06/11/2026.- Salta al Instante.- Foto portada: Luis Toto Caputo. Imagen: Mariano Sanchez/NA.
La Cámara Federal porteña hizo lugar al planteo del fiscal Carlos Stornelli y apartó como querellantes a Victoria Tolosa Paz y Ricardo Quintela de la causa por la administración del fideicomiso Sisvial. También dejó sin efecto las medidas de investigación ordenadas por el juez Ariel Lijo, al menos hasta que la resolución quede firme.
El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió un nuevo respaldo judicial en la causa que investiga la presunta malversación de fondos del Sistema Vial Integrado (Sisvial), un fideicomiso destinado específicamente al mantenimiento de rutas.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Yadarola, hicieron lugar al pedido del fiscal federal Carlos Stornelli, quien había solicitado desestimar la denuncia y cuestionado la incorporación de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, como querellantes.
En su resolución, los camaristas revocaron la decisión del juez federal Ariel Lijo que había aceptado a ambos dirigentes como partes de la causa. Además, dejaron sin efecto las medidas de investigación dispuestas el 28 de agosto, al menos hasta que la resolución adquiera firmeza.
La denuncia apuntaba a la presunta colocación masiva en instrumentos financieros de fondos que tenían como destino específico las obras de mantenimiento de rutas nacionales.
La denuncia por los fondos del fideicomiso Sisvial
La investigación comenzó después de una publicación periodística de La Nación, que señaló que durante la gestión de Javier Milei la subejecución de los recursos del fideicomiso había alcanzado el 73,8%.
Según los datos difundidos por el periodista Hugo Alconada Mon, durante 2024 se ejecutó el 11,3% de lo recaudado; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, el 18,5% de los fondos obtenidos.
Los recursos del Sisvial tienen una asignación específica para obras viales y provienen de una parte del Impuesto a los Combustibles Líquidos.
En agosto, el juez Lijo había solicitado informes al Ministerio de Economía sobre la administración del fideicomiso, a Vialidad Nacional sobre distintas obras y rutas, y a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación para conocer si habían realizado controles sobre esos fondos.
Sin embargo, Stornelli cuestionó esas medidas y pidió que la denuncia fuera desestimada.
Los argumentos de Stornelli
El fiscal sostuvo que el Gobierno de Javier Milei había administrado los recursos conforme a las disposiciones del Decreto 976/2001, que estableció la creación del fideicomiso.
En particular, señaló que el artículo 21 habilita al fiduciario, en este caso el Banco Nación, a invertir los fondos en títulos públicos o plazos fijos.
También mencionó un decreto posterior, firmado por Milei en 2025, que autorizó la colocación de los excedentes en instrumentos públicos.
Sobre esa base, Stornelli consideró que no correspondía continuar con la investigación y presentó dos quejas ante la Cámara Federal: una contra la incorporación de Tolosa Paz y Quintela como querellantes y otra contra las medidas ordenadas por Lijo.
Los camaristas hicieron lugar a esos planteos.
Por qué apartaron a Tolosa Paz y Quintela
En su resolución, Bertuzzi y Yadarola consideraron que Victoria Tolosa Paz y Ricardo Quintela no demostraron tener una afectación directa que les permitiera intervenir como particulares damnificados.
La diputada nacional de Unión por la Patria y exministra de Desarrollo Social había argumentado que era usuaria de las rutas nacionales 3 y 5 y que esa condición justificaba su participación en la causa.
Sin embargo, los jueces entendieron que su condición de legisladora y usuaria de determinadas rutas no alcanzaba para demostrar una lesión personal derivada de los hechos denunciados.
Respecto de Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja había sostenido que varias rutas nacionales atraviesan su provincia y que la colocación de los fondos del Sisvial en inversiones podía generar una afectación económica para el distrito.
Los camaristas consideraron que tampoco había demostrado de qué manera las decisiones denunciadas perjudicaban de forma directa, singular y diferenciada a la provincia.
Además, señalaron que el hecho de que las rutas nacionales atraviesen el territorio provincial o que la provincia haya solventado gastos puntuales relacionados con ellas no le otorga automáticamente la condición de particularmente ofendida.
La investigación queda condicionada por la resolución
La decisión de la Cámara representa un revés para quienes impulsaban la investigación sobre el manejo de los recursos destinados a infraestructura vial.
Por ahora, las medidas que había dispuesto el juez Ariel Lijo quedaron sin efecto, al menos hasta que la resolución judicial adquiera firmeza.
El caso gira alrededor de la administración de fondos provenientes del impuesto a los combustibles, cuya finalidad específica es financiar obras viales, y de la facultad del Gobierno para colocar los excedentes del fideicomiso en instrumentos financieros.
