19/09/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, en un acto al estilo Nazi de las Fuerzas del Cielo. Imagen: Archivo.
Daniel “el Gordo Dan” Parisini y otros referentes del ecosistema digital libertario fueron citados a indagatoria por una denuncia del diputado Esteban Paulón. La fiscalía investiga presuntas amenazas, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del crimen y actos discriminatorios difundidos en redes y plataformas digitales.
El influencer libertario Daniel “el Gordo Dan” Parisini y otros integrantes del espacio digital identificado como “Las Fuerzas del Cielo” tuvieron que presentarse esta semana ante la Justicia porteña. La causa se inició a partir de una denuncia del diputado nacional Esteban Paulón y contempla una serie de acusaciones vinculadas con publicaciones y expresiones difundidas durante meses en redes sociales y canales de streaming.
La fiscal penal, contravencional y de faltas Celsa Ramírez imputó a cinco personas por presuntos delitos que incluyen amenazas, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del crimen y actos discriminatorios.
Entre los acusados aparecen Parisini, Mariano Pérez, Mariano Pazos, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez y Nicolás Márquez, conocido por ser uno de los biógrafos de Javier Milei. Márquez, según la información publicada sobre el expediente, todavía no había podido ser notificado formalmente en los domicilios registrados.
De las redes a los tribunales
Uno de los momentos que expuso el avance de la causa ocurrió cuando Parisini y otros imputados debieron concurrir a dependencias del Ministerio Público porteño para cumplir con las diligencias correspondientes, incluida la toma de huellas dactilares.
La causa analiza publicaciones realizadas en distintas plataformas digitales, entre ellas X y YouTube, además de contenidos difundidos por canales vinculados al espacio libertario como Carajo y El Faro.
Según la imputación de la fiscalía, las expresiones dirigidas contra Paulón se habrían desarrollado de manera reiterada y tuvieron como eje acusaciones extremadamente graves contra el legislador. La investigación sostiene que ese conjunto de mensajes podía exponerlo a un hostigamiento público y a un riesgo para su integridad física.
Paulón, diputado socialista y dirigente vinculado a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+, decidió acudir a la Justicia después de que fuera señalado públicamente con términos como “pedófilo”, además de otras acusaciones y expresiones discriminatorias.
Una acusación que se extendió durante meses
La fiscalía sostiene que los mensajes no pueden analizarse únicamente como publicaciones aisladas. Por el contrario, puso el foco en la continuidad temporal de los ataques, que se remontan a 2024 y se intensificaron durante 2025.
Entre las expresiones que forman parte de la investigación aparecen acusaciones de “degenerado”, afirmaciones sobre supuestas conductas relacionadas con menores y otros mensajes vinculados con la sexualidad y la salud.
Para la fiscalía, ese contenido excedería el ejercicio de la libertad de expresión cuando pudiera encuadrarse en conductas penalmente sancionadas. La causa deberá determinar ahora si las expresiones denunciadas reúnen los elementos necesarios para configurar los delitos atribuidos.
El expediente también analiza el contexto en el que se produjeron las publicaciones y la manera en que los distintos mensajes pudieron amplificarse mediante redes sociales, transmisiones en vivo y canales de streaming.
El vínculo con el universo libertario
Los imputados están relacionados con el denominado ecosistema digital libertario y con “Las Fuerzas del Cielo”, agrupación que adquirió visibilidad dentro del universo político que acompaña al gobierno de Milei.
La fiscalía analiza particularmente los discursos vinculados con lo que sus protagonistas denominan “batalla cultural”, en los que aparecen cuestionamientos al feminismo, a la homosexualidad y a distintos sectores de la comunidad LGBTQ+.
En ese contexto, la investigación incorpora como antecedente declaraciones realizadas por Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 2025. Allí el Presidente realizó afirmaciones sobre la denominada “ideología de género” y vinculó determinadas expresiones extremas con el abuso infantil.
La causa no atribuye automáticamente responsabilidad penal a Milei por las publicaciones investigadas contra Paulón. El eje del expediente está puesto en las conductas concretas de las personas imputadas y en el contenido que difundieron.
Los acusados no respondieron preguntas
Durante las indagatorias realizadas esta semana, ninguno de los cuatro libertarios que se presentaron respondió preguntas de la fiscalía. Parisini y Pérez optaron por presentar descargos escritos.
Entre sus argumentos aparece el planteo de que sus expresiones están amparadas por el derecho a la libertad de expresión. La fiscalía, en cambio, sostiene que ese derecho tiene límites cuando determinadas conductas pueden constituir delitos.
Las figuras investigadas incluyen delitos con penas importantes. La instigación a cometer delitos y la intimidación pública pueden contemplar penas de hasta seis años de prisión, mientras que determinadas conductas discriminatorias previstas por la legislación vigente pueden alcanzar hasta tres años.
De todos modos, será la Justicia la que deberá determinar si las conductas investigadas efectivamente encuadran en esos delitos y cuál es la responsabilidad individual de cada imputado.
La fiscalía pidió informes a organizaciones
Para profundizar la investigación, la fiscalía solicitó informes técnicos a organizaciones especializadas.
Amnistía Internacional consideró que las expresiones y conductas investigadas podrían constituir violencia de género facilitada por tecnologías de la información y la comunicación, además de ubicarlas en un contexto de discriminación contra personas LGBTI+.
Por su parte, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) señaló, según la investigación, elementos que podrían indicar una intención de incitar al odio y la violencia, además del uso de estereotipos estigmatizantes.
El expediente entra así en una etapa en la que deberán analizarse las pruebas, los descargos de los acusados y el alcance jurídico de las publicaciones. La decisión sobre la continuidad de la causa quedará ahora en manos de la Justicia porteña.
