivo, entendió que no existe una vulneración automática de los principios de igualdad, participación y representación política.
La acumulación de votos, el centro de la polémica
La discusión política se concentra en el mecanismo que permite que varias listas de una misma fuerza compitan entre sí y que sus votos se sumen para determinar el resultado electoral del espacio.
Este sistema es el principal motivo por el que distintos sectores opositores comparan la Ley 8535 con la Ley de Lemas.
La Corte, sin embargo, entendió que los argumentos presentados no alcanzaban para declarar la inconstitucionalidad del mecanismo. Para fundamentar su decisión, recurrió a antecedentes judiciales y al principio de autonomía de las provincias para definir sus reglas electorales.
También rechazó que las diferencias entre partidos y frentes impliquen necesariamente una violación del principio de igualdad ante la ley.
Salta se encamina a las elecciones de 2027
Con el fallo, la Ley 8535 continuará vigente y será el marco normativo para la competencia electoral de 2027, salvo que surjan nuevas decisiones judiciales que modifiquen ese escenario.
El próximo paso será la convocatoria formal del Poder Ejecutivo, que establecerá el calendario electoral para la provincia.
La sentencia, de todos modos, no resuelve otras discusiones políticas y constitucionales que pueden surgir de cara a los próximos comicios. Entre ellas se encuentra una eventual nueva candidatura de Gustavo Sáenz, una cuestión que requiere un análisis específico y que no queda definida por el aval judicial al régimen electoral.
Por ahora, la Corte dejó en pie las reglas cuestionadas por distintos espacios opositores. La controversia sobre la acumulación de votos y sus consecuencias para la representación política seguirá formando parte de la disputa electoral rumbo a mayo de 2027.
