24/10/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Ilustrativa. Web.
Las transferencias no automáticas del Gobierno nacional a las provincias cayeron un 49% en términos reales durante los primeros nueve meses de 2026, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. El ajuste también alcanzó programas de salud y educación, mientras el reparto de fondos exhibe fuertes diferencias entre jurisdicciones.
El ajuste del Gobierno de Javier Milei sobre las provincias volvió a encender las alarmas. Durante los primeros nueve meses de 2026, las transferencias no automáticas de la Nación a las administraciones provinciales cayeron un 49% en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación.
Los datos surgen de un informe trimestral de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que también registró una disminución real del 2,2% en las transferencias totales a provincias y municipios frente al mismo período de 2025.
El recorte adquiere especial relevancia porque los fondos discrecionales son recursos que el Gobierno nacional distribuye mediante decisiones administrativas, a diferencia de la coparticipación, cuyo reparto se encuentra regulado. La fuerte caída alimenta las críticas sobre el uso político de los recursos federales y la capacidad de las provincias para sostener servicios esenciales.
Menos recursos y una economía que sigue golpeando la recaudación
Las transferencias automáticas, que incluyen la coparticipación federal de impuestos, las leyes especiales y las compensaciones por el consenso fiscal, registraron un aumento nominal del 32,6%. Sin embargo, al descontar la inflación, el resultado fue una caída real del 0,6% en los primeros nueve meses del año.
El deterioro también se refleja en los recursos coparticipables. Según el análisis citado, estos fondos retrocedieron un 1,5% real interanual, en un contexto de debilidad de la recaudación tributaria y del mercado interno.
El IVA es uno de los indicadores más claros de esa situación. Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, coordinado por Claudio Lozano, señaló que el impuesto cayó un 5,3% real en septiembre y acumuló once meses consecutivos de retroceso.
Entre enero y septiembre, la recaudación del IVA perdió un 6,3% frente a 2025 y un 16,5% respecto de 2023. La merma reduce los recursos disponibles tanto para el Estado nacional como para las provincias, que dependen en buena medida de la recaudación compartida.
El reparto de fondos deja fuertes diferencias entre provincias
Uno de los puntos más controvertidos aparece en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una herramienta que el Gobierno puede utilizar para asistir a las jurisdicciones ante situaciones financieras o necesidades extraordinarias.
Aunque los ATN crecieron un 10% en términos reales entre enero y septiembre, el reparto mostró diferencias pronunciadas.
La provincia de Buenos Aires no recibió fondos por ATN durante 2026, según el informe. Tampoco registraron transferencias de este tipo Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tucumán, por su parte, recibió un 91% menos que en el mismo período del año anterior.
En contraste, otras jurisdicciones registraron incrementos significativos. Catamarca recibió $18.500 millones, un aumento del 98%, mientras que Corrientes obtuvo $19.000 millones, con una suba del 399%. Jujuy recibió $13.500 millones, pese a no haber percibido ATN en 2025, y Misiones obtuvo $25.000 millones, un incremento del 170%.
Las diferencias reabren la discusión sobre los criterios utilizados por la Casa Rosada para distribuir recursos en un escenario de dificultades fiscales y crecientes tensiones entre la Nación y los gobiernos provinciales.
Salud y educación, entre los sectores afectados por el ajuste
La reducción de fondos también alcanzó programas vinculados con servicios esenciales. Según el relevamiento de la OPC, las transferencias destinadas al Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud cayeron un 36,1% en términos reales.
El impacto fue especialmente fuerte en Buenos Aires, que recibió casi un 60% menos por ese concepto respecto de 2025.
La situación tampoco fue favorable para el sistema educativo. Los recursos destinados al programa Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas disminuyeron un 37,6% real, mientras que las transferencias para el Plan Nacional de Alfabetización retrocedieron un 0,5% interanual.
Los números reflejan que el ajuste no se limita a la asistencia financiera general: también alcanza partidas vinculadas con políticas públicas que dependen de la articulación entre el Estado nacional y las provincias.
Obras hidráulicas: Salta recibió $7.800 millones
En materia de infraestructura hidráulica, las transferencias se concentraron en un grupo limitado de jurisdicciones. Salta recibió $7.800 millones, según el informe citado, mientras que Buenos Aires obtuvo $9.910 millones y Catamarca, $13.103 millones.
También registraron partidas Corrientes, con $4.161 millones; Chaco, con $388 millones; Jujuy, con $5.800 millones; Santa Fe, con $4.222 millones, y Santiago del Estero, con $2.920 millones.
El panorama muestra que, en un contexto de recursos más escasos, las provincias deben afrontar mayores dificultades para sostener obras y programas que requieren financiamiento nacional.
El ajuste federal y la disputa por los recursos
El informe también detalla las transferencias destinadas a cubrir déficits de cajas previsionales provinciales. Entre las jurisdicciones que recibieron fondos figuran La Pampa, con $45.000 millones; Entre Ríos, con $36.000 millones; Córdoba, con $30.000 millones, y Neuquén, con $20.000 millones.
En paralelo, Tucumán fue la única jurisdicción que recibió partidas vinculadas con subsidios eléctricos, por un total de $15.432 millones.
Con una caída real del 49% en las transferencias no automáticas y retrocesos en áreas sensibles como salud y educación, el financiamiento provincial se convierte en otro frente de tensión para la administración de Milei.
La disputa ya no pasa solamente por cuánto gasta el Estado, sino también por cómo distribuye los recursos y qué margen deja a las provincias para sostener sus políticas públicas.
